“¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué venga y termine conmigo?

Pues que termine conmigo pero aquí enfrente -del Palacio de Gobierno- a ver si les da vergüenza”

Marisela Escobedo sobre las amenazas de Sergio Barraza, el asesino de su hija Rubí.

Cumplimos tres años sin Marisela Escobedo, quién trágicamente, ejemplificó la devastación familiar que sufren cientos de miles de personas por la violencia en México. Marisela trabajaba para darles a sus hijos un futuro en Ciudad Juárez cuando fue arrojada al activismo tras el asesinato de su hija Rubí Frayre, de 16 años, perpetrado por Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

De madres y padres en busca de justicia se ha llenado este país, dice mi amiga Carolina Platt. Con una convicción de hierro, Marisela puso en jaque a la procuración y administración de justicia en Chihuahua. Además de encontrar al asesino de su hija, puso en evidencia la corrupción y negligencia criminal de jueces y del gobierno. Llevó su lucha a todo México y buscando justicia para Rubí, encontró la muerte frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua a la vista de todo el país. Fue una madre amorosa y una mexicana ejemplar.

Tras su asesinato y el del hermano de su pareja sentimental, Manuel Monge, el hijo de Marisela y su pequeña nieta recibieron asilo en Estado Unidos.  Ángel Gabriel Valles Maciel -quien diera a Marisela pistas sobre Barraza Bocanegra- también fue asesinado junto a su madre, su padre y un hermano. Con excepción del homicidio de Rubí, la estela de muerte pudo ser detenida por las autoridades.  La corrupción gubernamental y sus aliados en el crimen organizado se ensañan con quienes demandan justicia. Como en el caso de la familia Reyes Salazar o el de Nepomuceno Moreno, la familia que formó Marisela Escobedo simplemente fue devastada.

Todo este tiempo, las autoridades federales y estatales se han dedicado a mentir y a evadir su responsabilidad. Felipe Calderón “lamentó” el asesinato de Marisela cuando en Los Pinos nunca la recibió. El gobierno de César Duarte, además de criminalizar y culpar a Marisela por su propia muerte, siempre ha buscado cerrar el caso antes que investigarlo. Días después del asesinato, el Fiscal Carlos Manuel Salas declaró públicamente a Sergio Rafael como el asesino. El 15 de diciembre de 2011, Carlos González, entonces vocero de la Fiscalía, señaló a Héctor Manuel Flores Morán alías “El Payaso” como el autor material del feminicidio.

Finalmente, el 9 de octubre de 2012, González Estrada salió a medios para decir que el asesino era en realidad José Enrique Jiménez Zavala “El Wicked”, quien fuera detenido por la masacre de 15 personas (entre ellas dos periodistas) en el Bar Colorado en Chihuahua.

César Duarte anunció el 24 de noviembre de 2012 que el caso de Marisela Escobedo y Rubí Frayre “estaban cerrados”, tras el supuesto asesinato de Barraza en un enfrentamiento con militares en Zacatecas. La sentencia a prisión vitalicia llegó a Jiménez Zavala hasta febrero de 2013.  Ojalá todo fuera como decir “caso cerrado” pero no es así.

No sabemos si Jiménez Zavala admitió el homicidio de Marisela: un homicidio adicional no le representaba diferencia para su proceso legal. Como bien dice la gran defensora de derechos humanos Lucha Castro, “no exculpamos a nadie” pero la Fiscalía ha sido errática y negligente. A tres años de la muerte de Marisela no se ha realizado una investigación seria sobre los responsables. Lo que repite Lucha una y otra vez es cierto: en un estado democrático ya estarían siendo procesados los asesinos, y quienes desde el gobierno, han propiciado la negligencia criminal.

El pasado 28 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador César Duarte. Es un expediente que –paradójicamente- la misma Marisela inició en septiembre de 2010. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres la reivindica en lo fundamental. El texto documenta paso a paso las negligencias y arriba a las siguientes conclusiones: 1) Documentó la falta de interés y colaboración de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con la CNDH; 2) La omisión del Ministerio Público de brindar protección y seguridad derivó en violaciones a los derechos humanos; 3) No existió la debida procuración de justicia en la investigación abierta por el homicidio de la defensora.

Lapidariamente, en el texto de la CNDH se puede leer que “el propio sistema al que acudieron a pedir justicia, es el que agravó su situación… La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos en los términos del artículo primero de la Constitución”. Establece además que, con los elementos de prueba que constaban en la indagatoria, no era posible establecer una comparativa positiva entre el imputado José Enrique Jiménez Zavala “El Wicked” y el homicida que aparece en las imágenes de una videograbación del homicidio de Marisela Escobedo.

En suma, la CNDH considera que los Ministerios Públicos -tanto el que tuvo conocimiento de las amenazas como los dos encargados de la investigación del homicidio- “incumplieron con la obligación de practicar y ordenar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos constitutivos del delito penal y demostrar la probable responsabilidad.”  Las  omisiones en la integración de las carpetas de investigación que atañen el caso concreto, “constituyen una seria limitación al derecho a conocer la verdad que merece ser reparado.”

Recomienda que el gobernador interponga denuncia penal contra los servidores públicos que eventualmente incurrieron en delitos, que el gobierno de Chihuahua ofrezca un una disculpa institucional a los familiares, implicando el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de la Fiscalía; dándose a conocer las medidas y garantías de no repetición de actos como los que dieron origen a la queja ante CNDH. Que se realicen todas las acciones necesarias para integrar debidamente la indagatoria del homicidio y que facilite toda atención integral a los familiares de Marisela, tomando acciones estructurales para la atención de las víctimas en el Estado de Chihuahua. Duarte aceptó la Recomendación pero no ha iniciado su cumplimiento.

La vez que vi a Marisela me impuso su determinación. Con un valor que nunca tendré, escuché: “no me voy detener hasta que detengan al asesino de mi hija”. Cumplió. Hoy una placa frente a Palacio de Gobierno recuerda el lugar donde dio su último respiro. Ayer durante el acto conmemorativo frente a Palacio de Gobierno, las puertas se cerraron cuando comúnmente  están abiertas. Los símbolos son poderosos.

Marisela nos hará falta en los años que vienen. Afortunadamente, tenemos a Lucha Castro y al equipo del CEDEHM con quienes insistiremos en que la justicia sea invitada a pasar. Cada vez que sienta temor, el recuerdo de su lucha me inspirará y me recordará que hay quienes logran transitar por los más oscuros momentos con dignidad y fortaleza.

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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