Un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones se reunieron este lunes para dar un mensaje sobre el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye una serie de propuestas para que el cambio del país llegue por la “ruta institucional”; entre ellas, una discusión a fondo y una reforma constitucional que resulte en una fiscalía autónoma e independiente, así como recursos suficientes que garanticen el funcionamiento de los comités de participación ciudadana.
Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– En el sistema político mexicano no se observa “voluntad” para que funcione el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El primer año de la publicación de las leyes secundarias que le dieron a este nuevo grupo de instituciones se cumplirá mañana sin que el Gobierno federal ni el Congreso, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, hayan avanzado hacia la dotación de autonomía a la que deberá ser la Fiscalía General de la República y sin que haya siquiera un Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
El lugar de este fiscal especializado es una de las siete posiciones que forman parte del SNA y que, ante la falta de designación, será ocupado por el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Aguirre.
Pendientes están también, explicaron los activistas, los nombramientos de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo presidente ocupa otra de las siete sillas del nuevo organismo.
“No hay voluntad. Me queda clarísimo que hay enormes resistencias, hay algunos que están dispuestos, será que son los que tienen menos cola que les pisen, pero en general hay mucha resistencia, que se ha notado desde el principio”, dijo hoy Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“Creo que para ver la voluntad política necesitamos resultados: que se instale una Fiscalía General de la Nación, que de alguna manera supere los vicios de la PGR y que sea verdaderamente autónoma y dé pauta a una fiscalía autónoma en materia de corrupción”, coincidió Ana Cristina Ruelas, directora de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19.
Los representantes fueron entrevistados en la presentación de un posicionamiento conjunto en el que más de 30 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos advirtieron que, pese a las resistencias mostradas por “grupos políticos y funcionarios que se oponen al cambio”, la ciudadanía seguirá empujando para la concreción del sistema.
“Y aquí estamos; convencidos de que la exigencia social logrará terminar con la simulación y traerá una transformación profunda de nuestras instituciones públicas y vicios privados”, indica el posicionamiento de las organizaciones, leído por el actor Diego Luna durante un acto público en la librería Rosario Castellanos.
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En el texto, las organizaciones aludieron a los ataque “sin fundamento” que recibió el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente –la socióloga y politóloga Jaqueline Peschard– ocupará la única posición ajena a alguna institución política dentro del SNA y que, al mismo tiempo, lo encabezará.
“Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción”, indica el comunicado.
Los activistas aludieron también a la falta de avances en los estados que tienen hasta mañana para completar el entramado de leyes e instituciones que replicará el SNA a nivel local.
“Hemos identificado renuencia de algunos de los Congresos locales a trabajar con las organizaciones civiles y académicas de los estados mediante la figura de Parlamento Abierto; hemos visto indiferencia hacia mejores prácticas al momento de hacer nombramientos tanto del Sistema Anticorrupción, como de sus espejos en los estados; y, hemos atestiguado flagrantes atentados contra el derecho a la privacidad y libertad de expresión de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos”, indicaron.
El plazo para completar las instituciones, nombramientos y leyes que forman parte del nuevo entramado contra el uso del poder público para beneficio personal empezó a correr el pasado 18 de julio de 2016, con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que, explica el Instituto Mexicano para la Competitividad, “distribuye competencias y funciones” de cada órgano participante.
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El mensaje de las organizaciones incluye una serie de propuestas para que el cambio del país llegue por la “ruta institucional”; entre ellas, una discusión a fondo y una reforma constitucional que resulte en una fiscalía autónoma e independiente, así como recursos suficientes que garanticen el funcionamiento de los comités de participación ciudadana.
“Tenemos que avanzar en estos temas y otros más. Desde la prevención de la corrupción, pasando por la denuncia y la procuración e impartición de justicia, hasta la reparación del daño y la rehabilitación, es muy amplia la gama de cambios y mejoras que requiere tener un país más justo”, dice el posicionamiento.
“#VamosPorMás es una coalición amplia y plural que caminará con organizaciones civiles de todo el país y con aquellos funcionarios y legisladores que quieran aprovechar hasta el último día de esta administración federal para impulsar reformas y acciones; y buscará que cada día de los dos períodos legislativos restantes de esta Legislatura sean aprovechados al máximo”, agrega.
Entre las organizaciones firmantes están la Asociación de Bancos de México (ABM), Artículo 19, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Consejo Nacional Agropecuario, Fundar, México Evalúa, Red por la Rendición de Cuentas, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otros.
