Ricardo Nájera, pilar dentro de la PGR de Felipe Calderón en los años en que lanzó la guerra, es señalado como “el hombre fuerte de la Procuraduría del DF”, sólo después del propio titular. Desde una esquina, en aparente perfil bajo, es quien instruye a Rodolfo Ríos Garza. Lo conduce, lo orienta. Algunos opinan que es el verdadero poder tras el trono… abollado, porque la PGJDF vive uno de los peores momentos en muchos años. El desprestigio persigue a esa institución –dicen los especialistas–: bajo un chubasco permanente, acumula demasiados traspiés para tan pocos meses. Y Nájera es el hombre detrás de esa Procuraduría
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Hay dos cajas de antibióticos sobre el escritorio del hombre que todo el tiempo se acerca al oído del Procurador de Justicia del Distrito Federal para hablarle bajito. Pero Ricardo Nájera Herrera, por decirlo en un sentido riguroso, no tiene derecho a enfermarse. Al menos no ahora que la dependencia enfrenta una de las peores crisis de los últimos años.
Nájera es de estatura mediana y usa lentes sin aros. A través de las micas afloran tenues ojeras. En los últimos años fue vocero de la guerra contra el narco del Presidente Calderón desde la Procuraduría General de la República (PGR), luego pasó a la Coordinación General de Investigaciones de la misma dependencia a la que renunció y después asumió la Dirección General de Comunicación de la PGJDF para dar coucheo de por dónde se deben dirigir las cosas. No hay que perderlo de vista. Todo el tiempo aparecerá pegado a los subprocuradores o al Procurador. En las ruedas de prensa estará diciéndoles cómo y qué decir y en las entrevistas de radio también.
En la última aparición en una conferencia, el Procurador Rodolfo Ríos Garza, un hombre de cabeza larga y barba semipartida, tuvo que reconocer, después de que el Secretario de Seguridad Pública lo echara de cabeza, que en la marcha del 2 de octubre sí hubo policías suyos vestidos de civil e infiltrados que aparecieron en imágenes golpeando periodistas y muchachos para detenerlos.
“Hubo una extraordinaria colaboración y coordinación con las corporaciones policíacas, esto es con la SSPDF y la propia Procuraduría capitalina”, matizó Ríos con un tono más parecido al de un viejo político que al de policía. Pero Jesús Rodríguez Almeida, el jefe de la Secretaría de Seguridad, volvió a exhibir, con cierto refunfuño, un falso discurso desde la PGJDF: “No estuvimos enterados”.
El Secretario de cara redonda y pelo casi a rape, que paradójicamente dejó la Procuraduría llevándose a un grupo de mandos altos de la dependencia para instalarlos en la SSPDF –de tareas de investigación los pasó a las de prevención–, todavía hundió más a su sucesor en la Procuraduría y al propio Nájera al decir que él nunca dio la orden de golpear ni usar toletes ni gases lacrimógenos ni disparar balas de goma como ocurrió.
El pleito se dio después de meses de que un impávido Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, supuestamente les leyera la cartilla tanto al Procurador como al Secretario. Eso pasó en medio de la crisis de gobernabilidad por las ejecuciones en Tepito entre miembros de bandas organizadas y antecedidas por el caso de los 12 jóvenes levantados mientras bailaban y se divertían en mayo en el Bar Haven de la Zona Rosa.
Pero se cumplieron las profecías de algunos políticos que esa vez que escucharon a Mancera pronosticaron que todo quedaría en un llamado a misa porque ni el propio Jefe de Gobierno se creyó su amenaza, lanzada con ese tono de quien habla de dientes para afuera o por compromiso nada más.
El Procurador aún entra y sale de sus oficinas casi siempre sonriente.
Era justo el 2 de octubre, antes de empezar la marcha para recordar la matanza de Tlatelolco hace 45 años. Ese mediodía en que Nájera tomaba tratamiento médico, aceptó una solicitud de entrevista en su calidad de Director de Comunicación Social de la PGJDF, en cuyos pasillos se dice que es quien cogobierna la dependencia.
Estaba sentado atendiendo algunas indicaciones de un especialista en equipos de programación sobre el manejo de un dispositivo. Enseguida de que el técnico, vestido de mezclilla y playera liviana, quedara de volver más tarde, Nájera dio el saludo de cortesía e hizo a un lado las cajas de pastillas que estaban sobre el escritorio para que no le estorbaran.
