En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latina para imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.
El informe “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.
“La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley”, dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.
La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.
México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.
El estudio analiza 38 demandas en las que más de la mitad de las mineras tienen su domicilio en Canadá. Asimismo, la mayoría de estos casos los presentaron empresas de exploración que no cuentan ni con minas en operación ni con ningún otro proyecto minero, y realizan un último intento de extirpar millones e incluso miles de millones de dólares de gobiernos en la región a través del arbitraje supranacional sin importar si respetaron o no los reglamentos ambientales y mineros locales, y en casi todos los casos sin contar con el consentimiento de la comunidad para operar.
Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción.
Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos.
LAS DEMANDAS CONTRA MÉXICO
En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.
A principios de 2010, la empresa canadiense Blackfire Exploration amenazó con presentar una demanda contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por un monto de 800 millones de dólares luego de que las autoridades ambientales en el estado de Chiapas clausuraran la mina de barita La Revancha (Payback) en diciembre de 2009, al cabo de unos pocos días del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca.
De acuerdo con el estudio, todos los sospechosos del asesinato tenían vínculos con la empresa, pero aún no se ha hecho justicia.
Años más tarde, una solicitud amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información en Canadá reveló que la embajada de Canadá en México había asesorado a Blackfire Exploration sobre cómo iniciar una demanda, a pesar de que funcionarios del gobierno canadiense tenían un detallado conocimiento sobre las protestas con relación a la mina de barita de Blackfire, al igual que la criminalización, las amenazas y la violencia contra miembros de las comunidades que se habían pronunciado sobre los impactos de la mina, refiere el informe.
La empresa no llegó a materializar su amenaza de demanda y se disolvió en 2017.
Otro caso es el de la empresa canadiense Primero Mining (que First Majestic Silver compró posteriormente). En junio 2016, unas semanas antes de la Cumbre de los “Tres Amigos”, entre México, Canadá y los Estados Unidos, México recibió la notificación de intención de someter a arbitraje internacional la reclamación de la minera por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN luego de que la autoridad impositiva mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata.
Primero Mining era gravado sobre la base de sus ventas de plata a un precio muy por debajo del valor de mercado, conforme a un acuerdo con las autoridades mexicanas para el período entre 2010 y 2014. El precio por debajo del valor de mercado se remite al contrato entre Primero Mining y Silver Wheaton, a la cual le vende una parte de la plata proveniente de la mina San Dimas en Durango a través de una subsidiaria off-shore, es decir una subsidiaria ubicada en un paraíso fiscal. Luego, Silver Wheaton vende esa plata a un precio más elevado.
La empresa indicó que su amenaza con relación al TLCAN por un monto indefinido desembocó en un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas y que por esta razón había suspendido el procedimiento arbitral a marzo de 2018.
Otro caso ocurrió en septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del TLCAN (actualmente denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC). La empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN y con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.
La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano han impedido que la empresa explote dos predios.
El estudio indica que la empresa efectivamente presentó la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019, y el monto que reclama rondaría los 500 millones de dólares. En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Mineral Exploration entabló una notificación de intención de demandar a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en suelos marinos cerca de costas de Baja California Sur por la enorme cantidad de 3 mil 540 mil millones de dólares.
