El exgobernador priista podrá llevar el proceso penal que enfrenta por los delitos de peculado y asociación delictuosa sin estar en la cárcel, según la resolución de un Juez federal.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, podrá llevar en libertad su proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa, según resolvió este jueves un Juez federal al admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta por el detenido.
El expriista impugnó la resolución de un Juez de control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Humberto Chávez Allende, quien el pasado 5 de junio le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Tras la admisión a trámite del amparo, el Juez federal fijó la fecha del 26 de julio para que se lleve a cabo la audiencia en la cual decida si le concede a Duarte, quien actualmente está preso en el Centro de Readaptación Social Aquiles Serdán, la protección de la justicia.
EXTRADICIÓN DE DUARTE
Estados Unidos extraditó el pasado 2 de junio a México a César Duarte, acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público.
Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el Gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.