Aparentaba buenos síntomas; apenas dos o tres perlitas de sudor asomaban en su frente.
En la oficina de Nájera de Doctor Vértiz se sentía la vibración de los helicópteros que sobrevolaban rasantes el perímetro del Centro Histórico. Lo mismo surcaban por los aires pilotos de la propia dependencia que de Seguridad Pública y medios de comunicación dispuestos a transmitir en vivo la marcha que recordaría el movimiento estudiantil del 68, reprimida por el Ejército y que junto con la masacre del jueves de Corpus en junio del 71, a cargo de un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado los Halcones, la protesta social no se había vuelto a criminalizar.
“Ese día fue un parteaguas sobre cómo manejar las instituciones”, dijo Gustavo Fondevila, especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
La historia a la que se refería es la siguiente: el día que volvió el PRI a Los Pinos, el 1 de diciembre del año pasado, las movilizaciones contra Enrique Peña Nieto cumplían casi siete meses a partir de su visita a la Ibero, que le restó puntos en su popularidad. Sospechosamente, la virulencia empañó las marchas como si alguien intentara desacreditarlas, coinciden no sólo los expertos en seguridad sino también en la defensa a los Derechos Humanos.
Artículo 19, organismo dedicado a la defensa de la libertad de expresión y derechos humanos, no se ha cansado de poner en la mesa una solución a lo que llama la crimininalización de la protesta para evitar que en la libre manifestación se violen los derechos fundamentales. Ha pedido que se establezcan protocolos sin que hasta ahora haya una respuesta.
Existen otras visiones. El abogado y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, no tiene ningún empacho en pedir decir mano dura para los manifestantes del CNTE o jóvenes que cierran las avenidas al argumentar que provocan daños a terceras personas. “Pero el Procurador, el Secretario de Seguridad y el Jefe de Gobierno han tenido una actitud miserable y mediocre al no ponerse de acuerdo para aplicarla”.
Mientras eso pasa afuera, Nájera, adentro de la Procuraduría, sigue en una posición singular y en medio de la penosa guerra mediática entre las dependencias. Está repitiendo el cargo. Con Rodríguez Almeida, quien dejó la Procuraduría para irse a la SSP, ocupó esa dirección también.
Pero Nájera aparenta que las cosas marchan bien. Con actitud bastante amigable evita hablar de los temas del momento como las equivocaciones y detenciones injustificadas de la policía en las marchas.
Los Ministerios Públicos se han llevado al Reclusorio, por ejemplo, a fotoperiodistas a los que acusa de vándalos, pero las imputaciones se han desvanecido en el momento en que con sus tarjetas de video salvaguardadas en la refriega los mismos fotoperiodistas autograbaron su trabajo y la manera arbitraria de su detención.
Esa tarde de 2 de octubre en que se pudo estar frente a frente con Nájera se percibía un ambiente para un día difícil. Después se conocería el saldo: 45 periodistas heridos o golpeados por policías, algunos despojados de sus cámaras de televisión por encapuchados; 19 jóvenes detenidos, de los cuales ocho fueron enviados al reclusorio. Y del otro lado: anarquistas quemaron a dos policías y también los golpearon.
El semblante del director de Comunicación Social no dejaba de transmitir una gentil sonrisa, una actitud que hace destacar a cualquiera en la madriguera de hombres serios, mal encarados o prepotentes, no por nada los periodistas acreditados lo llaman: “El amable”.
Hasta los que venden antojitos o souvenirs afuera de sus oficinas se han percatado de la personalidad diferente que este encargado de comunicación tiene sobre sus últimos dos antecesores.
–Los directores pasados a veces bajaban de las camionetas de la Procuraduría borrachos y hasta con mujeres. Pero Nájera parece un hombre centrado al que se ve llegar siempre acompañado de su chofer en su automóvil, un sedan negro, y con su traje impecable –dice uno de ellos mientras atiende a un cliente.
Un reportero dijo lo siguiente de él:
–Nájera siempre te va a saludar y cuando le pidas algo nunca dirá no. Si no: “Déjame tramitarlo, yo lo veo, para eso estamos”. Pero jamás dirá fecha ni hora o día [una actitud con la que solían desenvolverse los viejos priistas].
La realidad es que Nájera está en la Procuraduría para hacer más que boletines o atender solicitudes de entrevistas. Nada más que los casos que ponen en duda el papel del Procurador no terminan. Apenas sale de una crisis cuando ya enfrenta otra. Pero parecía no estar dispuesto a dejarse entrevistar. Y no se dejó.
