Algunos especialistas consideraron que el polémico Acuerdo que formaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, habría sido emitido con la finalidad de darles a los miembros del Ejército y Marina una certeza jurídica, porque el Gobierno ya está previendo una oleada y espiral de violencia.
Ciudad de México, 17 de mayo (Sin embargo). - La insistencia del Estado mexicano en continuar con la estrategia de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, "militarizar al país”, solo da muestra y pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para fortalecer a las policías civiles y formar cuerpos policiacos efectivos para combatir la crisis de violencia y la delincuencia, afirmaron especialistas en seguridad.
“Cuando un Estado recurre a las fuerzas militares para otros asuntos que no son de su competencia, quiere decir que el gobierno democrático no está funcionando; quiere decir que hay grandes vacíos de poder, que hay incoherencia y que el poder civil no está cumpliendo su responsabilidad en la seguridad pública, como se lo mandata la Constitución”, expresó el General José Francisco Gallardo Rodríguez, estudioso de temas de seguridad nacional y derechos humanos.
El pasado jueves 14 de mayo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el reciente Decreto que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2024, luego que –no solo la oposición– sino activistas, asociaciones y organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, mostraron su preocupación por el citado documento que significa la “institucionalización de la militarización”.
“Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario, y como no tengo problema de conciencia por eso puedo plantearlo; todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos”, expresó el mandatario nacional en su conferencia matutina, de acuerdo al medio EFE.
El abogado penalista y experto en seguridad, Ramón Celaya Gamboa, consideró que la decisión de mantener a la milicia en la seguridad pública, cuando no son sus funciones constitucionales y además no tienen la vocación esencial de realizar labores de policías, es por la “incapacidad de los políticos y los gobernantes para crear policías civiles adiestradas y con gran capacidad”.
Además, algunos analistas como Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), al igual que Ramón Celaya, consideran que el polémico Acuerdo –que en esencia no tiene grandes novedades, ni cambios – habría sido emitido para dar certeza jurídica a los miembros del Ejército y Marina, pues estiman que el Gobierno ya está previendo la oleada y espiral de violencia que se viene en el país.
“Mi lectura (sobre el Decreto) es que el gobierno está esperando una segunda mitad del 2020 muy complicada y muy violenta y se está preparando para ella”, expresó el también investigador de la Flacso México.
“El momento político que estamos viviendo es de gran violencia, de organizaciones criminales apoderadas haciendo actos de fuerza y repartiendo despensas en todo el país para mandar un mensaje y un reto al Gobierno. Entonces, el Gobierno tiene que echar mano de lo que tiene a su alcance para actuar, en este, caso el uso de las fuerzas armadas”, añadió Celaya Gamboa.
CONTINUIDAD A ESTRATEGIA DE CALDERÓN Y EPN
Para los analistas, la Cuarta Transformación sigue por el mismo camino de los últimos sexenios: combatir la delincuencia y violencia con las Fuerzas Armadas, aspecto que –destacaron– ya ha quedado en evidencia que no funcionó y además dejó múltiples víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
“México tiene una historia larga de militarización, ahí está el 2 de octubre, Aguas blancas... esta historia se refuerza después de la declaración de la Guerra contra el Narcotráfico, cada vez más militares y marinos metidos en política de seguridad pública y esto no cambió ni en el Gobierno de Felipe Calderón ni en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y lamentablemente tampoco está cambiando en el de AMLO”, expresó Daniel Vázquez, de la UNAM.
Sin embargo, a diferencia de las otros sexenios, está administración se aventuró a tratar de legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, desde el año pasado con la Reforma Constitucional con la que se creó la Guardia Nacional.
La esencia del Acuerdo publicado el 11 de mayo, facultar a los militares para desempeñar tareas de seguridad pública, se sembró en el transitorio del Artículo 5to de la citada reforma, aprobada por todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión y ratificada por la mayoría de los congresos locales.
