El Centro Prodh puntualizó que con esta decisión, “regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores” del hecho.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La solicitud de un Tribunal federal de reaprehender a los a los siete militares implicados en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, ratifica que sí se cometieron ejecuciones extrajudiciales en junio de 2014, destacó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Al fijar su postura sobre la solicitud de un Tribunal federal, el Centro Prodh señaló que “la resolución confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo han señalado por cinco años los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos”.
Añadió que se ratifica que “las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios”.
Así como evidenciar que el Magistrado actuó de manera parcial al dejar a los militares en libertad.
El Centro Prodh puntualizó que con esta decisión, “regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores” del hecho.
⚠ #Tlatlaya: oportunidad contra la impunidad y por la rendición de cuentas.
Frente a la resolución de un tribunal en el caso, enfatizamos ? pic.twitter.com/FPLWadCy3q
— Centro Prodh (@CentroProdh) October 17, 2019
Para el organismo defensor de los derechos humanos, la determinación del Tribunal “abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cunetas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal”.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
El pasado 17 de octubre, un Tribunal federal ordenó reaprehender a los siete militares implicados en la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.
Según reportaron medios nacionales, el sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, ubicado en Toluca, resolvió que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sean detenidos por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Además, los agentes Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández también enfrentan acusaciones por homicidio calificado.
En mayo de 2016, la magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Adalid Ambriz Landa, determinó que no había pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos de homicidio y alteración de los hechos. Con ese fallo los tres oficiales mencionados recuperaron su libertad.
Por su parte, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que la decisión del Tribunal fue debido a la “falta de elementos para procesar” a los tres presuntos responsables.
LOS HECHOS
En junio de 2014, elementos del Ejército Mexicano presuntamente asesinaron a 22 supuestos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya.
La versión oficial, emitida ese mismo día por la Sedena, afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares, quienes patrullaban la zona, por lo que hubo un enfrentamiento, en el que miembros del Ejército habrían matado a todos.
El 1 de julio, el entonces Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Meses más tarde, una testigo de la masacre declaró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron.
Después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.