A espaldas de Nájera cuelga un cuadro mediano del hombre de cabello cano que al igual que Peña Nieto vuelve locas a las mujeres: Miguel Ángel Mancera. Cuando éste encontró el resquicio para llegar a la candidatura a Jefe de Gobierno, el ahora Director de Comunicación Social de la PGJDF hacía todo por ponerle pies y cabeza a las historias sobre capos de la droga, sus arraigos y consignaciones en el gobierno de Calderón y orientaba el discurso oficial sobre los muertos que dejaban los enfrentamientos.
El entonces Procurador Arturo Chávez Chávez, un abogado poco expresivo, se replegó mediáticamente y Nájera asumió, como ningún otro vocero en la historia de la dependencia, ese papel activo. Sin embargo, su carrera la había empezado en la PGJDF con los gobiernos priistas. Estuvo veinticinco años ininterrumpidos hasta que el gobierno de Fox le echó el ojo y se lo llevó a la PGR: primero como asesor de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, luego como delegado regional de la Procuraduría en el DF, para seguir como vocero y posteriormente como Coordinador de Investigaciones de la PGR.
El gobierno de Mancera lo vio como el hombre con toda la experiencia para que coadyuvara en la Procuración de Justicia local, mientras que para el cargo principal el Jefe de Gobierno optó por poner a su ex alumno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Rodríguez Almeida) y reemplazarlo por su ex Secretario Particular (Ríos Garza).
Aquí está desde el año pasado. Volvió a la PGJDF junto con un amigo suyo y también ex funcionario de la PGR: Edmundo Garrido Osorio, actual Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.
De no haber sido por las duras y muchas veces irresolubles batallas internas entre corrientes por las candidaturas, Mancera no habría sido el candidato a Jefe de Gobierno. Pero su atracción hacía las mujeres y sus buenos logros en la Procuraduría lo metieron inesperadamente al Antiguo Palacio de Gobierno.
¿Si una buena procuración de justicia promovió la llegada de Mancera, una mala procuración puede arrebatarle al PRD la Jefatura de Gobierno? Esa respuesta sólo la podrán contestar los electores el día de elecciones.
Pero en pocos meses, durante la administración de Ebrard, Ríos Garza y Nájera tienen graves problemas.
El caso de los chicos del Haven ocurrido el 12 de mayo pasado mostró la incompetencia de Garza y su Director de Comunicación Social porque primero negaron el múltiple secuestro y luego tuvieron que aceptarlo.
“Rebasado, arrinconado, el Procurador capitalino jamás entendió lo que implicaba un secuestro masivo un domingo, a las 11:30 de la mañana, en la Zona Rosa, corazón de la ciudad. Nunca le quedó claro cómo enfrentarlo. Su novatez e inexperiencia lo llevaron a errar, una tras otra, junto con su jefe Mancera. Insinuaron al inicio que los jóvenes no estaban en el Heaven… y sí estaban. Dijeron que estaban ausentes, más no secuestrados (una de las frases más desafortunadas e insensibles dichas por funcionario alguno, en este caso Mancera)”, escribió Martín Moreno, columnista de SinEmbargo, cuya colaboración fue titulada: ¿Adiós a Ríos?
Nunca como ahora el fantasma del narco había rondado en la ciudad de México.
Las estadística sobre cárceles no mienten: el mayor delito por el que los policías caen a prisión es el por el de secuestro. Dos de cada 10 policías tienen participación en sus múltiples formas. “Es decir administran y controlan ese delito porque el resto de las bandas de secuestradores lo conforman cocineras, mensajeros, los que cobran el rescate, entre otros”, agregó Fondevila quien conoce como pocos las estadísticas de cárceles.
En 12 años las estadísticas de secuestros no han variado mucho. Poco se persigue a las bandas de secuestradores. En ese no hay variación. El problema de fondo es que en este gobierno la tasa de policías implicados se disparara.
Esa alerta no existía antes de que Rodríguez Almeida se fuese de la SSPDF y se llevará a mandos altos que llevaban años en la Procuraduría.
“No hay prevención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y la capacidad de investigación es un problema”, dice a SinEmbargo María Elena Morera, mujer que dejó la odontología para convertirse en pionera del activismo ciudadano en seguridad pública desde que a su marido lo secuestraron y le mutilaron varios dedos de ambas manos para exigir el rescate.
