De acuerdo con los archivos del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California consultados por ZETA, Francisco “Kiko” Vega compró el terreno en agosto del 2014 -cuando ya era Gobernador- y para diciembre del 2016 ya se habían contemplado en el presupuesto del Gobierno Federal los recursos para realizar una carretera de 2 mil 500 metros lineales (y así conectarlo con la carretera principal). Información proporcionada por la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) especifica que la obra inició el 16 de marzo del 2017 y concluyó el 31 de septiembre del mismo año; tuvo una duración de seis meses.
Francisco “Kiko” Vega compró 60 mil metros cuadrados en la Ruta del Vino, en sociedad con un Diputado. Un año y medio después de la compra, su actual secretario de Desarrollo Urbano se encargó de construir una carretera, con un costo de 7.3 millones de pesos, hacia la propiedad del mandatario; la constructora beneficiada tenía meses de haber sido creada
Por Isaí Lara Bermúdez
Tijuana, 17 de septiembre (Zeta).– Sin contar la avenida principal en el ejido El Porvenir de la Ruta del Vino en Baja California, la carretera pavimentada más larga es la que conecta con el enorme terreno del Gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid. Pocos agricultores, ranchos, viñedos, hoteles o restaurantes de la zona tienen ese privilegio.
La segunda carretera más grande con pavimento en todo el ejido -en efecto- está en dirección del predio, con una extensión 60 mil metros cuadrados propiedad de Vega, y donde, según los lugareños, se planea construir un desarrollo vinícola.
De acuerdo con los archivos del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California consultados por ZETA, Francisco “Kiko” Vega compró el terreno en agosto del 2014 -cuando ya era Gobernador- y para diciembre del 2016 ya se habían contemplado en el presupuesto del Gobierno Federal los recursos para realizar una carretera de 2 mil 500 metros lineales (y así conectarlo con la carretera principal).
Información proporcionada por la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) especifica que la obra inició el 16 de marzo del 2017 y concluyó el 31 de septiembre del mismo año; tuvo una duración de seis meses.
La obra pública fue otorgada a la Constructora Woolcret, creada meses antes de recibir el contrato. El costo de la carretera, que elevó el valor inmobiliario del terreno del político panista, establecido en el contrato (2017-02-CF-A-030-W-00-2017) fue por más de siete millones de pesos.
Los recursos públicos con los que se pavimentó el acceso al predio del Gobernador fueron ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en 2017.
En la partida más actualizada del Registro Público se incluye como socio del Gobernador -en copropiedad del inmueble- al actual Diputado en Baja California Sur, Carlos José Van Wormer Ruiz, con quien el mandatario comparte otros proyectos de negocios multimillonarios en aquel Estado.
SEIS HECTÁREAS
A los nueve meses de haber tomado protesta como Gobernador, Francisco Vega compró el terreno en la Ruta del Vino en Valle de Guadalupe, zona turística que logró promoción e inversiones importantes durante el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).
El predio del Gobernador se ubica en el Ejido El Porvenir, en el municipio de Ensenada, bajo la clave catastral ZL-V00-714; son seis hectáreas, es decir, seis mil metros cuadrados de extensión que corresponden a la “Parcela 3 Fracción B”, según los documentos inscritos en Registro Público en octubre del 2014. Consta en las escrituras públicas que, con fecha del 7 de agosto de 2014, José Elías Portillo Figueroa vendió dicha superficie a Francisco Vega y a José Carlos Van Wormer Ruiz.
Según los documentos oficiales, en la partida número 5274336 del Registro Público -en la cual se inscribió el contrato de compraventa a nombre del Gobernador- el predio tenía un “valor del avalúo” de 780 mil pesos, pero en el mismo documento se estableció que el “valor de la operación” fue de 407 mil dólares, es decir, 5.37 millones de pesos. Lo que equivale a un pago de 67 dólares por metro cuadrado, consistente en un sobreprecio de más del 120 por ciento, considerando que un predio de esa magnitud (con acceso a agua y servicios) ronda los 30 dólares por metro cuadrado.
O bien, otra posibilidad respecto a la cantidad que pagaron el Gobernador y su socio por la propiedad, es que fue por 40 mil 700 dólares y que en el Registro Público se haya inscrito con un dígito de más, pues eta cantidad (convertida a 600 mil pesos aproximadamente al tipo de cambio en ese mes), es más cercana al “valor del avalúo” y no el de 407 mil dólares.
Bajo este supuesto, los políticos habrían pagado alrededor de 10 pesos por metro cuadrado, un precio ridículo para la zona.
Van Wormer Ruiz es copropietario, según el Registro Público, con una porción minoritaria del predio.
La propiedad de Vega de Lamadrid se ubica a un costado de la vinícola Barón Balché; de hecho, actualmente -aún sin construcciones más allá de un cerco perimetral- parte de la extensión del terreno sirve como estacionamiento de la productora de vinos, que también organiza conciertos y eventos masivos.
PRESUMIDA PARA COMUNIDAD INDÍGENAS
De acuerdo con fuentes de ZETA, Francisco Vega convocó a una “reunión” en una finca del Valle de Guadalupe en 2016 con los diferentes delegados federales del Gobierno de la República, que encabezaba el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018); entre ellos, José Luis Hernández Ibarra, entonces delegado de la Secretaría de Gobernación, y Alfonso Padrés Pesqueira, ex delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En ese encuentro, el Gobernador habría solicitado a los funcionarios federales la obra que beneficiaría a su propiedad adquirida meses antes.
A finales de aquel año, la obra ya estaba proyectada para el presupuesto federal del 2017. A principios del año, el contrato fue otorgado a la constructora Woolcret, empresa -entonces de reciente creación- encabezada por los hermanos Luis Alonso y Randolfo Woolfolk Cretin, con domicilio en Mexicali.
