Como cada martes, el Subsecretario de Seguridad destacó la mala actuación que han detenido algunas y algunos de los integrantes del Poder Judicial en casos clave para el Gobierno federal.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana de nueva cuenta a jueces que han favorecido a presuntos criminales. Entre los casos en los que están involucrados, se encuentran el de Luis Donaldo Colosio, el de Ayotzinapa y Tomás Zerón de Lucio, el de la orden de aprehensión contra Genaro García Luna, y el de la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco.
En la sección de Cero Impunidad de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Seguridad expuso a los magistrados José Pablo Pérez Villalba, Rubén Arturo Sánchez Valencia, y Luis Alberto Castro Velázquez, pertenecientes al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del segundo Circuito.
Rodríguez Bucio explicó que el pasado 5 de octubre, el Tribunal otorgó un amparo a Mario Aburto, homicida confeso del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión, decretada el pasado 22 de diciembre de 1994, para que se emita una nueva condena tomando como base el Código Penal de Baja California.
El amparo concedido al homicida confeso es para efecto de que el Juez de Distrito -que conoce de la causa penal- vuelva a dictar una nueva sentencia por haberse detectado diversas violaciones procesales. Ahora debe juzgarse al imputado por el delito de homicidio que señala el Código Penal para el estado de Baja California y no por el Código Penal Federal, como aconteció en el caso.
De esta forma, el fallo ordena modificar la sanción por el delito de homicidio y emitirla conforme al Código Penal de Baja California que prevalecía en 1994, que establece como máximo 30 años de prisión al responsable de homicidio calificado, en lugar de aplicar, como sucedió, el Código Penal federal que considera una sentencia de hasta 50 años.
Por otro lado, el Subsecretario también señaló a la Jueza María Isabel Bernal Hernández por otorgar una suspensión definitiva a favor de Tomás Zerón de Lucio para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno por su probable participación en el caso Ayotzinapa,
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El Juez de Distrito en funciones en Tabasco ordenó la libertad a siete generadores de violencia en #Cárdenas, #Tabasco. @Luis_R_Bucio #CeroImpunidad#JuntosConstruimosLaPaz 🕊️ pic.twitter.com/HnnyjIKFwB— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 17, 2023
“La Juzgadora también concluyó que si bien es cierto, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso, y a que se les informen de los avances de las investigaciones, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia”, acusó.
El pasado 27 de septiembre, la Jueza del Séptimo Juzgado de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional a Tomás Zerón para que las autoridades responsables se abstengan de difundir información o comunicaciones en las cuales se sugiera que “es un torturador, que realizó actos de tortura, o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, indicó que había recibido notificación de dicha resolución, que impide que el Gobierno federal señale a Tomás Zerón como un responsable en la fabricación de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el 2014, elaborada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se le acusa de fabricar la verdad histórica, dado que las diligencias ministeriales en el Río San Juan, en el municipio de Cocula, en octubre del 2014, evidenciaron la colocación de bolsas de plástico donde se encontraron restos óseos del estudiante Alexander Mora, un día antes del trabajo de búsqueda.
El siguiente caso que presentó Rodríguez Bucio fue el del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López, y el de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito: Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva, y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar.
“El 10 de mayo de 2023, el Juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro ‘N’ por el delito de enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de que no basta con que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes”, dijo.
“Esta determinación fue confirmada el 28 de septiembre de 2023 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito”, añadió.
Además, recordó en una nota que el Primer Tribunal Colegiado fue el mismo que desechó las pruebas bancarias que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), con las que se comprobaría que habría recibido sobornos por más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
El funcionario señaló que la FGR presentó dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de él y su familia, escrituras públicas, e información bancaria obtenida con control judicial, sin embargo, la orden de aprehensión fue negada.
Finalmente, el Subsecretario denunció el caso de la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco, donde apuntó que el Juez Luis Joel Escalante Pavia calificó de ilegal la aprehensión de los sujetos, por lo que se declararon nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención, y ordenó la libertad inmediata de todos los capturados por violación a sus derechos fundamentales.
“Las siete personas habían sido detenidas en flagrancia durante la madrugada del 6 de octubre de 2023, tras agredir con armas de fuego a elementos de seguridad pública estatal y federal que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia El Toloque, en Cárdenas. Se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos útiles y cargadores. Cuatro de los detenidos son extranjeros”, detalló.
