La Ley General en Materia de Delitos Electorales, promulgada el 23 de mayo del 2014, incluye en su catálogo de conductas electorales ilícitas el uso de recursos públicos desviados en apoyo de precandidatos, candidatos o partidos políticos, así como la utilización de recursos de procedencia dudosa o ilícita.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Hay conductas que partidos políticos y candidatos reiteran en todos los procesos electorales, que debieran ser sancionadas con energía por autoridades electorales y judiciales, pero en todos los casos las “infracciones” se han resuelto mediante la aplicación de multas que pretenden subsanar las trampas y el daño a la democracia.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, promulgada el 23 de mayo del 2014, incluye en su catálogo de conductas electorales ilícitas el uso de recursos públicos desviados en apoyo de precandidatos, candidatos o partidos políticos, así como la utilización de recursos de procedencia dudosa o ilícita.
En su Artículo 7 la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: “VII.- Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
Además, la Ley General agrega en su Artículo 14 que “se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña, que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley”. La Fracción referenciada establece sanciones para quien “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.
Mientras que el Artículo 15 de la misma Ley General en Materia de Delitos Electorales advierte que “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
Explica el referido artículo que “la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.
AMIGOS DE FOX
Hay casos emblemáticos que ilustran algunas de estas conductas. El viernes 25 de enero del 2013, SinEmbargo.mx publicó el caso del financiamiento ilegal de la campaña del panista Vicente Fox Quezada, que terminó sólo en una multa al PAN y a su aliado el Partido Verde Ecologista de México.
Firmada por la reportera Ana Leticia Hernández Julián, en la información se señala que en junio del 2000, a unos días de que se realizaran los comicios federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral por la presunta existencia de una red de financiamiento paralelo en favor de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional, encabezada por Vicente Fox.
El tema fue creciendo y poco a poco aparecieron más detalles. Ese mismo año el entonces senador priista Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos se recibió dinero proveniente de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, para luego transferir los recursos a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Después se dio a conocer que esta asociación civil logró reunir 91 millones de pesos para la campaña blanquiazul.
Además, el First National Bank denunció ante la Procuraduría General de la República a Juan Pablo Fox Quesada (hermano del ex Presidente) por el delito de fraude. Hasta el 2003 el Instituto Federal Electoral impuso multas al PAN por 360 millones 971 mil 39 pesos y al Partido Verde Ecologista de México, con quien se unió en los comicios, por 184 millones 198 mil 610. ¿El motivo? Rebasaron los topes de campaña.
Tras las indagatorias se consideró que no se incurrió en ningún tipo de delito de lavado de dinero o electoral, por lo que las investigaciones en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en torno al caso “Amigos de Fox” quedaron archivadas, mientras tanto, el panista guanajuatense gobernó del 2000 al 2006.
EL PEMEXGATE
El jueves 18 de marzo del 2021, una nota firmada por nuestra compañera Dulce Olvera, advertía en SinEmbargo.mx que el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) tuvo la oportunidad de inhabilitar y/o encarcelar al entonces líder petrolero Carlos Romero Deschamps por su participación en el “Pemexgate”. Sin embargo, el desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Francisco Labastida —parecido al de “Amigos de Fox”— se acotó a una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte del Instituto Federal Electoral (IFE). Más de dos décadas después, Romero Deschamps, también denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR), gozará de una jubilación con prestaciones de por vida por el tiempo que estuvo frente al sindicato petrolero.
Pese a la escasez de herramientas judiciales, con el Convenio 9399, el Instituto Federal Electoral (IFE) comprobó que de los 640 millones de pesos que Pemex envió al sindicato petrolero, funcionarios del PRI retiraron en efectivo 500 millones de pesos un mes antes de las elecciones de 2000. Carlos Antonio Romero Deschamps, el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), falleció el jueves 19 de octubre del 2023 a la edad de 79 años de edad.
LA EFECTIVA Y LA TARJETA ROSA
Un registro más de SinEmbargo.mx, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña “Avanzar Contigo”.
Y aunque Meade aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones: Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la “Tarjeta Rosa” en la elección a Gobernador del Estado de México, o “La Efectiva”, que dio Eruviel Ávila en su campaña para Gobernador del 2011.
Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromiso firmados por José Antonio Meade, que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto: “Te lo firmo y te lo cumplo”, que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como Presidente de la República en 2012.
Desde 2011 partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto a su favor. En ese periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores.
Esta controversia también se presentó en Coahuila y en el Estado de México, en el marco de las elecciones intermedias de junio del 2017. “Mi Monedero”, “Mi Monedero Rosa” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, fueron las cartas utilizadas por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís para ganar la gubernatura cohuilense. Y en el Estado de México, “La Fuerte” y el “Salario Rosa” del priista Alfredo del Mazo Maza prometían, respectivamente, acceso a programas sociales a los varones y mil 200 pesos mensuales a las amas de casa que votaran por él, quien por cierto, ganó los comicios.
