¿Pero qué ha sucedido en Roma para que, por primera vez en la Historia la Gendarmería vaticana entrara en la Secretaría de Estado y se incautara de cientos de folios de documentación, ordenadores, tablets y teléfonos móviles? La investigación apunta a un fondo británico, gestionado por oscuros monseñores vaticanos, que tras el referéndum del Brexit sufrió pérdidas millonarias.
Por Jesús Bastante
Madrid, España, 17 de octubre (ElDiario.ES).- Sloan Avenue, 60. Barrio de Chelsea, Londres. El ladrillo reluciente de este remozado palacio en uno de los barrios más caros de la ciudad es el epicentro de una trama corrupta digna de El Padrino, que por el momento se ha cobrado la dimisión del jefe de seguridad vaticana, Domenico Giani, después de veinte años siendo la sombra de tres papas. El edificio londinense, propiedad del Vaticano, costó 200 millones de euros. 200 millones que salieron del dinero de la Iglesia católica para los pobres.
Los dineros vaticanos siempre han estado rodeados de misterio, luchas de poder, odio e incluso muerte. También en Londres, el 18 de junio de 1982 apareció ahorcado en el puente de Blackfriars Roberto Calvi, apodado ‘el banquero de Dios’, después de haber financiado, junto al todopoderoso arzobispo Marcinkus, fondos del IOR (Banco Vaticano) y el Banco Ambrosiano que, en muchas ocasiones, se destinaron a la mafia o las operaciones anticomunistas que Juan Pablo II fomentó en Polonia. Este sangriento episodio aparece retratado en la última entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola, en 1990.
BERTONE, BECCIU, Y LA AIF, INVOLUCRADOS
37 años después, la capital británica vuelve a ser protagonista de intrigas vaticanas. Este escándalo financiero implica el dinero del Óbolo de San Pedro, que las iglesias de todo el mundo entregan al Vaticano para obras de caridad del Papa y que se desviaron para negocios turbios que involucran el pontificado de Benedicto XVI –y a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone–, pero también al actual prefecto de Causas de los Santos, Angelo Becciu. Resucitan además otra polémica de comienzos del papado de Francisco: el “Vatileaks II”, que llevó a juicio al español Lucio Ángel Vallejo Balda y a su colaboradora Francesca Chaouaqui, así como a dos periodistas italianos, Gianluiggi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, acusados de filtración de documentos.
Este último ha sido quien destapó el último escándalo desde las páginas de L’Espresso, a través de los máximos responsables del IOR y de la Oficina del Revisor General vaticano. Ellos advirtieron en junio al Papa de posibles delitos financieros que podrían implicar a varios trabajadores de la Secretaría de Estado y de la Autoridad Internacional Financiera (AIF), órganos que supuestamente estarían detrás del trabajo de transparencia financiera del Vaticano.
De hecho, entre los acusados está Tommaso Di Ruzza, presidente de la Agencia de Información Financiera, encargada de controlar los blanqueos de capitales. Los lazos entre los responsables del dinero vaticano y los poderes económicos italianos es evidente. Ruzza es yerno del ex gobernador de la Banca d’Italia, Antonio Fazio.
Otro investigado es monseñor Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, los ‘ojos’ del Vaticano para sintetizar lo que sucede fuera y para orientar al departamento de Comunicación. Carlino fue hasta el año pasado secretario del cardenal Becciu. Los otros tres encausados son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; y una empleada de la administración, Caterina Sansone.
EL “PECADO” DE LA FILTRACIÓN
“Al día siguiente de la divulgación de la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las personas sometidas a las investigaciones han sido objeto de un verdadero escándalo mediático con la publicación de sus fotos, a pesar de que todavía no se han determinado las posibles responsabilidades”, lamentó oficialmente el Vaticano. “Las personas involucradas en la investigación tenían y tienen derecho a ser respetadas por su dignidad como hombres y mujeres, ya sean sacerdotes o padres y madres de familia”, sostiene.
