La semana pasada, el INEGI presentó un informe sobre el empleo informal en México. La nueva medición es una versión ampliada –y más real– que la que venía publicándose con anterioridad. En ella se incluye al “trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social”.
Los resultados para el tercer trimestre de 2012 muestran que más de 29 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, incluidos 2.1 millones que son empleados domésticos, 6.2 millones que laboran en el campo y casi siete millones adicionales que si bien están en empresas formales, carecen de seguridad social.
Esta cifra significa que seis de cada diez trabajadores mexicanos no están afiliados al IMSS o al ISSSTE.
En algunos estados la situación es francamente crítica. En Oaxaca o Guerrero, menos del 20 por ciento de la fuerza laboral cuenta con seguridad social. El empleo informal es más frecuente en poblaciones pequeñas –aquellas con menos de cien mil habitantes–: 73.5% de las personas ocupadas se encuentran en la informalidad, frente al 47 por ciento, en las localidades más grandes.
Vemos que afecta en mayor grado a los trabajadores más jóvenes y a los mayores de 65 años: en este último segmento, ocho de cada diez personas son informales. Asimismo, los ocupados en el sector informal tienen –en promedio– menor nivel educativo: 7.8 años de educación frente a 11.7 de los trabajadores formales.
Sin embargo, después de esta radiografía, la pregunta que queda en el aire es ¿por qué la informalidad todavía afecta al sesenta por ciento de nuestra fuerza laboral?
Para algunos expertos la respuesta es muy sencilla: el nombre del juego se llama “incentivos”. Es decir, debemos analizar los costos y los beneficios de pertenecer a la economía formal.
En números redondos, la seguridad social cuesta alrededor de treinta por ciento del salario del trabajador, ¿y qué es lo que se recibe a cambio? Servicios de salud que significa hacer filas de dos y hasta tres horas, para obtener una consulta de no más de ocho o diez minutos con el doctor; en algunos casos no están disponibles las medicinas requeridas, y un largo etcétera, que implica perder todo el día. Lo cierto es que se puede obtener lo mismo de forma gratuita (a través del Seguro Popular), o una atención más rápida, en cualquier consultorio de bajo costo de los que han proliferado en los últimos años.
Por el otro lado, para constituir una empresa formal nos encontramos –de entrada– con los elevados costos notariales, la infinita tramitología del SAT y demás dependencias, permisos y burocracia por aquí y por allá, por no hablar de la gran pérdida de tiempo y las –casi inevitables– mordidas.
Ante este panorama, lo raro es que alguien todavía se anime a pertenecer a la economía formal.
Twitter: @jose_carbonell
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– 17 de diciembre de 2012
