El 26 de septiembre de hace cinco años, policías locales capturaron a los estudiantes en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y supuestamente los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la versión oficial del gobierno de entonces, el de Enrique Peña Nieto, los jóvenes fueron llevados a un basurero, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió formalmente a México el regreso del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 porque considera que con el actual mecanismo de colaboración entre esta entidad y el Gobierno de México no hay resultados.
Según indicó la CIDH el martes en un comunicado, esta solicitud es fruto de una petición de las familias de los desaparecidos y se debe a que los resultados para saber el destino de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa “han sido infructuosos” y persisten “desafíos en la investigación”, como la falta de detenciones o la liberación de personas presuntamente vinculadas.
La CIDH sigue dando asistencia técnica al Gobierno de México y colabora con la Comisión de la Verdad instalada a principio de año por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero su presencia es escasa. Por eso, dice que el impulso internacional que necesita el caso “solo puede hacerse efectivo a través de la reinstalación del GIEI”, es decir, del regreso físico del grupo de expertos para que investiguen sobre el terreno sin cortapisas.
El 26 de septiembre de hace cinco años, policías locales capturaron a los estudiantes en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y supuestamente los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la versión oficial del gobierno de entonces, el de Enrique Peña Nieto, los jóvenes fueron llevados a un basurero, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
Sin embargo, gracias al año y medio de investigación sobre el terreno de los expertos internacionales, el GIEI echó por tierra esta versión sin sustento científico y denunció la obstrucción a la justicia de diversas autoridades, así como el presunto uso de tortura para lograr confesiones.
Con la llegada al poder de López Obrador hace un año, el llamado caso Ayotzinapa tomó un nuevo rumbo marcado por la confianza que los padres de los desaparecidos depositaron en el nuevo Gobierno. Pero los resultados siguen sin llegar y los errores procesales de la que se llegó a considerar la investigación más grande de la historia reciente de México –y que la propia justicia mexicana ordenó repetir por irregularidades– hicieron que más de 70 de los 143 detenidos vinculados con el caso estén en libertad, incluidos los principales sospechosos.
