Lo que está en juego en la construcción o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es la palabra empeñada de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo, a los opositores al proyecto y la erogación de 100 mil millones del presupuesto de 2019 por indemnizaciones y pagos por su cancelación, dice en entrevista el reconocido economista Raymundo Tenorio Aguilar.
Continuar o no con el proyecto de Enrique Peña Nieto es “un asunto complicado y difícil que heredamos y que tenemos que enfrentar”, dijo hoy el tabasqueño en la conferencia de prensa donde dio a conocer el dictamen técnico sobre la viabilidad de la obra.
Para el economista Tenorio Aguilar el asunto es político y no económico: en la inversión del NAIM sólo el 11 por ciento proviene de las arcas públicas, el resto son fondos de pensiones, sociedades de inversión e inversiones de empresas.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República Electo, repitió en al menos tres ocasiones durante la conferencia de prensa que ofreció este viernes que el tema de la construcción o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) era “complicado y difícil”: la realidad es que el futuro mandatario tiene que decidir entre continuar con la obra de Enrique Peña Nieto, actual Presidente de la República, o pagar 100 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2019 por su cancelación.
Aunque el tabasqueño afirmó que la decisión sobre la construcción o no de la obra llevará tiempo “porque implica la erogación de importantes recursos públicos”, la verdad, dijo Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, es que la inversión pública en el proyecto significa sólo el 11 por ciento del costo total, pues el resto proviene de inversión privada.
“El Grupo Aeroportuario [de la Ciudad de México] tiene recursos públicos que representan el 11 por ciento. El Licenciado hace ver que son recursos públicos todo, no es cierto: el 89 por ciento restante son fondos de pensiones, sociedades de inversión, inversiones de empresas. Lo que sí costaría al Gobierno es cancelar el proyecto, porque tiene que indemnizar a todos esos inversionistas que tienen invertidos ahí más de 100 mil millones de pesos”, argumentó el economista.
Tenorio Aguilar explicó que la erogación de esos 100 mil millones de pesos –que de acuerdo con el dictamen técnico presentado esta mañana se deben pagar por cancelación del actual contrato, 60 mil de obras realizadas y 40 mil por gastos no recuperables de contratos firmados–, saldrá directamente del erario.
“Sí, porque tiene que pagar bonos, indemnizaciones, cancelación de contratos, porque el contrato del Grupo Aeroportuario dice que el Gobierno federal, de cancelar el proyecto, tiene que indemnizar todo lo que han invertido”, dijo el economista.
De acuerdo con el documento titulado “Informe al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las opciones posibles para la solución del problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” disponible en línea en la página personal del Presidente electo, el costo del NAIM se elevó de manera “desproporcionada” de 169 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos en la primera fase (tres pistas, una termina y servicios).
El incremento según el GACM, dice el informe, se debe a que se tratan de los mismos 13 mil 300 millones de dólares de 2014, y el presupuesto incluye todas las obras dentro del polígono del aeropuerto.
El documento realizado por expertos para el equipo de AMLO muestra un desglose de las inversiones realizadas hasta el momento: 60 mil millones de pesos por obras realizadas, y comprometidos, aunque no desembolsados, 120 mil millones y por comprometer 105 mil millones de pesos.
“Se han obtenido recursos por 197 mil millones de pesos, producto de las siguientes fuentes: 119 mil millones de pesos de un bono de seis mil millones de dólares garantizados con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del actual aeropuerto y en su momento del nuevo; 30 mil millones de pesos a través de una Fibra E, también garantizada por la TUA; 20 mil millones de pesos de una línea de crédito aún no ejercida de Banobras, y 28 mil millones de pesos de recursos fiscales”, dice.
Y hay una liquidez de 139 mil millones de pesos que permitirían continuar con las obras. El documento indica que “en vista de que el mecanismo financiero establecido se basa en el flujo de la TUA y de los remanentes de ingresos por servicios aeroportuarios del actual aeropuerto, y en su caso, del nuevo aeropuerto, se considera que no sería necesario aplicar recursos fiscales para su conclusión, independientemente de la fecha la misma”.
