Los hermanos de Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, y Graco Ramírez Garrido Abreu, actual mandatario de Morelos, ocuparon delegaciones federales en el periodo en que ambos coincidieron como gobernadores: Carlos Mateo Aguirre Rivero fue director general en la SCT de Morelos en 2013 y Jaime Francisco Ramírez Garrido, nombrado ese mismo año, fue delegado federal en Guerrero del INM.
Ambos mandatarios llegaron a esas gubernatura bajo las siglas del PRD. El ex mandatario de Guerrero dejó el partido y el cargo tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y al actual titular del Ejecutivo de Morelos se le ve como un personaje cercano al PRI y al Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, aseguró este lunes que el nombramiento del hermano no salió de su dependencia, sino se dieron por la recomendación directa del Gobierno de Morelos.
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Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– La tragedia del Paso Exprés no sólo puso de manifiesto prácticas recurrentes en la construcción de obra pública: recursos millonarios sin justificar, obras a medio terminar y con costos sumamente mayores que el presupuestado en un inicio, ahora también nombramientos que muestran nepotismo y perfiles no adecuados para los cargos salen a relucir.
El hasta hace unos días titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, tiene entre sus empleos previos el sector de la energía renovable y los residuos sólidos, así como un puesto directivo en el corporativo de enseñanza del idioma inglés en Harmon Hall.
Él sustituyó en el cargo a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien estuvo preso por el desvío de más de 280 millones de pesos del erario federal y estatal. Aunque meses después fue absuelto por falta de pruebas.
Al mismo tiempo, Jaime Francisco Ramírez Garrido, hermano del actual Gobernador de Morelos, fue designado como delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en la delegación de Guerrero.
Cuestionado al respecto esta mañana en Televisa, el titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza le echó la pelota a Graco Ramírez. Aseguró que estos nombramientos se dieron así, con el visto bueno del Gobernador de Morelos:
"Me llama la atención el punto de vista de el gobierno local, los dos fueron propuestos, insistentemente y al nivel más alto, por parte del Gobernador del estado y del gobierno local, por eso estuvieron ahí, por la gestión del propio gobierno [...]. Al inicio cumplían con los requerimientos para ocupar poder el cargo, fueron designados efectivamente por la SCT, pero fueron designados por recomendación del Gobierno local los dos delegados a los que la SCT no conocía si no fue por el Gobierno local".
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LOS HERMANOS Y EL DELEGADO INCÓMODOS
Jaime Francisco Ramírez Garrido, quien tiene formación en Administración de Empresas, aparece con una plaza en el Instituto Nacional de Migración como Delegado Federal en Guerrero y en el puesto de Dirección General Adjunta, donde goza de un sueldo de 113 mil 588 pesos mensuales, ayuda para despensa, apoyo económico para pagar su celular, entre otras prestaciones.
Antes estuvo en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), luego en la Comisión Federal de Electricidad y finalmente en el Departamento del Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa.
Luego saltó al INM en la delegación regional de Guerrero, que dejó para trabajar en el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en la Dirección de Planeación.
Pasó de ahí al Gobierno de Estado de Michoacán donde fungió como asesor de 2004 a 2008.
En su declaración de intereses no coloca la información referente a su hermano.
Carlos Mateo Aguirre Rivero, tiene tres declaraciones en el Catálogo de Servidores Públicos dentro de la la SCT, una inicial, una modificación y una conclusión, pero las tres contienen lo mismo.
La primera es de 2013, en ella está como Director General en la SCT de Morelos. De acuerdo con el documento es Ingeniero Mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Su experiencia laboral inició en 1988 en Servicios Estatales de Salud; pasó de 1997 a 1999 al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y luego, de 2011 a 2012, fue Coordinador General del Ejecutivo Estatal y del Comité de Planeación del Gobierno del Estado de Guerrero.
No aceptó declarar sus bienes patrimoniales ni tampoco publicó sus posibles conflictos de interés.
Sin embargo, en 2015 se le acusó del desvío de 287 millones 012 mil 594 pesos de dinero federal y estatal a través de un contrato de obra pública y de cuentas bancarias, causas por la que fue retenido en el Reclusorio Preventivo Sur, pero fue puesto en libertad porque la PGR no encontró pruebas que lo declararan culpable.
