García Luna regresó hoy a un tribunal federal de Texas con el reclamo de la Fiscalía de que se le mantenga detenido sin fianza bajo el riesgo de fuga y que sea juzgado en Nueva York, a lo que el juez accedió en una vista exprés de menos de diez minutos, y en la que el propio García Luna accedió a ser trasladado.
Dallas/Nueva York, 17 dic (EFE).- El juez federal de Dallas David Horan ordenó este martes que el ex Secretario de Seguridad de México Genaro García Luna se mantenga en prisión sin fianza y sea trasladado a Nueva York para que se encarguen de su caso en el distrito Este de Manhattan, donde se juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
García Luna regresó hoy a un tribunal federal de Texas con el reclamo de la Fiscalía de que se le mantenga detenido sin fianza bajo el riesgo de fuga y que sea juzgado en Nueva York, a lo que el juez accedió en una vista exprés de menos de diez minutos, y en la que el propio García Luna accedió a ser trasladado.
El Gobierno acusa a García Luna de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, que entonces dirigía el narcotraficante convicto Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mientras era el encargado de seguridad nacional en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, lo que habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.
El mexicano García Luna compareció ante la corte de Dallas vestido con el mono naranja de convicto, esposado de pies y manos y, en español, ante el juez, dijo que admitía ser trasladado a una prisión de Nueva York para seguir su proceso, desistiendo así de un reclamo por extradición a otro estado del país.
El juez David Horan le preguntó directamente a García Luna si tenía alguna objeción en ir a Nueva York y el mexicano dijo que no -incluso le dijo “muchas gracias”-, un traslado del que se desconoce por el momento la fecha exacta pero que parece que será inminente.
En una vista de sólo diez minutos y con traductor, García Luna, residente hasta ahora en Florida, pudo ver a su esposa y dos hijos antes de salir de la sala acompañado de los Marshalls.
Antes de la vista, la Fiscalía para el distrito Este de Nueva York, que reclamaba la jurisdicción del caso y que juzgó al Chapo, justificó su reclamo en que varios altos ex miembros del Cártel de Sinaloa proveyeron información sobre los sobornos pagados al acusado.
En específico recuerda que, durante el juicio a Guzmán Loera, Jesús “El Rey” Zambada, uno de los exlíderes del Cártel y hermano del su actual líder “El Mayo” Zambada, testificó sobre el multimillonario soborno que ambos pagaron al acusado para facilitar las operaciones del tráfico de droga de ese grupo a mediados de la década del 2000.
La Fiscalía federal recuerda además que documentos obtenidos del registro financiero de García Luna reflejaron que al radicarse en el 2012 en EU había amasado una fortuna de millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, la evidencia que han presentado contra el acusado es sólida, incluyendo el testimonio de testigos cooperantes sobre los sobornos del Cártel corroborado por los registros sobre el estado financiero.
“Debido a la considerable condena que el acusado enfrenta, tiene un fuerte incentivo para huir” a México, con el que continúa teniendo vínculos dice la Fiscalía, que argumenta que el acusado viajó a su país hasta 30 veces en los últimos cinco años.
En total, desde 2002 ha ido a México en 280 ocasiones y la Fiscalía asegura que la fortuna que ha acumulado de los presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa le facilitarían huir a su país y mantenerse escondido con el apoyo de ese grupo y de otros ex oficiales corruptos del Gobierno mexicano.
Aunque EU y México tienen acuerdos de extradición, la Fiscalía asegura que sería “extremadamente difícil” arrestarlo en ese país si el Cártel y esos exfuncionarios le protegen, y de ser arrestado, agrega la Fiscalía, tomaría mucho tiempo la extradición.
“Aunque no tiene un pasado criminal, la historia personal del acusado y sus características exigen su detención y demuestra que es un riesgo de fuga significativo”, sostenía la Fiscalía en su reclamo inicial al tribunal, en el que además se oponía a que permaneciese en arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.