Pero aclara que “en todo caso si se estima conveniente, se podría recurrir al concesionamiento parcial o total del aeropuerto y su operación. Independientemente de lo anterior, si se opta por continuar con el NAIM, será importante revisar los costos de construcción pendientes y aplicar un programa radical de ahorro y reducción del gasto”.
De cancelar, sobre los 100 mil millones de pesos que se pagarían, el informe especifica que “implicaría negociaciones con acreedores y contratistas y costos que tendrían un impacto considerable en el presupuesto 2019, por aceleración en el pago de los compromisos financieros”, además de un “posible impacto negativo en los mercados financieros”.
DISYUNTIVA: CUMPLIR O NO CUMPLIR PROMESAS
Para el economista Raymundo Tenorio el asunto de la construcción o no del nuevo aeropuerto es político.
“La estrategia política del licenciado López Obrador le salió tal y como él esperaba: arrebatarle el proyecto al actual Gobierno. En términos legales no está haciendo lo correcto, porque todavía no está en funciones, pero bueno aunque son decisiones inconstitucionales, lo hizo suyo y es eso de pasar la voz al pueblo es populismo puro y llano. Aclaro no soy ‘antiAMLO’, pero en esto, no estoy de acuerdo con él”, dijo.
Tenorio Aguilar precisó que López Obrador recurrirá a la consulta pública para “zafarse de los compromisos que hizo con los machetes de San Salvador Atenco y todos aquellos con los que hizo un compromiso de dar para atrás el aeropuerto y que votaron por él de esos 30 millones de votos”.
La cancelación del NAIM fue una de las promesas que el tabasqueño realizó en varias ocasiones durante su campaña; una de las más polémicas de sus propuestas.
“Es la mejor forma, la mejor estrategia política. Ayer hizo compromisos con los empresarios para sacar adelante ese proyecto. Lo que quiere es zafarse del compromiso que hizo con San Salvador Atenco y con los ecologistas. Quiere salvar el pellejo. Es una estrategia política. Él ya decidió que el aeropuerto va para adelante, pero no lo va a decir él, lo va a decir en voz del pueblo[…]. Que no sea engañabobos. Ofende la inteligencia. Al menos que no ofenda mi inteligencia, la de Raymundo Tenorio”, agregó.
Hoy López Obrador dijo que había que hacer a un lado la “concepción elitista de que nada más la clase política y los expertos son lo que deciden”.
“Para que todos decidamos sobre este importante asunto de interés nacional. Lo puedo resumir con las palabras del Quijote [Don Quijote de la Mancha], parafraseando al Quijote: llamo al pueblo de México a que nos ayuden a desfacer entuertos, que nos ayuden a resolver sobre este asunto, complicado, difícil. Que heredamos pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible”, dijo el tabasqueño durante la presentación del dictamen técnico.
López Obrador agregó que “lo que no aceptamos es una camisa de fuerza. Es muy complejo el tema. Tenemos vocación democrática y no estamos sometidos a intereses creados, nada más reconozco lo que dice el pueblo”.
En cuanto a la ruta que seguirá el tema de la consulta el Presidente electo informó que el próximo lunes 20 de agosto le entregará los documentos del dictamen al Presidente Peña Nieto y se le solicitará su ayuda para el consulta que planea.
El 5 de septiembre se recibirán las opiniones de diversos actores de la sociedad, mientras que el 8 de septiembre se informará sobre las opiniones recibidas y se anunciarán las bases de los foros de discusión.
Entre septiembre y las tres primeras semanas de octubre se llevarán a cabo los foros, se informará a la población a través de distintos medios de comunicación sobre las dos opciones y la última semana de octubre se realizará la consulta.
