La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó pendiente el fallo sobre un proyecto de dictamen el cual obliga a la Procuraduría General de la República a reconocer como víctimas directas a familiares de personas asesinadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. De aprobarse, los deudos tendrán acceso a los expedientes y el derecho a la verdad; y con ello se podría poner fin a las trabas e irregularidades que las instituciones mexicanas han cometido durante al menos cinco años.
Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– En febrero de 2013, la Cancillería de la República de El Salvador le notificó a Bertila Parada, madre de Carlos Alberto Osorio Parada, que el cuerpo de su hijo desaparecido había sido hallado en una fosa clandestina de San Fernando, Tamaulipas, y que debía firmar unos documentos para que las autoridades mexicanas le devolvieran los restos, ahora incinerados.
En ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Marisela Morales Ibáñez, incineró al menos ocho restos de los cadáveres enterrados en fosas clandestinas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, de acuerdo con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
A pesar que los mismos restos representaban una evidencia de la llamada “segunda masacre de San Fernando” –un asesinato masivo de por lo menos 193 personas, atribuido al Cártel de Los Zetas, cuyos cuerpos fueron encontrados en abril de 2011 en fosas clandestinas–, la PGR los incineró argumentando “razones sanitarias”.
Eso mismo quizo hacer con el cuerpo de Carlos Alberto Osorio. Sin embargo, Bertila Parada, acompañada por la fundación, interpuso un amparo ante un tribunal federal para impedir dicha acción, y solicitó medidas cautelares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los restos que la PGR mandó al crematorio, acusó la fundación, eran en su mayoría de migrantes guatemaltecos. Las cenizas fueron entregadas a los deudos, en cajas de cartón, sin documentos, sin expedientes y sin ninguna explicación.
Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de Fundación para la Justicia, comentó que las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas. Y agregó: “Querían borrar la evidencia”.
“En los casos que investigamos en Guatemala, a los familiares les cambió la vida. Sólo recibieron cenizas, en cajas, sin documentación, sin dictámenes. Y entonces se preguntaban ¿cómo me demuestras que es mi hijo? Y no podían saber nada”, detalló Delgadillo.
La defensora de derechos humanos informó que ya en 2013, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam llamó a no incinerar más restos; sin embargo, los 193 cuerpos encontrados en San Fernando fueron divididos para su custodia, pues sobrepasó las posibilidades de guarda en las heladeras. Así que un grupo se quedó en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas y otro a disposición de la PGR.
El llamado a no quemar los cuerpos sólo aplicaba para la institución que presidía Murillo, pero no la estatal, pues era diferente jurisdicción.
“MI HIJO VOLVIÓ A DESAPARECER DESPUÉS DE MUERTO”
Ante la división de la custodia, Bertila Parada no supo dónde quedó el cuerpo de su hijo. Pero tampoco encontró ayuda por parte de las autoridades mexicanas: la Procuraduría General de la República negó tener información del caso y no le reconoció sus derechos como víctima: tener representantes legales, ejercer la coadyuvancia, tener copias del expediente, nombrar peritos independientes para que pudieran verificar la identificación.
“Para mi fue como si mi hijo volviera a desaparecer, después de muerto”, dijo la señora Bertila, quien denunció además que las autoridades mexicanas le han puesto trabas.
“El caso de Carlos Alberto se trata de una doble desaparición. La primera cuando el joven salió de El Salvador, y la segunda cuando las autoridades no aclararon dónde estaba”, agregó Ana Lorena Delgadillo.
Carlos Alberto salió de San Salvador el 17 de marzo de 2011 con rumbo a Estados Unidos. El último contacto que tuvo con sus familiares fue el 26 del mismo mes cuando les dijo que se encontraba en Monterrey, ya más cerca de Estados Unidos. La familia denunció el caso ante la Cancillería de El Salvador que, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás integrantes del Banco de Información Forense de El Salvador, tomaron muestras de ADN que luego fueron entregadas a México.
En diciembre de 2012, Bertila Parada recibió un llamado por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador,; le dijeron que habían sido identificados los restos de su hijo entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. Por esa razón pidió los documentos que acreditaran la identificación, pero no volvió a tener noticias. A la fecha sigue luchando, ahora desde la trinchera legal para saber dónde quedó su hijo Carlos Alberto.
MÁS TRABAS
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el fallo sobre un amparo promovido por dos familiares de migrantes y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho relativo a las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en las cuales se encontraron 193 cuerpos en 2011.
La SCJN decidirá sobre el amparo promovido por la señora Bertila. El proyecto de dictamen del Ministro Jorge Pardo Rebolledo establece que la PGR debe reconocer como víctimas directas a familiares de las personas masacradas en San Fernando –la madre y hermana de dos salvadoreños–. Con ello se le brindará el derecho a tener copias íntegras del expediente, derecho a la verdad y el acceso a la información, entre otros.
La Fundación para la Justicia informó que si la SCJN falla a favor, servirá como antecedente para otros casos y existan avances. No obstante, detalló que en el documento se olvida que las víctimas son migrantes y que los familiares están lejos, no se analiza el contexto de las masacres (secuestros, narcotráfico, violencia, entre otros), no clasifica los hechos como graves violaciones a los derechos humanos, o busca dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el estado, omite las fallas de servicios periciales, y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocimidos, como el protocolo de Minnesota.
“Las y los ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN tienen la oportunidad de complementar el proyecto presentado por el Ministro Pardo Rebolledo. Es una oportunidad para que desde el poder judicial se reconozca la extrema vulnerabilidad que enfrenta la población migrante en su tránsito por México; de reconocer, como lo ha dicho la Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana durante su visita a México, que esta población, enfrenta una crisis humanitaria que debe ser investigada con seriedad y cuyas víctimas deben ser protegidas bajo los estándares más amplios”, informó la organización.
