Ya que un estado este acusando al anterior encargado de la Hacienda Pública de haberse apropiado de 92 millones de pesos, causa suficiente consternación para los habitantes de este estado, ¿cómo es posible que un funcionario disponga de 92 millones de pesos y que la empresa que, según la acusación, fue cómplice, siga operando normalmente, brindando los mismos servicios financieros a otros estados y personas?

La consternación se convierte en vergüenza al enterarnos de que la investigación y la acusación original sólo iban dirigidas al Secretario de Hacienda, pero se han extendido al Gobernador anterior del estado.

La defensa del acusado resulta en un baño de vergüenza cuando argumenta que se trata de una venganza por parte de la Gobernadora, que fue acusada durante su mandato de haber recibido 10 millones de pesos del anterior Gobernador, César Duarte, en lo que se conocía públicamente como la “nómina secreta”.

Según la defensa del acusado, la Gobernadora fue procesada por un Juez y se dictó auto de vinculación a proceso antes de las elecciones, y aún quedan pendientes otros expedientes por delitos relacionados con la corrupción.

Llega otro momento de consternación y vergüenza cuando se revela que quien tenía esa bolsa de recursos para distribuir entre diputados, dirigentes políticos e incluso obispos era el inefable exgobernador de los exgobernadores, César Duarte.

Es lamentable cuando todos descubren que, a pesar de haber sido acusado y detenido en Estados Unidos, César Duarte fue puesto en libertad por la Jueza  encargada de su caso sin haber establecido ninguna medida de seguridad o restricción, más allá de presentarse quizás cada mes ante la autoridad judicial. El Gobernador Duarte se pasea con total libertad por las calles, restaurantes y lugares de esparcimiento de la ciudad de Chihuahua.

Es desolador ver cómo el escándalo en los altos niveles del Gobierno del estado de Chihuahua salpica en todas direcciones, y es aún más desalentador cuando Javier Corral acusa a la Gobernadora, Marucampus, de intentar evitar que él asuma su cargo como Senador en los próximos días.

Y las promesas de mantener buena relación y coordinarse con la federación de la Gobernadora se volvieron polvo cuando al día siguiente se trata de actuar policialmente con armas incluidas en el territorio natural de la Presidenta Electa, otros 6 años en que Chihuahua va a tener que rascarse con sus propias uñas, que ya no quedan, para resolver los grandes problemas del estado. Porque para quienes mandan lo más importante es cobrar venganza que gobernar para bien de los avergonzados habitantes de esta ciudad.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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