El miércoles 15 nos congregamos víctimas, familiares, amigxs, organizaciones y periodistas en torno al memorial de Javier Valdez, periodista asesinado hace 7 años en Culiacán, Sinaloa. Sigue siendo sorprendente la capacidad de convocatoria que su memoria nos deja, obviamente gracias al tesón de su esposa, Griselda, y sus hijos.

En el trajín de las elecciones y el lodazal político, está la terca memoria de quienes no están, de quienes nos faltan a causa de la impunidad y la indolencia de la clase política.

Conmemorar a Javier es un atento recordatorio de que este país es un camposanto debido a los pacto criminales y que ninguna campaña, por más estridente que sea, puede hacer tal ruido que nos distraiga de la urgente necesidad de revertir la violencia que acaba con la vida de mujeres, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos,  personas postuladas a un cargo de elección popular y miles de jóvenes atrapados en esta lucha ciega y cruel por los mercados ilegales.

Javier retrató el México narco, pero sobre todo, a sus víctimas. Y en este país tomar partido por las víctimas es, en automático, convertirse en enemigo de los poderes fácticos y formales

Han pasado 7 años desde su artero homicidio y puede decirse que es de los pocos casos que hay avances en cuanto al procesamiento y sentencia a los autores materiales.  Sin embargo, el autor intelectual Dámaso López “el Mini Lic” no ha sido extraditado a México porque es testigo protegido en los Estados Unidos. Aun así, en pocos casos, excepcionales, se llega a identificar todos los niveles de autoría y participación en los crímenes contra la prensa, principalmente en asesinatos.

Eso no es razón para el triunfalismo sino para una pregunta muy puntual: ¿las fiscalías pueden y no quieren avanzar en procurar justicia? Parece que sí, pero dejan en las propias víctimas y sobrevivientes, así como en las organizaciones que las acompañan, la carga de empujar los procesos.

Hoy día el discurso tramposo del gobierno trata de desvirtuar las luchas visibilizadas poniendo motes como “víctimas VIP” representadas por “organizaciones con intereses (oscuros, faltaba más)”. Pero esa retórica no aguanta la prueba del ácido. Si no fuera por la visibilización pública, por la incidencia y diversas estrategias políticas, jurídicas y comunicacionales aparejadas, los casos estarían condenados al olvido. Pero incluso con esas estrategias no hay garantía alguna de que los casos avancen.

Tenemos como ejemplo que, debido a la presión social en ese fatídico mayo de 2017, el presidente en turno Enrique Peña Nieto convocó una reunión de gobernadores en calidad de urgente a fin de analizar e implementar medidas de seguridad para el trabajo de los periodistas en el país. Nada cambió. Desde el asesinato de Javier Valdez, Artículo 19 ha registrado 58 asesinatos de comunicadores, en posible relación con su labor. La tragedia continuó y el actual gobierno no hizo gran cosa para revertir la situación. De todas formas se mantienen vivas las voces de resiliencia frente a un Estado con deudas enormes en materia de derechos humanos.

En resumen, Javier nos recuerda ese México violento que arranca a nuestros hijos e hijas, sobre todo de las clases empobrecidas, de tajo, negándoles a ellas un futuro y destruyendo el proyecto de vida de quienes le sobreviven. También nos recuerda que exhibir esa violencia y los vínculos criminales de quienes la propician es un riesgo alto, incluso de perder la vida. Por último, deja claro que en el país donde campea la impunidad del 97%, no es posible exigir justicia , verdad y reparación sino en colectivo y con redes de solidaridad.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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