El riesgo de que más policías acaben en el secuestro era menos latente antes de la llegada de Ríos Garza y Nájera. El conocimiento y reputación de éste último eran envidiables tanto por parte de sus compañeros de trabajo como de la oposición y al Procurador no se le despega. Ha hecho el esfuerzo por recomponer las cosas, pero la Procuraduría ya extraña la calma.
En medio de esa situación Mancera, quien rechazó afiliarse al PRD, enfrenta críticas dentro y fuera de ese partido por supuestamente alinearse a las indicaciones de la Presidencia de la República, algo que tanto López Obrador como Ebrard mantuvieron a distancia.
La puerta de la oficina de Nájera, abogado egresado de la UNAM, casi siempre está de par en par. Eso sí: afuera una jovencita con anteojos grandes que habla maravillas de su jefe “porque pase lo que pase nunca estará gritando”, es quien pregunta para qué se le busca y quién.
Lo mismo dicen de él viejos conocidos con los que en esta misma dependencia se fogueó enfrentando polémicos crímenes en los que casi ningún servidor público querrá tener en su trayectoria.
La mañana del 24 de septiembre de 1994 reparó sorprendido del asiento de su oficina de investigaciones centrales de la Procuraduría, entonces dependiente del desaparecido Departamento del Distrito Federal (DDF), después de que uno de sus elementos le llamó por teléfono.
–¡Mataron a Ruiz Massieu!
–¿Cómo? ¿Qué?
–¡Está muerto!.
Nájera se quedó de a seis. ¿Qué desgracia había ocurrido? Por si fuera poco el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vivía uno de sus peores momentos.
José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI y líder designado de la bancada priista en la Cámara de Diputados, había salido de una reunión en la calle de Lafragua en la colonia Tabacalera. Luego de subirse a su coche intentaba asegurar su vida poniéndose el cinturón, pero paradójicamente el esfuerzo resultó infructuoso: No tendría más vida que cuidar, una bala penetró su cuello luego de que horas antes había opinado que el de Luis Donaldo Colosio había sido un homicidio político. Al asesino se le trabó la metralleta y después de intentar escapar corriendo fue capturado por un policía bancario.
El doble asesinato, junto con los enfrentamientos entre el EZLN y el Ejército, fueron el principio de la descomposición del entonces partido en el poder que concluyó en la derrota Presidencial de 2000.
Sobre el caso y las investigaciones de la PGR y la coadyuvancia de Nájera, la revista Nexos publicó: “El hecho es que el caso Ruiz Massieu muy pronto se convirtió en affaire, debido a una serie de circunstancias y derivaciones escandalosas que son, precisamente, objeto del presente escrito.
“Para empezar, fue evidente que, si en el caso de Colosio era difícil encontrar los hilos del supuesto complot, en éste el complot se desbordaba en las costuras, por así decirlo. Desde el primer momento hubo testigos dispuestos a declarar, ante la autoridad que, en efecto, ellos vieron cuando una persona le hacía señas al asesino indicándole quién era el objetivo. De otra parte, la coartada de éste para ganar tiempo, haciéndose pasar por otra persona, se desmoronó en horas. Ya en la madrugada del día 29, los interrogatorios habían permitido saber que el nombre dado por el presunto asesino, Joel Reséndiz, era falso, y que su verdadero nombre era Daniel Aguilar Treviño. Tampoco era originario de Acapulco, como al principio dijo, sino de Tamaulipas, del ejido Corralejo del municipio de San Carlos. Tanto El Nacional como El Día publicaban, el jueves 29, la verdadera identidad del asesino”.
La investigación periodística fue más contundente que la policiaca.
No fue el único escándalo sobre un asesinato político que le tocó enfrentar desde la Procuraduría local y que dejara una serie de cabos sueltos. El asesinato del Magistrado Abraham Polo Uscanga, ocurrido en la tarde del 19 de junio de 1995, en su despacho del complejo de Insurgentes 300, lo trajo en alerta.
La misma revista Nexos divulgó: “En el curso del día, la Procuraduría anunció que se trataba de un asesinato, pero la especulación en torno a esta nueva tragedia se desató de inmediato y en el momento de nuestro cierre nos es muy difícil abrimos paso a través de la turbiedad generada unas cuantas horas después de que se encontró a Polo Uscanga muerto en su despacho. Pero es imposible separar este grave acontecimiento de sus antecedentes específicos y del contexto de contaminación acelerada y ominosa de la política y la justicia por el delito”.
