El caso de Said López de Olmos –un hombre mayor y defensor de campesinos, preso político que sigue en la cárcel a pesar de contar con un amparo que ordena el cambio de medida cautelar– no sólo evidencia las irregularidades del sistema judicial, sino también el impacto del retraso en procesos clave debido a la crisis en el Poder Judicial.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Said López de Olmos Martínez, defensor de derechos campesinos de 78 años de edad, lleva más de un año como preso político en San Luis Potosí, acusado de despojo y asociación delictuosa, delitos que su familia y sus abogados aseguran no cometió.
Peor aún, su situación se agrava, ya que, aunque ha ganado dos amparos que ordenan cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, el activista sigue pasando sus días en la prisión de Pila debido a la parálisis judicial y retrasos en el sistema, tras el paro en el Poder Judicial.
La familia de Said ha denunciado que el activista, de 78 años, ha sido víctima de un trato inhumano durante su detención y audiencias. Acusan a la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí (FGJSLP) de usar tácticas ilegales para mantenerlo encarcelado injustamente.
“Mi papá lleva ahí varios meses encerrado injustamente. Después de más de un año no ha avanzado este proceso y bueno la Fiscalía metió un recurso de revisión, que es lo que mantiene a mi papá ahí adentro, por mantener a una persona que es defensora de derechos humanos y que es defensora de campesinos con una trayectoria de cuatro o cinco décadas de activismo en la huasteca potosina”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Yasser Said López de Olmos Reyes, su hijo, en entrevista.
Said López es fundador del Movimiento Huasteco Democrático (MHD), una organización que por décadas ha luchado por la justicia agraria en la región. Su activismo se remonta a los años setenta, cuando fue arrestado por primera vez durante una marcha a la Ciudad de México, pero inmediatamente fue liberado. Desde esa detención, su trabajo ha estado ligado la exigencia de auditorías sobre proyectos como el fallido “Proyecto de Irrigación del Pánuco” y el “Proyecto Pujal-Coy”, señalados por irregularidades en el manejo de tierras ejidales.
LA DETENCIÓN
La lucha del activista se remonta a la década de 1970, cuando el gobierno federal proyectó un sistema de riego en la región del río Pánuco, conocido como el proyecto de irrigación del río Pánuco. Este proyecto tenía como objetivo resolver problemas históricos, como el acaparamiento de tierras y la conversión de suelo ganadero en agrícola. En este contexto, el gobierno expropió tierras a terratenientes y prometió repartirlas entre ejidatarios, pero la distribución fue irregular y nunca se cumplió.
Ante esto, los campesinos comenzaron a exigir una auditoría para conocer el destino de las tierras expropiadas y a quién se les había entregado. En este marco, la Asociación Civil Movimiento Democrático (MHD) ha liderado la investigación sobre la propiedad actual de estas tierras y ha estado exigiendo una revisión de los derechos de propiedad.
La más reciente detención del activista se dio luego de que en junio de 2023, miembros del MHD se volvieron a manifestar y en la movilización tomaron tierras cuya propiedad no se ha podido demostrar, demandando que se auditen los proyectos agrarios que han perjudicado a los campesinos. Sin embargo, la respuesta del gobierno estatal fue la detención de Said y otros siete activistas, quienes posteriormente fueron liberados, salvo López de Olmos, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo a lo denunciado por su hijo.
La detención de López de Olmos ocurrió el 1 de junio de 2023, cuando agentes irrumpieron en su domicilio en Ciudad Valles a las 9:00 de la mañana, según denunció su hijo, los agentes entraron sin orden de aprehensión, encañonaron a los presentes y los trataron de forma violenta.
“Lo sacaron, pues básicamente de su cama, alrededor de las 9:00 de la mañana. Después, al parecer, ya mostraron una orden de cateo, pero no una orden de aprehensión. Los agentes entraron, los encañonaron, los pusieron contra la pared, les pidieron identificaciones y les hablaban con palabras groseras. Los trataron mal, los trataron como delincuentes básicamente. ¿De qué lo acusan? Inicialmente lo acusaron de despojo y de asociación delictuosa”, narró el hijo.
López de Olmos fue trasladado inmediatamente a la capital del estado en un fuerte operativo que incluyó un convoy de cinco patrullas. El hijo explicó que durante el trayecto de 13 horas, López de Olmos sufrió malos tratos, fue esposado de pies y manos, no recibió alimentos y en un momento fue abandonado esposado dentro de una camioneta mientras los agentes descendían.
Las irregularidades en el caso del activista, denunció su hijo, vienen desde la acusación que se realizó sin pruebas contundentes, ya que, la Fiscalía sostiene su caso con el testimonio de dos testigos que no han sido confrontados en juicio. Según su hijo, estas declaraciones provienen de empleados de Adrián Castro Echavarría, supuesto afectado por el despojo.
