En el marco de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos, Cuba fue evaluado el 15 de noviembre en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En dicho examen al que son sometidos cada cuatro años los Esstados Parte de la ONU, países que tradicionalmente se mantienen al margen de hacer señalamientos a la situación en la isla, lanzaron recomendaciones ante la crisis profunda que enfrentan los derechos y libertades universales. Esto marca un antes y un después en la aproximación de la comunidad internacional frente al régimen cubano.

En este contexto, los informes “sombra” presentados por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos dan cuenta de una situación de degradación profunda y permanente.[1] Dicha información fue retomada por el Grupo del Trabajo del EPU (47 Estados) en el seno Consejo de Derechos Humanos.

En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se ha observado una reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas. Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción.

También es patente la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión  y a la libertad de expresión. La organización Justicia 11J ha documentado la detención de, al menos, 1878 personas en relación con protestas públicas desde julio de 2021. Hasta la más reciente actualización de la organización, 787 continuaban detenidas. Las tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención son una constante.

El cierre del espacio cívico se culmina con la aprobación de un restrictivo marco normativo para el ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal.[2] Lo anterior, se extiende a mecanismos legalizados de vigilancia sobre el ciberespacio a partir del 2018.

A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, la sociedad civil organizada ha observado el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de identidad de género y orientación sexual.

Por eso no es menor que en la sesión del miércoles, México a la par de países como España, Eslovaquia, Eslovenia, Japón, Portugal, Sudáfrica, Suiza o Suecia hicieran referencia a esta crítica situación. Dichos países recomendaron la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; la creación de un instituto nacional independiente de derechos humanos; tomar medidas para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la liberación de presos políticos; tomar medidas contra la discriminación y la violencia de género; reformular leyes que impiden el pleno goce de derechos de reunión pacífica, asociación y libre expresión.

Para quienes conocen a la habilidosa diplomacia cubana, llamarán aún más la atención dichas recomendaciones, puesto que dan en el corazón de un régimen represivo que ha asfixiado de forma brutal cualquier muestra de disidencia o crítica. Conste que ninguno de los países mencionados arriba están a favor del embargo de seis décadas que sostiene Estados Unidos contra la isla.  De hecho, votaron en contra  de dicha medida en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada el 2 de noviembre.

Para quienes gustan del pensamiento maniqueo, resultará desconcertante que naciones que condenan el embargo, también señalen contundentemente las violaciones a derechos humanos dentro de la isla. Con eso se manda un mensaje claro: se puede estar en contra de las dos situaciones sin perder congruencia e integridad política.

Ahora la pelota está en cancha del Estado cubano. En próximos meses fijará postura frente a las recomendaciones: aceptar todas, algunas o ninguna. Para el gobierno será un cálculo político en un momento de evidente desgaste del régimen. Pero para millones de personas dentro y fuera de Cuba puede significar el inicio de un nuevo amanecer.

[1] Entre otras ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America, Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), PEN Internacional, CUBALEX, Justicia 11J, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

[2] Por ejemplo l decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley  no. 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, tanto en los ámbitos físico como digital, entre otros.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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