La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, cuya continuidad dependerá de una consulta en octubre, tiene una serie de incertidumbres como la conectividad hacia la Ciudad de México, dijo Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT. Durante su participación en un foro organizado por la revista Forbes, reconoció que la obra también tiene certezas, como el hecho que se atrasó hasta 2022 por problemas con el terreno, lo que la encarecerá más, sobre todo por la guerra comercial recién declarada por el Presidente Donald Trump.
Sobre la “polémica” consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto, reiteró que será a nivel nacional, legal, informada y vinculante. Para ello, dijo, siguen reuniéndose en mesas y consultando especialistas e informes en diversas áreas. Mañana el equipo de transición se reunirá con el Consejo Coordinador Empresarial.
Sobre la corrupción en el sector de construcción durante administraciones pasadas, el ingeniero dijo que se creará un Instituto Nacional de Planeación Autónoma para implementar reglas donde participe el sector público, social, privado y académico. “No va haber empresas favoritas ni concursos de licitación con retratos hablados”, se comprometió.
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expuso en el Foro Forbes que aún existen incertidumbres sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco como, por ejemplo, la conectividad hacia la Ciudad de México. También reconoció que hay certezas, como el hecho de que se atrasó hasta 2022 por problemas con el terreno, y eso lo encarecerá más, sobre todo por la guerra comercial recién declarada por el Presidente Donald Trump.
“No tenemos ninguna información, solo una mención, de la conectividad con la Ciudad de México. Se habla que podría ser un tren, una línea del Metro, pero no hay ni siquiera proyecto”, cuestionó. “No hay proyecto”.
En conversación con la prensa aseguró que el retraso es para 2024 y la alternativa de la Base de Santa Lucía estaría en 2022, aunque ambas opciones “son viables” con costos respectivos y la ciudadanía debe elegir “la menos peor”. Si no fueran viables, “naturalmente” se cancelaría la consulta.
“Tenemos certidumbres que nos preocupan e incertidumbres que nos preocupan más”, dijo el ingeniero en el Foro Forbes. “El no se puede ya no existe”.
Además del impacto ecológico y social con el pueblo de San Salvador Atenco y la falta de proyecto sobre conectividad, “no se tienen muchos datos” sobre el efecto urbano.
Jiménez reiteró el sobrecosto de la obra, ya qué pasó de 169 mil millones a casi 300 mil millones de pesos -frente a los 600 mil mdp que se han invertido en infraestructura este sexenio- y se ha retrasado “por falta de planeación y problemas con el terreno”, lo cual es probable que lo siga encareciendo.
Se planeó que la obra estaría en octubre de 2020, pero las obras estarían en 2021 y las operaciones, calculó Jiménez, en 2022. “En cuatro años es muy probable que se encarezca por muchas razones”, aseveró.
Tan solo la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, ejemplificó, dispara el dólar y con ello el costo del aeropuerto que plantearon “ostentoso y enormemente lujoso”.
Sobre la “polémica” consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto, reiteró que será a nivel nacional, legal, informada y vinculante.
“No sabemos todavía cómo la vamos a hacer”, aclaró, ya que les falta información sobre los impactos de ambas opciones. “Una vez que la ciudadanía esté informada sobre el impacto ambiental y social, ya la consultaremos el 28 de octubre”.
Para ello, siguen reuniéndose en mesas y consultando especialistas e informes en diversas áreas. Mañana el equipo de transición se reunirá con el Consejo Coordinador Empresarial.
Sin embargo, enfatizó que uno de los objetivos de la consulta fue separar “el planteamiento político” entre la opción del gobierno de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador.
Documentó que en Alemania, Francia y Estados Unidos ya se han cancelado aeropuertos a partir de una consulta ciudadana.
Sobre la infraestructura, Jiménez Espriú aseguró durante su participación en el Foro Forbes que una vez establecido el Estado de Derecho en el país, se espera que la inversión repita la dinámica del gobierno de López Obrador en su gestión en el entonces Distrito Federal (2000-2006) que por cada peso que ponga el gobierno, la iniciativa privada agregue 20 pesos.
En el sector de construcción, señalado por corrupción, dijo el ingeniero, se busca crear un Instituto Nacional de Planeación Autónoma para implementar reglas “de cero corrupción e impunidad” donde participe el sector público, social, privado y académico.
“No va haber empresas favoritas ni concursos de licitación con retratos hablados”, se comprometió.
