A treinta años de haber sido despojados de su patrimonio mediante una requisa ordenada en 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la zona portuaria de Veracruz –una de las más importantes del mundo– se convirtió en un jugoso negocio de políticos y empresarios que se confabularon para desplazar al Sindicato de Maniobristas, cuyos socios e hijos ahora piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador que les restituyan sus edificios, cuentas bancarias y la fuente de trabajo que les arrebataron y que desde entonces –aseguran– explotan tres empresas cuyos manejos no son transparentes.

Esta lucha legal y política emprendida por los socios sobrevivientes –la mayoría han fallecido– ha derivado en una batalla no sólo frente al Gobierno, que los desoye, sino en pugnas intersindicales ahora que surgió otro sindicato de maniobristas, éste encabezado por René Bustos Vilorio, quien fundó la organización incluyendo 40 muertos –sólo cuenta con 27 socios vivos– y sin representar a obreros portuarios, pues el único contrato colectivo con el que cuenta lo firmaron con una empresa veterinaria localizada en el municipio de Tlalixcoyan, cuya sede es una casa en ruinas. Aun así, las autoridades le otorgaron la llamada toma de nota como sindicato y su dirigente ha sido recibido, incluso, por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien acudieron para impulsar la devolución bienes que no les corresponden.

Además, con contubernio con el Diputado de Morena, Julio Carranza –quien ha repartido dinero para impulsar a Bustos Vilorio– ha ejercido presión ante la Secretaría de Hacienda para conocer el monto de recursos que contienen las cuentas del verdadero sindicato de maniobristas, pues pretenden disponer del dinero sin ser los verdaderos dirigentes sindicales de los trabajadores portuarios. El que representa René Bustos es un sindicato apócrifo que se “colgó” del movimiento original para sacar provecho de las circunstancias, pues el líder auténtico del gremio es Gilberto Tejada Delgado, quien fue elegido por los legítimos socios del sindicato de maniobristas que, hasta 1991, operaban la empresa Servicios Portuarios de Veracruz S.A de C.V.(Serpover).

El despojo

La empresa Servicios Portuarios de Veracruz fue fundada en los años setenta. En su etapa de esplendor llegó a tener más de 850 agremiados que formaron el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima y del Comercio de la Ciudad de Veracruz. Sus agremiados eran socios de Serpover, una de las compañías más rentables de entonces.

Aquel gremio cobró fama por su bonanza. Los socios maniobristas eran personajes que ganaban mucho dinero. Lejos de lo humano, la ostentación era su rostro. Cobraron fama porque no trabajaban: subcontrataban a obreros –los llamados “Cuijes”–que realizaban el trabajo pesado en la zona portuaria, mientras sus jefes –los socios– cobraban millones y pagaban sueldos miserables a sus peones, generándose así una suerte de explotación deshumanizada.

Válido o no, con este argumento –que en parte era real– el Gobierno de Carlos Salinas ordenó una requisa en 1991 mediante la cual desplazó a los socios de Serpover y del sindicato de maniobristas de todas las tareas de carga, descarga y maniobras en general del puerto de Veracruz. Les quitó el jugoso negocio, dando paso así a la creación de tres empresas en las que algunos políticos se aprovecharon de las circunstancias para convertirse en socios de lo que en ese tiempo denominaron “la modernización portuaria”.

Aquella medida no estuvo exenta de abusos e ilegalidades: los entonces dirigentes sindicales fueron citados en la ciudad de México y terminaron secuestrados. Alejandro Pulido Cueto, representante legal de los agremiados maniobristas, asegura que el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, los amenazó con subirlos a un avión y aventarlos al mar si no cedían sus propiedades, entre otras, la fuente laboral, los bienes sindicales –cuentas y edificios– y no les quedó otra alternativa más que celebrar una asamblea para ceder todo su patrimonio y asumir aquel despojo como una acción legal.

Paralelamente, la Secretaría de Hacienda realizó auditorías tanto a Serpover como al sindicato de maniobristas; les inventaron un fraude fiscal al no pagar impuestos –lo que Pulido Cueto asegura que era falso porque siempre cumplieron con esas obligaciones– con lo que el Gobierno se apropió de varios inmuebles y de las cuentas bancarias que el sindicato disponía en diversos bancos. En aquel tiempo, tan sólo una de las cuentas del sindicato, había un saldo de mil 100 millones de viejos pesos, unos cien millones de ahora.

A través de Roberto Ríos Ferrer –yerno de Andrés Caso Lombardo y en 1991 representante del Gobierno federal en la implementación de la requisa –y Hugo Cruz Valdez, otro representante gubernamental responsable de la parte jurídica–crearon una comisión liquidadora del sindicato de maniobristas, pero violaron la ley: no celebraron la asamblea extraordinaria de rigor para que por mayoría se aprobara la llamada comisión liquidadora, la cual se conformó mediante un poder general que, se dijo, otorgaron la mayoría de los socios sin que estuvieran presentes, según la ley, el 50 por ciento más uno. Además, se detectaron firmas apócrifas, señal de que en medio de las prisas oficiales hubo alteración de documentos.

