La renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la PGR y la intención de postergar el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República, tal y como mencionó Enrique Peña Nieto, tienen por objeto facilitar el proceso electoral al PRI, sostiene el Senador Ernesto Ruffo Appel.
Organizaciones de la sociedad civil también criticaron la propuesta del Presidente Peña Nieto de aplazar el cambio institucional y constitucional.
“Estamos viviendo uno de los años con mayores niveles de violencia, y homicidios, y considera que los familiares de esas víctimas pueden esperar al siguiente sexenio para tener una Fiscalía [General de la República] con capacidad de investigación sí se me hace una negligencia”, afirmó Juan Pardinas, director General del IMCO.
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Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Ruffo Appel consideró que el Presidente Enrique Peña Nieto pretende retrasar la discusión sobre la nueva Fiscalía General de la República después de los comicios para evitar una factura electoral. Mientras, organizaciones de la sociedad civil urgieron que a la discusión y nombramientos del nuevo ministerio público nacional se le dé celeridad ante la crisis de inseguridad e institucional que atraviesa el país.
El legislador explicó que después del 1 de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendría aún por dos meses la mayoría en la actual legislatura del Congreso de la Unión, por lo que se podría convocar a una Comisión Permanente para dictaminar sobre la procuración de justicia.
“Entonces, ya con conocimiento del resultado electoral y de cual irá a ser la composición del nuevo Poder Legislativo, el PRI tomaría algunas estrategias. […] No hay que olvidar que el resultado electoral del 2018 va ser en julio y todavía va estar presente la actual legislatura”, dijo.
El panista sostuvo que con la postergación para discutir este tema también se evitará hablar de cómo combatir la corrupción, lo que le “costaría” votos al PRI conforme se llevan a cabo las discusiones de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Nacional.
“Lamentablemente una serie de averiguaciones de corrupción han sido minimizadas por el actual Gobierno a través de la Secretaría de la Función Pública, y la incorporación del nuevo sistema de justicia penal, que todavía ocupa que se hagan las reformas legales para la operación misma de varias de las dependencias incorporadas al Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso Ruffo.
Ayer, Raúl Cervantes Andrade decidió dejar la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y argumentó que se utilizaron sus supuestas aspiraciones políticas como una excusa para no terminar de aprobar las leyes que den vida a la Fiscalía General de la República.
Horas después, el Presidente Enrique Peña Nieto -quien debe elegir a tres de los candidatos que el Senado le ofrezca para ser titular de la PGR- aseguró que la designación se haría después de las elecciones, una vez se haya apagado “la efervescencia” política.
“Es muy desafortunada la coincidencia de puntos de vista entre Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Peña Nieto de que esto es algo postergable […]. Estamos viviendo uno de los años con mayores niveles de violencia, y homicidios, y considera que los familiares de esas víctimas pueden esperar al siguiente sexenio para tener una Fiscalía con capacidad de investigación sí se me hace una negligencia”, señaló Juan Pardinas, director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ocho días antes de la renuncia de Cervantes, Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso nombrar a los fiscales después de las elecciones.
Otros partidos de oposición no están de acuerdo con la postergación del nombramiento del nuevo Fiscal de la nación.
“El tema electoral, seguramente, afectará en muchas decisiones que se tengan que tomar por consenso político. Pero, por encima de eso, tiene que estar la obligación de quienes tratamos en el Poder Legislativo y Ejecutivo de hacer lo que nos toca para que las instituciones funcionen”, dijo apuntó la presidente de la Comisión de Justicia del Senado Pilar Ortega Martínez.
Ortega Martínez, Senadora por el PAN, priorizó entre las próximas tareas a emprender la aprobación de las leyes orgánicas y constitucionales de tal forma que se garantice la autonomía de la Fiscalía General.
Trabajos que, estimó, podrían realizarse de haber voluntad política antes del 15 de diciembre.
Aunque consideró que “nombrar ahorita un titular de la PGR no sirve de nada. Al contrario volveríamos a la discusión de que ese titular de la PGR puede ser que tenga el pase automático”.
Derivado de las reformas electorales del 2014, se aprobó la transformación de la PGR en Fiscalía General, donde los legisladores estipularon que el Procurador General se convierta automáticamente en Fiscal General, una vez cumplida la transformación de la institución -cargo que ocuparía por nueve años-.
Pese a que Peña Nieto propuso revertir el pase automático a través de una iniciativa de ley enviada al Senado el 29 de noviembre del 2016, la propuesta presidencial aún duerme el sueño de los justos.
“Y aquí estamos hablando de reformar la constitución, no sólo en el transitorio [relacionado al pase automático], sino que tiene que modificarse el [Articulo] 102 constitucional para eliminar la facultad del Presidente de la República de proponer al Fiscal y de decidir si lo quita”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
PROPUESTAS CIUDADANAS
El pasado 29 de agosto, 299 organizaciones de la sociedad civil, redes civiles y grupos empresariales, conglomeradas en las iniciativas #VamosPorMas y #FiscalíaQueSirva, firmaron una demanda ciudadana para exigir cambios a la reforma del 2014. Hoy, las organizaciones como el IMCO, o el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), señalaron que la sociedad civil está lista para participar en cualquier mesa de coadyuvancia para redactar leyes.
“Al 2017 todavía le quedan 10 semanas para por lo menos sacar el diseño constitucional, un periodo extraordinario el año que entra para sacar el diseño legal, y después nos concentramos en quién la va a encabezar”, aseveró Pardinas.
De acuerdo con la propuesta ciudadana, los aspirantes al cargo de Procurador no podrán haber ocupado de forma previa un puesto de elección popular en los últimos cuatro años. El planteamiento civil dejaría fuera una vez más a Cervantes, quien fue Senador del PRI hasta el 25 de octubre del año pasado.
“La decisión de renunciar está más en función de esa relación con el Ejecutivo federal y no tanto con el proyecto institucional”, explicó Édgar Cortez Morales, investigador IMDHD.
La propuesta ciudadana también pretende la creación de un Consejo del Ministerio Público, que haga contrapeso al interior de la Fiscalía a las decisiones del titular de la dependencia. El Consejo estaría compuesto por seis consejeros, encargados de evaluar el desempeño de la próxima institución.
Cortez señaló que la división de poderes debería de verse reflejada en la decisión de iniciar los trabajos legislativos para modificar la ley orgánica de la Fiscalía, y más tarde elegir un titular.
“Se reitera la posibilidad de tener una PGR que dé resultados. No sólo pasa por la persona que la encabeza, sino en el rediseño de la institución. Para que sea capaz de ofrecer resultados en pendientes, atrapados por la corrupción o la impunidad”, dijo Cortez.
