A partir de la detención de Elba Esther Gordillo, hemos podido conocer una pequeña muestra de los recursos que manejaba la cúpula del sindicato de maestros. Como es sabido, la maestra fue detenida por el desvío de más de dos mil 600 millones de pesos, operaciones realizadas únicamente desde el 2008 a la fecha.
Las cifras dan vértigo. En los 12 años de administraciones panistas, la SEP entregó al sindicato cerca de mil 500 millones de pesos en cuotas de los maestros. Además, recibió una serie de recursos “extraordinarios” que a la fecha son incalculables. Algunos ejemplos de lo que se ha hecho público: 80 millones de pesos para organizar un encuentro para padres; 100 millones para financiar viviendas para el magisterio, solamente en 2007; en ese mismo año, otros 80 millones para “cubrir gastos derivados de la promoción, organización, desarrollo y difusión de los eventos del IV Congreso Nacional de Educación y Segundo Encuentro Nacional con Padres de Familia y Maestros”; en 2009, con motivo de la Alianza por la Calidad de la Educación, la SEP entregó 200 millones de pesos para que el sindicato realizara “una campaña de comunicación”.
El SNTE también se convirtió en un privilegiado proveedor de servicios al gobierno: obtuvo importantes contratos –entre otras instituciones– del ISSSTE. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación logró rastrear que durante el año 2010, el gobierno federal erogó tres mil 149 millones de pesos en pagos ilegales, para cubrir los salarios de presuntos maestros comisionados o “apoyos” y transferencias al sindicato de maestros.
Desde hace años es conocido el gran nivel de vida y los lujos de la maestra y de sus cercanos. Los datos aportados por la PGR, únicamente vienen a confirmar lo que era algo notorio. Así pues, todo indica que la estructura sindical estaba construida y pensada exclusivamente para el enriquecimiento de este grupo.
Entonces la pregunta obligada es ¿y en dónde quedan los maestros en todo este sainete? ¿Son las victimas silenciosas de todo este desfalco? La respuesta es sí, pero sólo en parte.
Desde 1992 –cuando se produce la descentralización educativa (y Elba Esther afianza su poder al frente del sindicato)–, los maestros han mejorado de forma radical sus condiciones de vida. Sus salarios han aumentado muy por encima de lo que lo han hecho los ingresos de los trabajadores en el sector privado o incluso que sus pares dentro del gobierno.
Por citar solamente un ejemplo, entre sueldo, prestaciones y demás retribuciones, los trabajadores del sector educativo perciben el equivalente a 500 días de salario al año; destacando los maestros de Aguascalientes (533 días), Nayarit (522), San Luis Potosí o Chihuahua (520). Cabe recordar que el calendario escolar es de 200 días, que, por cierto, no se cumple en ninguna entidad del país.
De tal forma que si bien las victimas del desvío de recursos son los maestros, parece que existe una especie de pacto –ya sea tácito o explícito– que nos recuerda al que imperaba durante el viejo régimen de partido hegemónico: mientras que el sindicato consigue mejorar las condiciones de trabajo y económicas de los maestros, éstos no se meten ni cuestionan lo que hacen sus dirigentes con los recursos que reciben.
Las otras víctimas obviamente somos todos los mexicanos, que pagamos el precio de este “arreglo” por partida doble: por el mal uso de los recursos públicos –que son de todos– así como por el deplorable estado de nuestro sistema educativo: la mitad de los estudiantes de 15 años son incapaces de comprender un texto o resolver un problema matemático básico; y que de cada cien niños que ingresan a primaria, egresan sólo 64, de bachillerato se gradúan 24 y únicamente 10 obtienen un título universitario.
Se dio el primer paso, ahora hay que exigir que no se deje de avanzar. De ello depende el futuro de nuestros hijos y del país en su conjunto.
Twitter: @jose_carbonell
http://josecarbonell.wordpress.com