“Ellos afirman que mi papá estuvo ahí dirigiendo toda esa operación (de despojo) algo que me parece increíble. Pero bueno, con esos dos testimonios, que no han podido ser encarados personalmente, han mantenido a mi papá encerrado por un año y medio ya, casi”, afirmó el joven.
Al día siguiente de la detención, bajo la carpeta de investigación número 585/2023, el juez de control dictó prisión preventiva a Said López argumentando que el hombre, que en ese momento tenía 76 años, representaba un peligro para la sociedad.
Frente a las acusaciones, la familia y su defensa ha interpuesto diversos amparos. La defensa sostiene que no se ha demostrado la propiedad de las tierras en disputa, argumento que ya había dejado sin sustancia una acusación previa contra López de Olmos y otros miembros de la asociación.
LA INJUSTICIA SE EXTIENDE
En febrero de 2024, un juez federal concedió un amparo ordenando su liberación, ya que no se pudo comprobar la identidad del supuesto propietario afectado.
Sin embargo, al ser liberado, agentes de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, le ejecutaron otra orden de aprehensión esta vez con la carpeta 590/2023, una versión casi idéntica a la anterior, pero con nombres tachados y pruebas apenas modificadas.
“Con la misma carpeta de investigación, nada más literalmente tachonada, se libró una segunda orden de aprehensión, en la que fue ejecutada el día que mi papá fue puesto en libertad”, abundó Yasser Said.
Durante su segunda detención, Said sufrió vejaciones y fue obligado a permanecer de pie durante horas, a pesar de su avanzada edad y estado de salud. En la audiencia posterior, el activista, ahora en silla de ruedas, fue nuevamente imputado y se le dictó prisión preventiva bajo argumentos cuestionables.
“Durante ese proceso, él pasó muchísimas horas de pie, desde las 2:00 de la tarde, que fue puesto en libertad en la audiencia repuesta hasta cerca de la medianoche, que lo fueron a volver a meter al penal de La Pila como medida preventiva o en espera de su nueva audiencia. Increíblemente, la jueza dictó la misma medida cautelar: la prisión preventiva, que era algo que los abogados consideran sumamente irregular después del amparo que existía a su favor, pero igual lo hicieron”, detalló el hijo.
La familia solicitó nuevamente un amparo, el cual, fue ganado en julio de 2024. En este segundo amparo otorgado a López de Olmos, la ordenó a la jueza cambiar la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la ejecución del fallo se ha retrasado debido al paro en el Poder Judicial y al recurso de revisión presentado por la fiscalía, que mantiene al activista en prisión.
“Eso fue en julio y no se ha ejecutado desde julio porque, pues, por todo el proceso del paro judicial. Entonces, mi papá lleva ahí varios meses encerrado, después de un año y medio, de un año y cuarto encerrado, y no ha avanzado este proceso”, detalló.
En tanto, las condiciones de su detención han deteriorado gravemente la salud del defensor de los campasinos. Desde su aprehensión a los 76 años, ha enfrentado enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, agravadas por las condiciones en el penal. También ha sobrevivido tres motines y padecido infecciones severas sin atención adecuada. En su primera audiencia tras la detención, López de Olmos llegó en silla de ruedas, incapaz de caminar tras pasar horas de pie.
La familia y los abogados denuncian que se trata de un caso de represión política contra un defensor de derechos humanos con más de cinco décadas de trayectoria en la región.
“La fiscalía metió un recurso de revisión, que es lo que mantiene a mi papá ahí adentro. Llama mucho la atención el esfuerzo no que están haciendo por mantener a una persona que es defensora de derechos humanos y que es defensora de campesinos, con una trayectoria de cuatro o cinco décadas de activismo en la Huasteca Potosina”, detalló.
La familia del destacado defensor de los derechos campesinos exige justicia para Said López de Olmos. Yasser, su dijo, destacó que el Estado debe cumplir con su responsabilidad de impartir justicia de manera efectiva, por lo que hizo un llamado urgente al Ejecutivo Federal para que brinde todo el apoyo necesario para agilizar el avance de su caso, el cual, al igual que otros, se encuentra estancado debido a la ineficiencia y el burocratismo del poder judicial.
Asimismo, exigió a las autoridades judiciales, instándolas a cesar con la injusticia.
“A las autoridades judiciales, les hago un llamado a dejar de impartir injusticia y a no ser una comparsa del poder ejecutivo (local). A la Fiscalía General del Estado, que deje de ser un títere del Ejecutivo y se enfoque en hacer justicia. También les pido que se esfuercen por identificar los problemas reales del país y del estado, y que no gasten energía y recursos en causas que, aunque son justas, se están usando como instrumentos de represión”, indicó.