Hasta ahora no se conoce a los autores intelectuales del crimen.
La tarde del encuentro en su despacho Nájera vestía pantalón gris perla, camisa azul cielo y una corbata de rayas transversales azul con blanco.
Inmediatamente fue evidente la amabilidad descrita por sus ex colaboradores y reporteros que cubren la fuente policiaca. Tenía el cabello echado para atrás y se veía bien afeitado. Las tenues ojeras resaltaban sobre su tez morena clara.
–Queremos entrevistarlo.
Por un breve instante se le borró la sonrisa y arqueó las cejas.
–¿A mí? –respondió, incrédulo.
En todos estos años dice que sólo una vez le han solicitado una entrevista para hablar sobre él. Lo buscó la revista El mundo del abogado, que lo calificó como un conocedor de todos los frentes de la procuración de justicia. Eso ocurrió en la administración federal de Calderón cuando consideraba que tenía frente a sí el mayor reto: hacer llegar a la sociedad con claridad y transparencia el mensaje y el quehacer institucional de la PGR.
Esa vez no tuvo problemas en aceptarla, quizá porque no hubo preguntas difíciles que responder. Eran preguntas técnicas sin comprometerlo.
Tales como:
–¿Cuáles son los criterios profesionales y éticos en la relación de una oficina de prensa con los medios de comunicación?
–En primer lugar está el aspecto de la legalidad. Tenemos que respetar cien por ciento el apego a Derecho. Creo que mi formación de abogado me ha ayudado mucho cuando explicamos a los medios que el quehacer de la institución está apegado a Derecho, y si además eso va de la mano con la ética, tendremos información suficiente, no sólo en cantidad sino también en calidad.
Esta respuesta es relevante porque más adelante va a enfrentar un juicio y una jueza dirá que Nájera se equivocó en su trabajo, ya que como responsable de comunicación mantuvo un boletín en la página web de la PGR en el que seguía acusando a una mujer, que fue arraigada y después liberada por falta de pruebas, de ser integrante de una banda criminal.
Pero de allí en fuera la entrevista publicada el 30 de julio de 2010 no hizo ningún cuestionamiento polémico.
En esta ocasión, como bien lo dijeron los periodistas, no dijo en el momento “no te doy la entrevista”. En vez de eso mandó a llamar a Adriana Pérez, la subdirectora de Relaciones Interistitucionales de la Procuraduría, para que a ella se le hiciera la solicitud formal. Supuestamente la licenciada Pérez, una mujer de bajita estatura que vestía informal y que acababa de volver de fumar del acceso principal, enviaría al Procurador la propuesta para valorar la petición. “Si nos la aprueba con mucho gusto”, dijo Nájera.
Como quiera que sea, la entrevista no fue concedida al cierre de este texto. Todo quedó en esa charla informal.
–Es que así es aquí. Es como funcionan las cosas –dijo mientras intentaba convencer de que mejor se escribiera de otro tema o en todo caso del Procurador Rodolfo Ríos Garza, pero no de él.
–En este momento nos interesa saber de usted, de su actividad como consejero del Procurador, hacía dónde está enfocado sus estrategias de trabajo. Se nota su actividad soplándole siempre a Rodolfo Ríos.
–¡No! [contestó echándose para atrás de la silla y luego dejó caer los codos sobre el escritorio] Las cosas se malinterpretan y te voy a decir por qué. De los más de 29 años que llevó trabajando en la procuración de justicia, los últimos cuatro años hice un trabajo específico: de vocero, desde donde yo explicaba situaciones legales de los casos.
Se le insiste que su papel va más allá de eso con el Procurador capitalino y vuelve a sonreír.
A diferencia de sus antecesores no tiene fotos suyas o de su familia colgadas en su despacho. Apenas un retrato en tamaño media carta con cuatro muchachos viendo sonrientes hacía la cámara, y que seguramente deben ser sus hijos, están de pie sobre su librero. “No tengo cosas personales aquí porque las oficinas no son tuyas. El día que te dicen bye se pierde tiempo en ir y sacar tus cosas”, ha dicho el funcionario.
En charla informal repasó rápido algunos momentos claves de su trayectoria. Se le recordó que cómo delegado vivió el caso del avión que se desplomó en la Ciudad de México y en el que viajaban Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación; José Santiago Vasconselos, ex zar antidrogas y otros funcionarios del calderonismo.
