¿Cuánto va a tardar el crimen organizado en tomar control del agua en nuestro país? La pregunta parece exagerada y más de alguno dirá apocalíptica. Yo mismo me siento incómodo solamente por plantearla, pero vamos en una ruta en la que estamos creando las condiciones para que suceda. Si hace 20 años hubiéramos dicho que el crimen organizado iba a controlar el territorio de municipios enteros, los mercados municipales, la minería, la obra pública o el cultivo de aguacate, hubiésemos dicho que eso no iba a ocurrir. Sin embargo, sucedió, porque creamos las condiciones para que sucediera.

Hay al menos tres elementos para no echar en saco roto la posibilidad de esta pesadilla. El primero, sin duda, es el avance del crimen organizado que, merced a una falta de continuidad y consenso de Estado en las políticas de seguridad, cada sexenio lejos de debilitarse se fortalece. Al final de este periodo de gobierno, si no hay un cambio radical en los próximos meses que permita al menos contener la criminalidad, el presidente entregará un Estado más débil y un crimen organizado más fuerte.

El segundo elemento es la debilidad institucional, particularmente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para efectos prácticos el organismo que debería controlar los acuíferos padece de inanición por los recortes presupuestales y no tiene dientes. Si a eso sumamos la incapacidad política desde hace varios sexenios para generar una legislación que responda a las necesidades actuales de gestión, lo que tenemos es una casi nula (el casi es una salvaguarda) gobernanza del agua.

El tercer elemento es la falta de políticas públicas en los tres niveles de gobierno en torno al agua tanto para las ciudades como para el campo. El ejemplo más patético es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que pide a sus gobernados que prendan veladoras para que llueva. Sin ser tan brutos en sus declaraciones, en la práctica el resto de los gobernadores, alcaldes y el gobierno federal apuestan a lo mismo y seguramente a escondidas clavan cuchillos en la tierra, danzan al cielo o caen de bruces ante San Isidro pidiendo que llueva. La falta de políticas públicas en materia de agua es la constante las últimas dos décadas.

La convergencia de estos tres elementos -control territorial del crimen organizado, debilidad institucional y falta de políticas públicas - generan las condiciones para una tormenta perfecta. En la medida que el agua se convierta en un bien escaso y mal regulado la posibilidad de que se desarrolle un mercado negro aumenta.

En algunos lugares del país, como las zonas aguacateras de Michoacán, hay “otros”, que no son las agencias del Estado, quienes deciden sobre el uso y el reparto del agua. ¿Cuánto va a tardar el crimen organizado en tomar control del agua en nuestro país? La pregunta parece exagerada y más alguno dirá apocalíptica, pero tristemente es pertinente.

Diego Petersen Farah

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