Desde la muerte de Marisela, el resto de la familia ha tenido que exiliarse y organismos como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) luchan para que la voz de Marisela y de Rubí todavía puedan escucharse.
México, 17 de diciembre (EFE).- Un día después del décimo aniversario de su muerte, el caso de la madre de una víctima de feminicidio y activista, Marisela Escobedo, será reabierto por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en el norte de México.
El Gobernador del estado, Javier Corral, anunció este jueves que se retomará la investigación del caso, difundido en un reciente documental de Netflix, «a fin de profundizar en las líneas de investigación que algunos familiares han señalado», de acuerdo con un comunicado.
Corral definió a Marisela como «una madre que se convirtió en activista social para reclamar justicia en el caso de su hija Rubí, que había sido asesinada dos años antes, en el 2008» y se comprometió, junto al fiscal César Peniche, a esclarecer todos los puntos controversiales del caso.
«Aquí está la respuesta de la Fiscalía General del Estado, vamos a reaccionar así para que nos demos todos la oportunidad realmente de cerrar el caso con justicia completa, que no quede nada pendiente en términos de alguna línea de investigación por parte de familiares o por quienes estuvieron llevando la defensa y el caso de Marisela», dijo.
El mandatario estatal contó en conferencia de prensa haber visto el documental de Netflix lanzado hace unos meses, «Las tres muertes de Marisela Escobedo», en el que aparece el fiscal general del Estado, Peniche.
El 16 de diciembre de 2010, tras recibir un balazo en la cabeza, el cuerpo de Marisela Escobedo cayó inerte frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua después de dos años de activismo y lucha ante el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre, asesinada en 2008 por su entonces pareja, Sergio Rafael Barraza.
Fue entonces cuando Escobedo inició su carrera de fondo para lograr justicia llegando a un trágico desenlace por haber tenido que tomar las investigaciones por su cuenta ante el caso omiso de las autoridades.
Tras un juicio oral en el que se declaró inocente a Barraza, Marisela dejó su trabajo e inició una ardua labor para llevarlo a juicio de nuevo, pero los gobernadores del estado José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) y César Duarte (2010-2016) le dieron largas en todo momento.
Dos años después de su asesinato, en octubre de 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvo a José Enrique Jiménez Zavala, un líder pandillero, y lo presentó como asesino de Marisela, algo con lo que la familia nunca concordó y señaló al hermano de Barraza como autor.
Finalmente, tanto Jiménez como Barraza murieron, uno en su celda asesinado por otro reo y el otro en un enfrentamiento con el Ejército Nacional.
Desde la muerte de Marisela, el resto de la familia ha tenido que exiliarse y organismos como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) luchan para que la voz de Marisela y de Rubí todavía puedan escucharse.
El caso ha cobrado relevancia en un país en el que asesinan a más de 10 mujeres al día, con un registro anual de más de mil feminicidios, asesinatos tipificados por violencia machista o de género.