Una búsqueda al Registro Público del Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, arrojó que la constructora fue constituida en marzo del 2016, es decir, tan sólo meses antes de haberse iniciado los trabajos en el Ejido El Porvenir.
De acuerdo a los registros de la SCT, la obra tuvo un costo de siete millones 337 mil pesos; especificaba una “base hidráulica, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento vertical y horizontal del camino: Km 6.0 Carretera (Francisco Zarco -El Tigre) – El Porvenir – San José de la Zorra”.
Curiosamente, la carretera llega a escasos 400 metros de la propiedad del Gobernador, pero aproximadamente a 17 kilómetros de terracería del pequeño poblado al que hace referencia el nombre de la carretera. La población total de San José de la Zorra, una comunidad indígena Kumiai, es alrededor de 100 personas.
Los recursos destinados a la construcción de dicha carretera fueron del programa de “Carreteras Alimentadoras y Rurales” de la SCT.
La dependencia federal registró la conclusión de la obra en septiembre del 2017. En diciembre de ese mismo año, Alfonso Padrés Pesqueira, entonces delegado en Baja California de la Secretaría de Comunicación y Transportes y encargado de ejecutar la carretera, fue nombrado -por el Gobernador Vega- titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), donde hasta la fecha despacha.
“SIN EXPERIENCIA NI ESPECIALIDAD”
El 14 de mayo de 2019, a Woolcret se le aprobó un crédito por parte del Gobierno de Baja California por un monto de 360 mil pesos para la adquisición de maquinaria y equipo.
Esto como parte del programa Emprende, el cual otorga créditos empresariales a “MiPyMEs que necesiten financiamiento para sostener su crecimiento o requieran reinvertir para elevar su productividad y competitividad”, explica la convocatoria.
Luis Alonso Woolfolk Cretin aparece como representante legal, según una base de datos disponible para consulta, a través del portal de Transparencia.
En 2013, tres años antes de obtener el contrato por parte de la SCT, la misma dependencia federal había rechazado la participación del ingeniero como persona física y no como representante de una empresa en una licitación pública.
Lo anterior porque el constructor no presentó “documentación que demuestre experiencia, ni especialidad, ni nada que avale el necesario cumplimiento de los contratos en ese rubro”, según consta en el fallo de una obra que el Semanario consultó para un reportaje de 2015.
Woolfolk Cretin participaba en licitaciones de la SCT, a la vez, como representante legal de la empresa Pavimentaciones Técnicas -propiedad de su padre- y como contratista directo.
Una de las obras que Woolfolk Cretin intentó obtener fue la conservación rutinaria 2014 en 83 kilómetros de la red básica de corredores, en un tramo de la carretera Ensenada-Jaramillo-Lázaro Cárdenas, por un monto de alrededor de tres millones de pesos.
Fue ahí donde el Comité de Adquisiciones otorgó 14.80 puntos de 50 posibles en cuanto a la evaluación económica, además de no cumplir con los rubros de experiencia ni especialidad. La situación se repitió ese mismo año en la licitación de la conservación de dos carreteras más por montos de entre tres y cuatro millones de pesos. Sin embargo, para su cuarto intento, el ingeniero de entonces 32 años obtuvo el contrato para la conservación de 89 kilómetros de carretera por un monto de 3 millones y medio de pesos.
DE SOCIO DE “KIKO” A POLÍTICO
El socio del Gobernador panista en la adquisición del terreno, es el empresario hotelero Carlos José Van Wormer Ruiz, quien desde 2018 ocupa una curul como Diputado local de Baja California Sur (gracias a la coalición encabezada por Morena).
Sin embargo, en julio de este año -y junto a tres de sus compañeros- se separó de la bancada del partido. Anteriormente, Van Wormer Ruiz había participado en el Partido Acción Nacional (PAN), instituto que llevó a la gubernatura a “Kiko” Vega.
Como presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, hace unos meses el diputado promocionó la zona de Los Barriles en Los Cabos, por medio de un comunicado de prensa.
“Los Barrilles ofrece calidez, pero sobre todo una estancia relajante; aquí puedes venir a descansar, a soñar, a leer, a pescar y bucear”, se le cita en el boletín. Se trataba más bien de una autopromoción.
Junto a sus hermanos y madre, el Diputado mantiene una serie de hoteles y resorts en la zona turística, donde –además- hace cinco años inició un proyecto millonario con “Kiko” Vega para crear un desarrollo turístico integral, que incluye playa, campo de golf, una marina, hotel, restaurantes, condominios y más.
Como ZETA lo dio a conocer en abril de 2014, para el proyecto denominado “El Anhelo Marina, Golf & Private Resorts Community”, Vega de Lamadrid aportó una inversión de alrededor de 703 millones de pesos, así como un terreno de más de 145 mil metros cuadrados.
Según un acta de asamblea registrada el 15 de enero de 2013 ante la Secretaría de Economía, Vega de Lamadrid forma parte de la sociedad anónima de nombre “El Anhelo Resorts”, la cual fue fundada en 2008 por los hermanos Van Wormer Ruiz.
Francisco Arturo Vega de Lamadrid aparece como uno de los consejeros propietarios de la compañía, con su hermano Enrique Alejandro como consejero suplente, según la protocolización del acta de asamblea de accionistas realizada el 30 de abril de 2012.
Entre la comunidad política de Baja California Sur, es bien sabido que -en sus viajes al sur de la Península- el Gobernador es recibido por su socio, con quien frecuentemente participa en torneos de pesca y reuniones de negocios, mismos que ahora se extienden, según documentos, al Valle de Guadalupe.
