Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.
Paz informó que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio a la ropa localizada en dos autobuses donde se transportaban los normalistas esa noche en Iguala. Los miembros del GIEI se encuentran preparando actualmente a los padres de los normalistas para la identificación de las prendas, a casi un año de los hechos.
Mediante un comunicado de prensa se informó que el 29 de junio, el GIEI encontró en el expediente que en fecha 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos.
“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”.
Las prendas, a las que se refieren los expertos, no contenían huellas de sangre.
Sobre la solicitud de entrevistar a los 26 miembros del 27 Batallón del Infantería del Ejército, a dos semanas de que concluya el mandato de los expertos, recibieron como respuesta que enviaran un cuestionario, propuesta que rechazaron.
Los expertos también informaron sobre la existencia de unos videos del día en el que desaparecieron los jóvenes en Iguala y que posiblemente fueron destruidos. Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de Iguala.
“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el Grupo en el comunicado de prensa.
El Grupo solicitó a las autoridades que se realice una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, la cual deberá ser por los peritos independientes de Argentina. La razón es que no se evaluaron varias lesiones del rostro y fracturas craneales.
El Grupo de Expertos informó que su mandato concluye el 6 de septiembre, pero que solicitarán a la CIDH una ampliación de su mandato en México de seis meses más.
En junio pasado, el Grupo de Expertos denunció el retraso del Estado mexicano para facilitar las entrevistas a elementos del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, solicitadas desde hace tres meses. Ángela Buitrago, experta del GEI, dijo que el día de ayer el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.
“Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, dijo el Grupo mediante un comunicado.
Además, los expertos de la CIDH anunciaron hoy que sobre la petición de entrevistar a 26 militares del batallón con sede en Iguala, los cuales, según familiares de las víctimas, pueden estar vinculados con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, el Estado señaló que la solicitud debe ser atendida en el marco del proceso penal.
El grupo interdisciplinario aceptó en un primer momento, siempre que pudieran acompañar y sugerir preguntas durante la declaración, pero el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las preguntas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.
“No vamos a entregarles el cuestionario, no tendremos control de cómo ni qué responden”, dijo el experto chileno Francisco Cox, en una rueda de prensa en el marco de la quinta visita del grupo interdisciplinario a México por el caso Iguala.