En ese caso, la PGR mantuvo inicialmente la teoría de un posible atentado como una de las líneas de investigación del percance del Learjet 45 que se desplomó.
“Después de realizar exhaustivos exámenes en búsqueda de nitritos, nitratos y/o cualquier tipo de sustancias explosivas sobre las diversas partes de la aeronave accidentada, podemos afirmar que no se encontró ningún rastro de anfo, dinamita, TNT, C4 o algún otro tipo de sustancia explosiva, por lo que podemos afirmar que no hubo explosión previa al momento del accidente”, concluyó en su momento Ricardo Nájera, delegado de la PGR.
En esa ocasión apareció en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, con quien se encargó de llevar la línea de comunicación para afrontar la crisis.
Nájera, quien daba instrucciones el día de la visita a Adriana Pérez, la subdirectora de Relaciones Interinstitucionales de la PGJDF, conoce como pocos en la dependencia capitalina cómo opera el narcotráfico e hizo un banco de datos durante su paso por la PGR. Por ejemplo, tiene estadísticas de que cada año crece la participación de mujeres y niños en la distribución de drogas y cómo se mueven los carteles.
En ese negocio comprobó cómo fueron sumadas personas de la tercera edad y mujeres. Dio a conocer detalles de señoras llevando droga a menores.
Además, como ningún otro, también tiene un mapa completo sobre el narcotráfico en todo el país. En 2006, cuando inició el gobierno de Felipe Calderón, en México había cuatro grandes carteles de narcotráfico: las organizaciones de Sinaloa, Juárez, el Golfo y la Familia Michoacana. Pero al poco tiempo de la guerra contra el tráfico de drogas y las luchas entre grupos por el control de rutas y mercados, provocó divisiones y el nacimiento de organizaciones nuevas.
En la actualidad en México existen al menos siete grandes carteles, y unas 20 bandas y grupos locales. Algunos incluso se han fortalecido, como el cartel de Sinaloa, considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los más poderosos de América Latina. Además otros grupos se volvieron cariz extremadamente violento, como la organización de Los Zetas, creada por un grupo de ex militares de élite, y grupos como el cartel de Tijuana.
Con toda esa información era común verlo sentado en torno en una mesa con el vocero de Los Pinos, Max Córtazar y el resto de los directores de comunicación social de las secretarías. Siempre paciente, sin perder la calma aún cuando era el que mayor información poseía de entre sus pares, lo recuerdan sus ex compañeros. “Nunca salía de protagonista. Hablaba sólo si se lo pedía Max”, dice un ex vocero de otra dependencia con la que ocasionalmente trabajaban en paralelo. “La prudencia y amabilidad son dos de sus principales características”, agrega.
El ex vocero de la PGR, sin embargo, dejó una marca difícil de borrar en la dependencia. En los dos años y medio que se desempeñó como vocero mantuvo aquél boletín en el que se culpó a Jannette Martínez Barbosa como “integrante de una organización criminal conformada por empleados de una institución bancaria y dedicada a la comisión de diversos delitos financieros”.
Martínez interpuso una denuncia contra Nájera porque aunque ella estuvo arraigada 90 días recuperó su libertad y el boletín en el que se le señalaba de criminal seguía dispuesto en la página de internet de la dependencia. Entonces la jueza XII de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, le dio la razón a ella. Por eso cuatro meses de dejar el cargo de vocero a petición de la procuradora Marisela Morales para instalarlo al frente de la Coordinación General de Investigaciones él llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo en contra de la jueza Lobo Domínguez.
Dicho por colaboradores cercanos a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del DF, Ricardo Nájera Herrera funciona como una especie de salvavidas del Procurador. Rodolfo Ríos se volvió policía luego de que una mañana la novia de su hermano marcó a su casa para avisarle que acababan de matar a su papá, a su tía, a sus dos hermanos y a sus dos primos. El caso se conoció a nivel nacional como “El multihomicidio de la Portales”. Su hermano fue capturado como sospechoso porque supuestamente él había comprado los utensilios con que mataron a la familia. Pasó un año y medio en prisión hasta ser absuelto por falta de pruebas.
Ahora que le toca estar al frente de la Procuraduría los temas que deberían tenerlo preocupado en su administración y a la del propio Mancera son los delitos con tintes de crimen organizado en la ciudad, pues al caso del Haven siguieron una serie de ejecuciones en Tepito y también ocurrieron secuestros que han generado escándalo.