Negocio de políticos

Tras la desintegración de Serpover, el Gobierno federal dio pie para la creación de tres empresas que se hicieron cargo de todas las maniobras portuarias, en las que se colaron agentes aduanales y políticos que actualmente están vigentes en el escenario nacional que, a través de este negocio, obtienen millonarias ganancias. Estas son CTV, Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE) Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE).

De acuerdo con el abogado Alejandro Pulido Cueto, al constituirse tales empresas “nos robaron toda la maquinaria que pertenecía a nuestra empresa y con la cual diariamente realizábamos el arduo trabajo que nos permitió convertir a Veracruz como el principal puerto de América Latina”.

–¿Quiénes son los empresarios y políticos que se asociaron y que desde 1991 usufructúan el negocio portuario en Veracruz? –se le pregunta al representante legal de los trabajadores maniobristas.

–Muchos de esos políticos están incrustados en la empresa ICAVE (Internacional de Contenedores de Veracruz) y son Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Dante Delgado (en ese tiempo era gobernador de Veracruz) Ángel González Rul (quien fue director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver), Roberto Ríos Ferrer, Andrés Caso Lombardo y Arsenio Farell Cubillas, éste último era el Secretario del Trabajo durante el Gobierno de Salinas de Gortari. Además, se sumaron agentes aduanales, una cauda de corruptos metidos en negocios sucios.

Pulido Cueto asegura que este grupo tiene secuestrado todo el negocio portuario en Veracruz desde 1991, son los responsable de poner y quitar a los directores de Apiver, a quienes manejan a su antojo.

Es el caso, dice, del director actual, Miguel Ángel Yáñez Monroy, quien obedece órdenes de la empresa ICAVE y de su director, Jorge Lecona, éste último, recuerda, un personaje que hace algunos años estaba en bancarrota y ahora es multimillonario gracias a este negocio fraguado desde el poder político. Monroy es un empleado de este grupo. Antes estuvo en el puerto de Tuxpan como gerente de operaciones, siempre a las órdenes de Lecona. Ambos son piezas clave de los políticos asociados. 

De acuerdo con la información de que se dispone, la empresa ICAVE se asoció en 2012 con el consorcio chino Hutchinson Port. Este grupo extranjero adquirió el 48 por ciento de las acciones de ICAVE. El negocio que realizan sus socios es tan boyante que tan sólo en 2012 obtuvieron ganancias por 569 millones de dólares

–¿Cómo llegó Yáñez Monroy a la dirección de la API en Veracruz?— se le inquiere al representante legal de los maniobristas.

–Fue un acuerdo entre Jorge Lecona y Héctor López, coordinador de Puertos y Marina Mercante. Monroy es el que maneja todos los contratos de obra y él decide a qué empresas otorgárselos, los beneficiados siempre son incondicionales suyos. En el área de Puertos y Marina sigue enquistado Hugo Cruz Valdez. Es Director General Adjunto de Análisis Jurídico y Enlace Institucional. Este personaje fue el que validó legalmente la requisa en el sexenio de Carlos Salinas y el expresidente es el jefe de todos ellos, es la cabeza que maneja gran parte del negocio portuario en Veracruz.

–Desde el punto de vista laboral, ¿cómo opera ICAVE?

–Explota mucho a sus trabajadores. Una política que han puesto en operación es que incorpora a profesionistas a realizar prácticas, las explota un tiempo y luego las desecha. El sindicato permite de todo, es un gremio charro, se trata del sindicato de Coca Cola, cuyos dirigentes están alineados con la empresa.

Sobre la otra empresa CICE, que dirige Manuel González Cueto –quien se ha vuelto millonario y compra propiedades al por mayor en Veracruz– se asegura que dicha compañía no paga cuotas obrero-patronales y, lo peor, es que el aguinaldo que paga a sus empleados se los descuenta del salario que le paga. Si Hacienda los investigara hallaría muchos fraudes en esta compañía.

La influencia de los políticos asociados en ICAVE ha hecho posible que ésta empresa sea la única que en la zona portuaria de Veracruz cuenta con un privilegio que no goza ninguna otra: tiene “frente de mar”, una salida al litoral, un muelle exclusivo, lo que ha ocasionado malestar entre las otras empresas, CICE y CTV.

Pulido Cueto asegura que las negociaciones con el Gobierno federal están encaminadas, pero todavía no les resuelven respecto de la devolución de inmuebles y cuentas bancarias. La pandemia –dice– nos frenó un tiempo, pero hemos retomado la lucha.

Ante la falta de atención en Gobernación y en Hacienda, los agremiados maniobristas han parado las actividades portuarias en un par de ocasiones. Sólo así, mediante la fuerza y el escándalo, el gobierno los ha atendido en sus demandas.

Pulido Cueto confía en la honestidad del presidente y en su palabra empeñada. Él ha dicho que este problema se va a resolver y confiamos en ello. Necesitamos que nos devuelvan nuestros bienes y la fuente de trabajo que actualmente explotan políticos y empresarios que, en 1991, estuvieron ligados al régimen salinista, quienes hoy son los verdaderos dueños de la actividad portuaria en Veracruz.

El puerto de Veracruz, de acuerdo con informes de la DEA, es una de las terminales portuarias más boyantes en el tráfico de drogas, armas y precursores químicos. En este negocio están implicados algunos agentes aduanales, cuyos nombres ya dispone la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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