El Grupo de Trabajo expuso la importancia de “contar con un Poder Judicial independiente e imparcial para combatir la detención arbitraria” y sostuvo que le “preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del Ejecutivo contravienen la ley”.
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Un Grupo de Trabajo de la ONU observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y denunció una serie de “deficiencias” en el sistema de justicia penal como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, prácticas que a su vez han llevado a un incremento en el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, en interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados y ataques a la independencia judicial.
Por invitación del Gobierno de México, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visitó México del 18 al 29 de septiembre de 2023. Particularmente acudió a centros de reinserción social,, estaciones de Policía, estaciones de detención de migrantes, centros especializados para adolescentes, refugios de protección para niños y niñas, hospitales de salud mental y separos de las fiscalías.
Como resultado, los visitadores dieron a conocer cómo la detención arbitraria además de ser una práctica generalizada “afecta de manera particular a los miembros de los Pueblos Indígenas”. De igual forma señaló que” casos de violencia durante los arrestos y falta de asistencia jurídica cualificada”; el uso frecuente de la detención de migrantes que sólo debe utilizarse como último recurso y por el menor tiempo posible.
El Grupo observó además “la ausencia de garantías procesales para las personas con discapacidad psicosocial cuando estas están expuestas a una determinación de inimputabilidad en procedimientos penales y la imposición de medidas de detención que pueden superar la de los procesos penales”. Adicionalmente, indicó que los confinamientos involuntarios siguen siendo una práctica recurrente en el país.
El Grupo de Trabajo también da cuenta de que, en 2022, de las aproximadamente 90 mil personas que están sin sentencia, alrededor del 50 por ciento de estas están sujetas a detención preventiva oficiosa. También apuntó que el uso del arraigo incrementó significativamente entre 2009 y 2012, sin embargo, indicó, ha disminuido desde 2013, y rara vez se usa en estos días.” En 2022, se utilizó en 25 casos. En 2019, se presentó ante el Senado un proyecto de decreto para eliminar el arraigo de la Constitución y, en 2023, se presentaron excitativas a efecto de que se culmine con el proceso legislativo”.
En ese sentido, pidió a México adoptar reformas para eliminar el arraigo y la detención preventiva oficiosa y a adoptar prácticas específicas que proporcionen mayor protección contra la detención arbitraria. Entre otros puntos también llamó a reasumir un compromiso político de garantizar la independencia judicial, incluyéndola como un principio en la actuación de todas las autoridades del Estado.
El Grupo de Trabajo expuso cómo la detención preventiva oficiosa ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.
“La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano , y fue declarada una violación de las obligaciones de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última, le ordenó a México ajustar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales”, expuso el Grupo en un informe.
En ese sentido, los visitadores instaron a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que esta solo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada de cada caso.
El Grupo de Trabajo expuso la importancia de “contar con un Poder Judicial independiente e imparcial para combatir la detención arbitraria, como se refleja en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“Preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del Ejecutivo contravienen la ley. En algunos casos, los miembros del Ejecutivo mencionan públicamente a jueces en específico que han emitido decisiones o sentencias que refutan las políticas gubernamentales”, mencionó en referencia al espacio de la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador conocido como “Cero impunidad”, en el que se exhibe a juzgadores que mediante fallos polémicos dejan libres a criminales peligrosos.
El informe de los visitadores de la ONU también destaca los “duros recortes presupuestarios” que enfrenta el Poder Judicial federal los cuales, afirma, “socavan la capacidad del Poder Judicial para llevar a cabo su trabajo de forma independiente, sin temor ni favoritismo. Al Grupo de Trabajo le preocupa que esto haya contribuido a la persistencia de un gran número de casos de detención arbitraria tanto a nivel federal como estatal”. Por ello, pide al Gobierno de México “reasumir un compromiso político de garantizar la independencia judicial, incluyéndola como un principio en la actuación de todas las autoridades del Estado”.
El Grupo de Trabajo anotó además que un número significativo de personas detenidas sufrieron violencia grave y excesiva durante su arresto. “A menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones. Las personas detenidas a veces se ven obligadas a dar información sobre otros presuntos sospechosos o posibles pruebas, y los malos tratos también se utilizan como forma de humillación y castigo”.
El Grupo recordó que el uso de pruebas obtenidas mediante tortura en cualquier juicio posterior haría que el proceso fuera injusto y violaría el derecho internacional de los derechos humanos. “Se recibió información de que, por ejemplo, las personas indígenas a veces son golpeadas para obligarlas a aceptar responsabilidad y son llamadas ‘indios’ durante los arrestos”.
Por ello, exhortó al Estado mexicano “garantizar que todos los funcionarios que llevan a cabo detenciones de cualquier naturaleza (penal o administrativa) estén obligados a inscribir esas detenciones en el Registro Nacional de Detenciones, y que todos los funcionarios civiles y militares sean conscientes de esta responsabilidad”.