El Papa se mostró furioso por la publicación de la noticia sobre la investigación, que llegó a ser calificada de ‘pecado mortal’. El Vaticano mantiene una difícil relación con Fittipaldi, el periodista que la publicó, desde que fue exonerado de ser juzgado en el caso Vatileaks II.
De hecho, la filtración de los nombres de los investigados provocó la renuncia de Domenico Giani como Comandante de la Gendarmería Vaticana. Fuentes cercanas al Papa ven su cese como una estrategia para eliminar a algunos colaboradores del Pontífice, entre los que se encontraba Giani, y miran al cardenal Becciu y al ‘clan de los italianos’ como artífices de una trama para evitar perder el control de la Curia, y de sus fondos.
En todo caso, Francisco ha querido dejar clara su confianza en Domenico Giani, a quien visitó en su casa, y que podría ayudarle a continuar con su política de transparencia en la Santa Sede, bien desde fuera, bien desde algún puesto pontificio creado específicamente para él.
FONDOS DE INVERSIÓN
¿Pero qué ha sucedido en Roma para que, por primera vez en la Historia la Gendarmería vaticana entrara en la Secretaría de Estado y se incautara de cientos de folios de documentación, ordenadores, tablets y teléfonos móviles? La investigación apunta a un fondo británico, gestionado por oscuros monseñores vaticanos, que tras el referéndum del Brexit sufrió pérdidas millonarias.
No sólo eso: está detrás de transacciones financieras entre Roma, Londres y Luxemburgo en los últimos ocho años, que llevaron el dinero vaticano a fondos de inversIón controlados en Italia, Rusia, Malta y Jersey. Según apunta Fittipaldi, entre unos y otros llegaron a invertirse hasta 800 millones de euros provenientes del Óbolo de San Pedro y el Fondo Pablo VI, para la sociedad WRM y la inversora Athena Capital Found, ambas con sede el Luxemburgo. Es ésta última la que logra el contrato para invertir los 200 millones de euros en distintos inmuebles, entre ellos el palacio del barrio de Chelsea. Becciu y el anterior responsable de los fondos de la Secretaría de Estado, monseñor Alberto Perlasca, podrían haber ejercido como intermediarios con Athena.
ECONOMÍA, PUNTO NEGRO DE BERGOGLIO
Todos las miradas apuntan al cardenal Becciu, quien hasta hace poco fue Sustituto de la Secretaría de Estado. De hecho, es su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, quien habría impulsado la investigación, tras comprobar algunas irregularidades en los archivos de su antecesor. En el trasfondo, una lucha de poder entre los afines a los cambios propugnados por Francisco que, en el ámbito económico, supondrán que los fondos de todas las congregaciones habrán de pasar por el control de la Secretaría de Estado, acabando así con el descontrol financiero de la Curia vaticana.
Según se desprende de la investigación, Becciu era la firma que autorizaba las inversiones investigadas por la Gendarmería vaticana, y que podrían superar los 200 millones de euros. Tal y como explica Financial Times, pudo haber jugado un papel fundamental en las reformas financieras del Vaticano, protagonizando enfrentamientos con el entonces “superministro de Economía” vaticano, George Pell, hoy condenado por pederastia en Australia.
En todo caso, la operación de la Gendarmería deja en punto muerto el trabajo que la AIF estaba llevando a cabo para fomentar la transparencia financiera del Vaticano, y se une a las caídas de otros personajes que en su día trataron de hacerse cargo del poder económico romano. Desde el español Vallejo Balda al cardenal Pell, condenado por pederastia en Australia y que durante años ejerció como ‘superministro de Economía’ vaticana, pasando por el anterior revisor general, Libero Milone, despedido tras haber sido sorprendido en operaciones cuando menos sospechosas. Todos ellos fueron nombrados por Francisco: algo que sus enemigos están utilizando para atacar al pontífice argentino y su supuesta ineficacia para gestionar la todopoderosa maquinaria financiera de la Iglesia católica.
