Por muchos años, los estudiosos de la economía han discutido y comparado las virtudes de las propuestas de Friedrich Hayek y John Maynard Keynes sobre la forma en que la intervención del Estado en la economía promueve el desarrollo y el bienestar general. La idea del “orden creado” (taxis) en contraposición al “orden espontáneo” (kosmos) ha llevado a que los gobiernos del mundo apliquen diversas políticas económicas en función de la noción que tienen del papel del ente público como principal agente económico. Ya desde el último cuarto del siglo XX se ha entendido que una amalgama de hayekianismo y keynesianismo es necesaria para que las fuerzas del mercado liberen todo su potencial, al tiempo que los gobiernos introducen políticas fiscales e instrumentos monetarios que permiten el crecimiento económico.

El dilema del desarrollo consiste en discernir cuál es la mejor combinación de estos modelos en determinados momentos históricos.

En ocasiones el Estado debe dejar que las fuerzas del mercado se desplieguen libremente, pues hay que privilegiar el orden espontáneo. Esto así porque en una situación no extraordinaria la economía de mercado debe tener clara preeminencia sobre la intervención pública.

A veces, sin embargo, se necesita que el Estado intervenga en mayor grado. Esta circunstancia es determinante, sobre todo, cuando una sociedad padece desastres naturales u otras situaciones graves que afectan su evolución normal. El ejemplo más conocido es el de la posguerra después de 1945, con Roosevelt en Estados Unidos y la socialdemocracia en Europa.

Desafortunadamente, los gobiernos y sus líderes no siempre saben identificar las características que marcan una época, de tal manera que la mezcla de keynesianismo y hayekianismo no responde a la situación económica y social imperante.

Recientemente, varias sociedades democráticas y liberales como Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda determinaron que sus gobiernos deberían intervenir con el fin de paliar los efectos destructivos de la pandemia de la COVID-19.

Esta decisión se tomó sabiendo que los estímulos que se adoptasen para los privados, requerían aumentar el gasto público y, en muchos casos, contraer deuda para ayudar a sectores vulnerables de la población o tractores de la reactivación económica.

En el caso de los Estados Unidos de América, los trillones de dólares en estímulos que se otorgaron por el Gobierno federal, ayudaron a millones de familias a obtener un mínimo de liquidez que les permitió mantener solvencia económica. Las dos primeras rondas de estímulos a la ciudadanía permitieron sacar a 11.7 millones de personas de la pobreza y ayudaron a que más de 2.7 trillones de dólares fueran ahorrados por familias e individuos, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Aunque esto ha acarreado mayores niveles de inflación en la economía norteamericana, se estima que, con el aumento de los salarios, el beneficio para millones de trabajadores estadounidenses será enorme.

Lo mismo ha ocurrido, en distinto grado, en la Unión Europea, Japón, Australia o Nueva Zelanda. En estas sociedades se logró construir un gran consenso de que las horas aciagas que se estaban viviendo, llamaban a una solución de inspiración keynesiana.

En el caso mexicano ocurrió lo contrario. Apartándose por completo de las prácticas internaciones ante el infortunio, contra toda racionalidad económica y abandonando un mínimo sentido de responsabilidad social, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una política de corte hayekiano, insensible y de abandono.

Mantuvo, contra viento y marea, su política de austeridad draconiana. De muy poco sirvieron las sugerencias de organismos internacionales y especialistas de todo el orbe. Antes de que incluso comenzarán los casos masivos de contagio y con el apoyo de las mentes más ilustradas, la representación empresarial sugirió una serie de medidas para que el presupuesto público se acrecentara, se destinasen recursos conservar los trabajos apuntalando a las empresas pequeñas y medianas más expuestas a desemplear personal e incluso desaparecer. Nada de esto fue tomado en cuenta por el régimen morenista.

Como resultado, el Gobierno federal de México fue uno de los que menos recursos, como porcentaje del PIB, canalizó a disminuir los efectos económicos y de salud pública ocasionados por la pandemia.

El hayekianismo a ultranza del Presidente de la República, que frente a un evento de proporciones épicas como lo es la pandemia, podría calificarse de fundamentalista, llevó a la pobreza al menos a cuatro millones de individuos en nuestro país. Todas estas personas estarán en una situación de desesperación en un país en el que la inversión ha disminuido y la tasa de inflación continúa creciendo.

Pero incluso estos datos palidecen frente al número de muertes causadas por la política de austeridad exacerbada. A la fecha se calcula, de manera oficial, que más de 300 mil personas han fallecido de COVID-19, aunque extraoficialmente se calcula que más de 600 mil personas han muerto. En términos per cápita esta cifra es una de las más altas en todo el orbe. Se trata de una gran tragedia que ha causado un dolor enorme a millones de personas. Estoy convencido de que incluso gobernantes tan ortodoxos en sus políticas económicas, como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, habrían abandonado transitoriamente la austeridad que tanto veneraron, para enfrentar la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en el último siglo. La política austericida, en esta circunstancia inusual y atípica, parece incluso inhumana.

El recuento preciso del daño a la sociedad mexicana, debido a la indolencia de sus gobernantes, esta todavía por hacerse.

Lo que ha quedado claro a partir de la experiencia dolorosa marcada por la indolencia pública, es que nuestro país necesita un nuevo pacto social, para asegurarse de que en los años por venir, con pandemia o sin ella, las acciones de los gobernantes se encaminen a la construcción del México Ganador que todos y todas queremos.

Gustavo de Hoyos Walther

https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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