José Luis Alarcón Ezeta fue quien sustituyó a Aguirre Ribero al frente de la SCT en Morelos. En ese puesto goza con un salario mensual de 119 mil 670 pesos, un seguro básico, de retiro y de separación. También goza de prima vacacional, de antigüedad, gratificación de fin de año, pagas de defunción, ayuda par despensa, vacaciones, IMSS, Infonavit, Ahorro solidario y vehículo.
De acuerdo con su última declaración –que subió apenas en mayo de este año–, es Ingeniero Civil por la Universidad Iberomericana y es maestro en Energía, Tecnologías del medio ambiente por la City University London.
Declaró haber tenido tres puestos. En el primero, de 1993 a 2001 fungió como Analista de precios y Supervisor en GIPC Constructores.
Luego, de 2001 a 2010, fue el Director General, Director Administración y Director de Imagen Corporativa en Harmon Hall.
Dice que su función principal ahí fue la implementación de un nuevo modelo operacional y el plan de negocios en 120 unidades de franquicias.
El último puesto lo tuvo de 2012 a 2014 en Cava Energía /Acurate-Capital, donde fue Asesor de Negociaciones, Energía Renovable y Residuos Sólidos.
A pesar de la naturaleza de sus tres empleos declarados, decidió no hacer pública su declaración de conflicto de intereses.
Tampoco la de bienes patrimoniales.
EL SECRETARIO INTOCABLES Y EL SOCAVÓN
La tragedia ocurrida en el Paso Exprés puso bajo la lupa al Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien ha acompañado a Enrique Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de México.
Ruiz Esparza también está envuelto en los escándalos por presunta corrupción de la constructora OHL México, y en la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya concesión era de una filial de Grupo Higa, recordada por la “casa blanca”.
Dos personas murieron por la madrugada del pasado 12 de julio. Juan Mena Romero, de 33 años, y Juan Mena Ruiz, de 65. De acuerdo con los peritajes citados por medios de comunicación, padre e hijo murieron por asfixia luego de que el auto en el que viajaban quedara atrapado en la falla de la carretera y no de manera inmediata por el impacto del auto.
Ruiz Esparza culpó a las lluvias de los últimos días por el enorme hueco que se abrió en la vía de Cuernavaca, Morelos.
Las criticas cayeron de inmediato en contra del funcionario, pues hace apenas tres meses junto al Presidente Enrique Peña Nieto lo presumieron con videos de recorridos en helicóptero y auto, aunque no es una vía nueva pues sólo se le amplió de 21 a 36 metros de ancho en 14.5 kilómetros para albergar 10 carriles. Se cambió de asfalto a concreto hidráulico, material que garantizaba “una durabilidad de más de 40 años”, en palabras de la Secretaría de Comunicación y Transportes.
Ruiz Esparza ha negado en reiteradas ocasiones que no renunciará a menos que el Presidente se lo pida. Aunque los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo exigieron e incluso ya interpusieron demandas penales en contra de él.
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Las criticas arreciaron posteriormente cuando Ruiz Esparza dijo que la familia Mena había sido indemnizada por el "mal rato que pasaron". El Presidente sólo se ha limitado a decir que no hará "juicios anticipados" sobre la tragedia.
Los Gobierno de Morelos, Protección Civil estatal y de Chipitlán alertaron previamente sobre los desperfectos en la vía, pero fueron ignorados.
La obra en sí es un escándalo. El año pasado la Auditoria Superior de la Federación advirtió, en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades por alrededor de 300 millones de pesos en el Paso Exprés. Para esta obra existía la posibilidad de que la SCT recuperara 270.5 millones de pesos y debía aclarar en que usó otros 31.8 millones de pesos.
Además, el precio se duplicó al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos y se inauguró con cuatro meses de retraso.
“Si con auditorías se detecta que hubo en algún momento una falla, omisión o no hubo suficiente diligencia o eficiencia, se tendrá que actuar en consecuencia”, aseguró el Secretario de Comunicaciones y Transportes hace unos días cuando intentaba controlar el escándalo.
