Desde Nuevo León hasta Veracruz, los poderes judiciales estatales están plagados de irregularidades en el gasto de dinero público y nombramientos que alzan cuestionamientos sobre la independencia de jueces y magistrados con respecto a los gobiernos en turno.
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La semana anterior, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, reveló un documento en su reclamo por posiciones en Coahuila, en el cual mostraba cómo negoció con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, incluso lugares en el Poder Judicial, un caso que ejemplifica cómo los tribunales locales son botín político para los partidos.
“No podemos rechazar que los políticos tienen muchos incentivos [para que las asignaciones del Poder Judicial sean utilizadas como botín político], pero efectivamente, es botín, tienes más plazas, más barajas con qué jugar“, expuso el doctor José Antonio Caballero Juárez, experto en Derecho. “Ciertamente, los incentivos de designación ahí están”.
En el documento exhibido por el dirigente del albiazul se detallaba que se puso sobre la mesa de negociación entre ambos partidos cargos en notarías, direcciones de planteles educativos, y hasta la “ratificación de Bernardo con Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.
“El documento de Marko Cortés, donde está discutiendo la designación de un magistrado, esa anécdota te desvela en muy buena medida, también, como la política no se toma en serio eso, y parece no tener costos, tampoco, por andar manipulando designaciones para los tribunales”, remarcó el investigador.
“Esto [injerencia en las asignaciones] me parece bastante torpe de los políticos, y muy corto-placista, porque es en beneficio de todo el mundo tener jueces imparciales, porque tú nunca sabes cuándo va a cambiar la marea y vas a necesitar después un juez imparcial”, consideró Caballero Juárez.
Aún otra muestra de la injerencia de los partidos en los poderes judiciales se dio en Aguascalientes, donde rige el PAN con la Gobernadora Teresa Jiménez, en la mayoría de los municipios y con una mayoría en el Congreso local. En junio del año pasado, se aprobó una reforma constitucional que modificó el número de magistrados del Supremo Tribunal estatal de siete a 11, pero uno de los puntos transitorios de dicho decreto consideró que en esta ocasión, sería la misma jefa del Ejecutivo quien generara las ternas para llenar el resto de las vacantes y el Congreso quien hiciera las designaciones. Es decir, el panismo determinaría la integración del Poder Judicial.
Otro ejemplo es cuando, en medio de las campañas presidenciales de 2024, José Arturo Salinas formó parte del debate público al ser nombrado Gobernador interino de Nuevo León para que Samuel García Sepúlveda buscara la Presidencia por Movimiento Ciudadano. Y aunque fue removido y García retomó su cargo, ahora Salinas –que también ha sido Diputado federal del PAN– ha regresado al Poder Judicial estatal.
“Ahora bien, creo que en algunos poderes judiciales no sólo las designaciones han sido problemáticas, sino empieza a haber ya cierta influencia de decisiones judiciales en cuestiones que pintan a todas luces irregulares. Los juicios que tiene la Ministra [Yasmín] Esquivel, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México son muy problemáticos, por decir lo menos, y decisiones de jueces locales que no necesariamente se están ajustando a los criterios que las partes estaban esperando. Siempre ha habido la sensación de que existe corrupción en algunos segmentos de la justicia, pero pareciera que estos cuestionamientos empiezan a ser más frecuentes ahora”, remarcó el académico.
Ciertamente, la corrupción en los poderes judiciales estatales es una preocupación grave en la sociedad mexicana, como demuestran encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o asociaciones civiles como Impunidad Cero. En 2021, el dato más reciente para la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Inegi reportaba que el 67.6 por ciento de la población mexicana mayor a 18 años consideraba que ocurrían prácticas de corrupción “de manera muy frecuente y frecuente” entre jueces y magistrados.
Igualmente, 6.2 por ciento de la población privada de su libertad había sido víctima de algún acto de corrupción en el proceso de juzgado. Los estados con mayor porcentaje de víctimas en esta etapa de su proceso penal fueron Ciudad de México (11.1), Guerrero (10.4), Tlaxcala (8.6), Hidalgo (8.0) y Tabasco (7.8).
Impunidad Cero, en su publicación “Percepciones de Impunidad 2023” develó que, al preguntar a sus encuestados “¿De las siguientes, cuáles considera que son las principales causas de la impunidad?”, el 11 por ciento contestó “Los jueces liberan a los delincuentes”; el 10 por ciento dijo “La ciudadanía no confía en las instituciones”; y el 31 por ciento una mezcla de varias razones, entre ellas las antes citadas.
Y no es sólo en Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila donde se han alzado cuestionamientos sobre la independencia de los integrantes del Poder Judicial, sino también en Puebla, donde el exgobernador de Morena, Miguel Barbosa Huerta, fallecido en 2022, impulsó la designación de Carlos Palafox Galeana, su asesor jurídico, como Magistrado del estado –y posteriormente Presidente del Consejo de la Judicatura– en 2022. Un año después, el abogado renunció a la presidencia de dicho órgano en medio de señalamientos de gastos excesivos durante su administración.
