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María Rivera

17/08/2023 - 12:01 am

El horror que no cesa

Nadie, ningún mexicano ni mexicana, tendría que morir asesinado y después de su muerte, sufrir el horror sin palabras al que someten sus cuerpos. Nadie debería estar debajo de la tierra, sin nombre.

Ceremonia de despedida y funeral de Viviana, Daniela y Paola, jóvenes desaparecidas el 25 de diciembre de 2022 y localizadas 19 de enero de 2023 en una fosa en la comunidad de Víboras, Tepetongo, Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

¿Qué podemos hacer o decir ya, querido lector, frente al horror criminal que asedia a México desde hace tres lustros? Gobiernos y partidos vienen y van y la situación no se resuelve. Tenemos un problema muy serio. México tiene un problema muy serio. Todos tenemos un problema muy serio. No es una novedad decirlo, lo sabemos desde hace años. Las personas desaparecen o son asesinadas, año tras año, sin que el fenómeno criminal pueda ser contenido. Errores en las estrategias, falta de voluntad política, malos diagnósticos, corrupción, todo eso junto, seguramente.

La idea de que los asesinatos y desapariciones son responsabilidad exclusiva del gobierno federal campea estos días, como campeaba cuando López Obrador era oposición y Calderón gobernaba. Sin embargo, esta reducción no nos sirve para entender lo que ocurre en el país, como no servía antes. La complejidad del fenómeno es mucho más profunda, porque no basta con que las fuerzas federales no asesinen a mansalva o que el encargado de la seguridad del país no sea un narco, como lo era García Luna, para evitar el baño de sangre.

La verdad, lisa y llana, es que todos los gobiernos donde opera el crimen organizado, empezando por el municipal, el estatal, y el federal, tienen responsabilidad en lo que ocurre en el país. La corrupción y complicidad de las autoridades es la única explicación posible para lo que hemos visto y documentado en México, desde hace años. No es posible que un grupo asole una región, secuestre a cientos de ciudadanos, los asesine y los exhume en brechas, sin que alguna autoridad local esté al tanto y haya sido comprada para dejarlos operar. Lo vimos en Tamaulipas en el año 2011 lo vimos en Iguala, con el caso de los alumnos de Ayotzinapa. Los criminales se convierten en autoridad y la autoridad en crimen organizado. Así, los grupos criminales operan con impunidad porque corrompen a las autoridades, empezando por las municipales de las regiones donde operan. Surge después toda una trama de complicidades estatales y federales por la que corre mucho dinero y en la que la vida de las personas se desvanece. Políticos, funcionarios, policías, ministerios públicos, jueces suelen estar involucrados.

Tenemos por ello, un gran problema, que mientras se aborde como un fenómeno concerniente a un solo gobierno, para hacer proselitismo político, seguirá cobrando la vida de mexicanos. Un día, encendiendo los focos rojos y la indignación en una región, como Jalisco, otro día en Veracruz, otro en Guanajuato. Porque la realidad es mucho peor de lo que imaginamos o queremos reconocer. Por ejemplo, es evidente que el gobierno federal –del signo político que sea- no puede contener toda la violencia porque le atañe, esencialmente, a las autoridades de los estados. Si las sacamos de la ecuación no habrá manera de enfrentar al crimen organizado, porque éste siempre contará con la anuencia de quienes, en principio, tendrían que contenerla, quienes conocen el fenómeno preciso, particular, de la delincuencia. Solemos pensar que son como hongos que aparecen un día aquí y otra allá: no es así. Son fenómenos que las autoridades locales conocen y en los que participan.

Es importante esto porque si no lo enfocamos correctamente, al tratar de entender el fenómeno, pensaremos, mágicamente, que la violencia cederá por la voluntad del Presidente en turno, gracias a la mano dura, o a los abrazos. No, la única manera que tenemos de entender la violencia es viéndola fijamente en donde sucede ¿quién gobierna ese municipio? ¿quiénes son los policías municipales? ¿quién el gobernador o gobernadora? ¿quién es el funcionario encargado de la seguridad de esa región? ¿cómo interactúan las fuerzas federales? Claro, cuando las masacres se descubren y atraen la atención nacional, el fenómeno se desdibuja para convertirse en propaganda política. Pero para que esas masacres se hayan podido perpetrar necesariamente tuvo que haber autoridades que permitieron la operación de grupos criminales, autoridades omisas ante la información sobre actividades criminales.

Si miramos a la violencia de esta manera, podemos pensarla, y conocer su origen. Si, en cambio, la usamos como arma política partidista, no solo no entendemos qué tan extendido está el cáncer, tampoco podemos saber cómo atacarlo.

Es un avance, sin embargo, que el Gobierno federal en materia de seguridad, no esté encabezado por un capo. O que no se utilice al ejército para masacrar civiles, como sucedía en el Gobierno de Calderón o en el de Peña. Pero claramente, esa política es insuficiente, está coja. El sexenio está por terminar, López Obrador se irá a su rancho, y los grupos criminales se quedarán en el mismo sitio, asesinando, desapareciendo, cometiendo horrores sin nombre.

No sé, querido lector, si la solución tendría que ser un gran pacto nacional de los partidos políticos para combatir al crimen organizado. De todos los candidatos y de todos los funcionarios. Una organización que trascienda las diferencias y ponga por encima de cualquier interés la vida de las personas, la justicia para las víctimas.

Porque el horror del narcoestado que ha permitido atrocidades como las que hemos conocido estos días, habla con elocuencia de que nuestro país sigue enfermo, mortalmente enfermo. Mientras grupos de criminales sigan actuando impunemente contra la vida de los demás, este país seguirá enfermo. Todos los gobiernos y todos los partidos políticos que gobiernan este país tienen una responsabilidad en las masacres y desapariciones porque no hay uno que se salve de gobernar estados y municipios donde se están cometiendo atrocidades. Las autoridades de Jalisco, las autoridades de Veracruz, las autoridades de Guanajuato, el Gobierno federal. Nadie, ningún mexicano ni mexicana, tendría que morir asesinado y después de su muerte, sufrir el horror sin palabras al que someten sus cuerpos. Nadie debería estar debajo de la tierra, sin nombre. No debería haber madres escarbándola en busca de sus hijos. Ningún grupo de jóvenes tendría que ser secuestrado. No debería haber retenes criminales en los caminos. No, las autoridades deben ser investigadas, todas. Ese debería ser el tema de conversación. Eso tendríamos que estar discutiendo ahora: el horror que no cesa.

María Rivera
María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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