Londres, 17 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que los partidarios del depuesto presidente de Egipto, Mohamed Morsi, detenidos por el Ejército no pueden ejercer sus derechos legales básicos y han sido maltratados por los militares.
En un comunicado desde su sede en Londres, la ONG alerta de las anormalidades del proceso de arresto en el que se encuentran inmersos centenares de detenidos desde el pasado 3 de julio, cuando un golpe militar terminó con el gobierno de Morsi tras tres días de multitudinarias protestas que pedían la dimisión del presidente.
Según AI, desde ese día, las autoridades egipcias no han respetado los derechos legales básicos de los detenidos, que sólo el 3 de julio ascendieron a 660 hombres en El Cairo, una cifra que posteriormente se amplió tras la masacre frente a la sede de la Guardia Republicana hace una semana, indican en el escrito.
La organización basa sus conclusiones en un informe publicado hoy que ha sido elaborado con testimonios de detenidos y abogados presentes durante los disturbios en Egipto, que se prolongan ya durante casi dos semanas.
Los detenidos que han hablado con AI aseguran haber sido golpeados mientras se encontraban bajo arresto, además de sufrir descargas eléctricas y “culatazos” de rifle.
“Las autoridades egipcias deben respetar el derecho a un proceso legal de aquellos que han sido detenidos durante las últimas dos semanas y afrontan acusaciones de incitación a la violencia. Las acusaciones de malos tratos deben ser investigadas con urgencia”, asevera la ONG en el comunicado.
Además de los presuntos golpes, AI destaca que, en un tiempo de “extrema polarización y división”, los militares nieguen información sobre el paradero y situación de los detenidos a sus familiares, lo que hace “temer” a la organización también posibles “desapariciones” de los procesados.
Pese a que la puesta en libertad de los centenares de sospechosos ha sido ya tramitada, los abogados consultados por AI afirman que un “número desconocido de personas” permanecen detenidas al no poder abonar la fianza, que oscila entre 140 y 700 dólares, y sin que sus familias sepan que ha sido de ellos.
Idéntica situación se produce con el depuesto presidente egipcio, cuyo paradero sigue siendo una incógnita, como recuerda la organización.
“Todo el mundo tiene derecho a un juicio sin importar lo que las autoridades piensen sobre su afiliación o preferencia política. Mohamed Mursi y su Gobierno, al igual que el resto, deben tener garantizado el acceso a sus abogados y familiares”, remarca.
AI recuerda en este sentido los preceptos básicos del derecho internacional e insta a las autoridades de Egipto a respetarlos, así como a investigar en profundidad las condiciones de los detenidos en relación con la masacre ante la sede de la Guardia Republicana, donde murieron 51 personas en choques entre islamistas y las Fuerzas Armadas. EFE
