El INAI otorgó a la PGR un plazo de 10 días para abrir datos relacionados con el caso Tlatlaya, que dejó de 12 a 15 personas asesinadas arbitrariamente en junio de 2014. El comisionado Salas Suárez argumentó que la información sobre el caso no debe reservarse porque está relacionada con “violaciones graves a los derechos humanos”.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) transparentar la versión pública de la averiguación previa y del expediente de seguimiento de cumplimiento a la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el caso Tlatlaya.
De acuerdo con información publicada en medios nacionales, el INAI otorgó a la PGR un plazo de 10 días para revelar dicha información. El comisionado Joel Salas Suárez expuso el caso del recurso de revisión RRA 7326/18, donde se apela porque la PGR respondió a una persona que le entregaría la versión pública de la averiguación previa y el expediente de seguimiento a la recomendación de la CNDH, pero sin algunos datos.
El INAI informó que también se le pidió a la PGR las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con acontecimientos ocurridos en Tlatlaya, pero la dependencia contestó que la información era reservada.
#SesiónenvivoINAI Pidieron a la @PGR_mx las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con acontecimientos ocurridos en #Tlatlaya el 30 de junio de 2014. El sujeto obligado contestó que la información era reservada.
— INAI (@INAImexico) 17 de diciembre de 2018
Entre lo que la PGR determinó reservar está la información de personal de la PGR, así como datos de las investigaciones de diversas unidades administrativas.
Salas Suárez argumentó que la información sobre el caso no debe reservarse porque está relacionada con “violaciones graves a los derechos humanos”.
Por ello, el INAI aprobó la entrega de la versión pública de la averiguación previa SEIDO-UEICA-174bis/14, así como el expediente de seguimiento de cumplimiento de la recomendación de la CNDH.
“Únicamente se podrán testar diversos datos personales, nombre y firma correspondiente a testigos, víctimas ofendidos, imputados, asesores jurídicos y peritos”, señaló Salas Suárez.
El comisionado recordó que la CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las las 22 víctimas mortales del 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad San Pedro Limón, fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos del Ejército.
Esta no es la primera orden que pesa sobre la PGR relacionada con el caso Tlatlaya, en agosto pasado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que la PGR deberá reabrir la investigación ante la ausencia de una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva.
El grupo civil informó este día que el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal resolvió la reapertura del caso ante el recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González y ordenó a la dependencia federal realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
El caso Tlatlaya fue el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional e internacional debido a que muestra la constante de la justicia en México: la impunidad. En este caso se trata de una posible ejecución extrajudicial cometida por elementos del Ejército mexicano en medio de la llamada guerra contra el narcotráfico.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la CNDH echaron por tierra esa versión.