En Querétaro, la hermana de Santiago Nieto Castillo –quien hoy aspira a una Senaduría por Morena–, Gabriela Nieto Castillo, es Magistrada del Poder Judicial en su Segunda Sala Civil, pero presidió el Tribunal Electoral local en tres periodos electorales: 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019. Y en su Consejo de la Judicatura se encuentra el Juez Edgardo Saúl Contreras Arias quien, indicó Tribuna de Querétaro, fue responsable de mantener retenidos en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto a activistas indígenas de Santiago Mexquititlán que fueron encarcelados en 2015 al haber sido acusados de despojo calificado.
E incluso, Celia Maya García, quien ha sido tres veces candidata a la gubernatura de Querétaro –dos de ellas por Morena y la más reciente en 2021 cuando perdió contra el panista Mauricio Kuri González– fungió como Magistrada en el Poder Judicial local a partir de 1985 y hasta 2019.
En Baja California Sur, Abigail Jiménez Montalvo, quien actualmente funge como de la Segunda Sala Unitaria en materia Penal, llegó al cargo en 2021 tras ser primero propuesta por el Gobernador morenista Víctor Castro Cosío y luego electa por el Congreso, con una mayoría de Morena.
A inicios del año en curso, la ratificación como Magistrada del Tribunal local de Perla Karina Castro Farías, quien sería cuñada del expriista Raúl Pozos Lanz, quien ahora es morenista; y que además ha hecho promoción de morenistas en las publicaciones que comparte a través de sus redes sociales.
Además, Arturo Nahle García, hermano de la exsecretaria de Energía federal y actual precandidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, ostenta el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Anteriormente, el expriista y experredista fue colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, al desempeñarse como subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y fue Secretario de Gobierno en Hidalgo durante el mandato de Jesús Murillo Karam.
En Baja California, la Barra de Juristas de Mexicali aseguró que el Diputado local morenista Juan Manuel Molina García buscaba imponer aspirantes para la selección de integrantes del Consejo de la Judicatura estatal, con la intención de posicionar a sus conocidos en posiciones importantes, como documentó el semanario Zeta, entre ellos Francisco Javier Tenorio Andújar, representante suplente de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y miembro del Congreso del Estado.
Por otro lado, el Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco pidió en el 2021 auditar el trabajo de Gabhdiel Iván Novia Cruz, Claudia Esperanza Rivera Maytorena, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, y Jesús Becerra Ramírez, todos ellos integrantes del Consejo de la Judicatura local, por manejarse “a modo de intereses particulares” y les acusó de cometer actos de corrupción.
LOS DEUDORES
Además de nombramientos que cuestionan la independencia, los poderes judiciales de 14 entidades federativas tienen, al día de hoy, cuentas pendientes frente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de mil 585 millones de pesos. Se trata de Ciudad de México, Baja California, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Tlaxcala dejó sin saldar en la Cuenta Pública de 2021 un monto de 68 millones 325 mil 952.56 pesos, los cuales correspondieron a la ampliación durante el ejercicio fiscal de la asignación de servicios personales aprobada originalmente en su Presupuesto de Egresos.
En ese mismo año, el Poder Judicial del Estado de Guerrero no aclaró 54 millones 442 mil 920 pesos, cuyo destino y aplicación no se pudieron determinar, de acuerdo con la Auditoría. Lo mismo sucedió en Baja California, donde quedaron pendientes de aclarar 16 millones 745 mil 447.77 pesos excedentes del presupuesto designado para servicios personales.
Por su parte, el Poder Judicial de Nuevo León sumó un total de 316 millones 401 mil 157.35 de pesos en observaciones debido a que no proporcionó la documentación necesaria para justificar el origen destino y aplicación de los recursos adicionales a los considerados en el Presupuesto de Egresos, así como por exceder el monto asignado a servicios personales.
En Estado de México, el Poder Judicial no asignó recursos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pero al cierre del ejercicio fiscal 2021 se realizaron pagos por dicho concepto por 80 millones 420 mil 861.41 pesos, los cuales no pudo justificar con documentación.
Otros poderes Judiciales que excedieron el monto destinado a servicios personales en 2021 fue Tabasco, donde quedaron pendientes de aclarar 36 millones 657 mil 011 pesos; Veracruz, con un saldo sin aclarar de 349 millones 117 mil 212; y Durango con 31 millones 745 mil 370.10 pesos en irregularidades.
Y un año antes, fue Zacatecas quien irregularmente ejerció 42 millones 260 mil 466 pesos; así como Oaxaca rebasó el límite máximo permitido para recursos para servicios personales, por lo que dejó pendientes de aclarar 8 millones 954 mil 661.44 pesos; al igual que Colima con 12 millones 062 mil 416 pesos en excedente; Nayarit con 21 millones 409 mil 358.86 pesos, Quintana Roo con 8 millones 069 mil 099.91; y en la Ciudad de México en 2019 se produjo un excedente en este mismo rubro de “Servicios personales” por 806 millones 399 mil 606.15 pesos.