La PGJDF divulgó un nuevo video del momento del secuestro de un colombiano el pasado 20 de septiembre en la colonia Narvarte. En el se pudo ver la presunta participación de un auto asignado a un jefe de grupo de la Dirección de Asuntos Internos de la SSPDF. El video fue grabado por un transeúnte valiente que sacó su celular.
Diversas publicaciones en la prensa nacional aseguraron que Miguel Ángel Mancera estaba en medio del ojo de un huracán y que quién sabe hasta dónde podía ser arrastrado si el caso no se abordaba con la precisión que ameritaba.
Desde el caso del Haven la orientación de Nájera en la línea de comunicación se enfocó a contradecir la percepción que se tiene entre los capitalinos de que el crimen organizado está atacando en la ciudad de México.
El semanario Proceso, sin embargo, publicó recientemente que pese a la negativa de la PGJDF y la PGR el grueso de las evidencias acumuladas a lo largo de la indagatoria que lleva ya cuatro meses, conduce directamente al cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En particular, las pistas llevan a Ricardo López Castillo “El Moco”, brazo operativo del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, y a quien se le atribuye, junto con José Joel Rodríguez Fuentes “El Javi”, y Edwin Agustín Jiménez Cabrera “El Antoine” el secuestro y muerte de los 12 tepiteños, el pasado 26 de mayo.
El caso ha tenido varias aristas en contra de Ríos que le han traído problemas a Mancera. Las familias de los muchachos de Tepito están furiosas con Ríos porque no les avisó sobre la confirmación de que los cuerpos hallados en Tlalmanalco sí eran los de sus hijos.
Aunque fue la PGR la que los encontró, los familiares no se lo perdonan al Procurador local haberles avisado. El subprocurador de la PGR, Renato Sales Heredia, fue antes subprocurador de la PGJDF.
El primer funcionario caído por éste caso fue el titular del Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes de la PGJDF. Pero todo ha quedado hasta ahí.
Y el periodista Martín Moreno agregaba que los días de Rodolfo Ríos al frente de la Procuraduría parecían estar contados. “La dependencia capitalina ya le fue ofrecida a un ex Subprocurador General de la República –del cual reservamos de momento su nombre y que laboró en el sexenio pasado–, pero la rechazó. A Ríos ya se le perdió la confianza. El caso Heaven lo acabó”.
Pero el Procurador se empeña en decir que la ciudad de México mantiene la entidad como una ciudad segura de acuerdo con los datos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aunque ha reconocido que se enfrentan desafíos, asegura que las acciones criminales no quedan impunes. “Aquellos que pretendan atentar en contra de los habitantes de la ciudad de México, enfrentaran…la acción de la justicia y los tribunales”, ha advertido aconsejado por su director de Comunicación Social.
Ricardo Nájera y su permanente sonrisa transmiten afabilidad, pero deja de hacerlo y abre la boca de más cuando se le insiste que se nota que lleva la voz cantante en los asuntos de la PGJDF.
–¡Nooo! –dice y echa la espalda para atrás durante la conversación informal.
Pero como ningún otro director había hablado al oído del Procurador, Nájera sigue dando instrucciones y aconsejando como el día que Ríos tuvo que reconocer la existencia de una agrupación dedicada a la venta de droga.
La agrupación es conocida como La Unión de Insurgentes, la cual habría sido la responsable de la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, “no estamos hablando de ningún cartel”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
“Claro que existe. ¿Hasta cuándo seguirán ignorando el crimen organizado?”, dijo María Elena Morera, quien hace 12 años impulsó la ONG México Unido Contra la Delincuencia para luchar contra el secuestro y hace poco creó Causa en Común A.C. para generar comunidades de exigencia.
De eso tampoco se pudo hablar con el Director de Comunicación Social de la PGJDF ni de los nuevos Halcones de la PGJDF que se infiltran en las marchas ni de por qué no colaboró con la PGR en el hallazgo de los cuerpos de los 12 muchachos de Tepitos ni de los secuestros como el del colombiano en la Narvarte.
Tampoco se pudo charlar del alza a robo en casa habitación, como asegura Morera, ni del torturado de Lindavista ni de las ejecuciones en el Starbucks de Coapa ni de la falta de coordinación de la SSPDF y la PGJDF ni muchos otros temas.