“Las facultades dadas al Presidente para hacer uso de las Fuerzas Armadas se las otorgó el Constituyente Permanente cuando se reformó la Constitución el 26 de marzo de 2019, y se creó la Guardia Nacional, ahí se estableció este famoso Artículo 5to transitorio, donde le otorgó esa facultad”, recordó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El Decreto contiene algunos aspectos que no se habían especificado en la Reforma Constitucional, es decir, enunciar las tareas que los soldados podrán realizar como: detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad publica en la fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, según explicó Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
Ramón Celaya Gamboa coincidió que, si bien es cierto que el Ejército ha estado desde hace más de tres sexenios en las calles con labores de seguridad pública, (fuera de mandato constitucional), el reciente Decreto oficializa y les da una certeza jurídica para que puedan realizar esos trabajos.
“Para que los integrantes sepan que están protegidos jurídicamente en las actuaciones y para que todas las actuaciones que realicen y después sean presentadas ante el Ministerio Público o un Juez no carezcan de legalidad”, comentó el penalista.
Las facultades que se dan a la Fuerzas Armadas en realidad “ya las venían ejerciendo de facto, añadió Daniel Vázquez, sin embargo, “la principal diferencia es que ahora tienen una regulación administrativa que expresamente permite que hagan esto, en los próximos cuatro años”.
SI NO ES ALGO NUEVO, ¿PARA QUÉ?
Celaya Gamboa y Vázquez Valencia también coincidieron en que las autoridades saben que la violencia no bajó con la pandemia, sino que, por el contrario, subió, entonces consideran que el Gobierno también está previendo una escalada mayor de violencia, por lo que se está preparando y, en vista que la conformación total de la Guardia Nacional es lenta, es que optó por publicar el Decreto.
“Yo creo que tiene que ver con que estamos entrando al peor momento de la pandemia, sabemos que por más que estamos tratando de aplanar la curva, en algún momento los servicios de salud pública y privada van a ser rebasados, y en la medida que eso pase, va haber gente que necesitará la atención hospitalaria, no la va a recibir y eso va a tener como consecuencia familiares furiosos, y posibles enfrentamientos”, ejemplificó Vázquez Valencia.
Para el experto, además de la violencia por la COVID-19, la inseguridad se recrudecerá y por ello cree que el Ejecutivo necesitaba un documento para darle más fortaleza a la actuación de la Guardia Nacional.
¿ES LEGAL?
El hecho que se haya publicado el Acuerdo que dispone que los militares pueden participar en todas las tareas de seguridad pública, no quiere decir que necesariamente que sea acorde a la Ley, recalcaron los especialistas.
“Lo que podemos discutir es “¿El poder ejecutivo tiene facultades para hacer el acto que hizo?” a mí me parece que no. Las facultades de regular el transitorio de la Reforma, son del Congreso y tuvo que haberlo hecho en el transitorio de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional”, detalló Daniel Vázquez.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh agregó que el marco jurídico de la Guardia Nacional, al que se refiere una parte del citado Decreto, todavía está en proceso de impugnación, pues recordó que la CNDH presentó acciones de inconstitucionalidad contra Ley de la Guardia Nacional y La Ley del Uso de la Fuerza y de la Ley del Registro de Detenciones, las cuales, están por ser resultas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Entonces, es un poco ambivalente a cuál marco jurídico de intervención se va a referir la Fuerza Armada Permanente en la ejecución de estas tareas que les asigna el Acuerdo Presidencial”, detalló.
El abogado penalista, Ramón Celaya Gamboa, especialista en procesos de seguridad, coincidió en que el Acuerdo “es un mini extracto de la Ley de Seguridad Interior, que fue impugnada por diversas fallas, porque violentaba derechos humanos”.
El General Francisco Gallardo aseguró que se trata de una inconstitucionalidad " porque contraviene el Artículo 129 de la Constitución, que dice que en tiempos de paz la fuerza militar no puede realizar funciones fuera que no tengan exacta conexión con la disciplina militar”
Seguridad Sin Guerra explicó en un comunicado que en el Acuerdo las Fuerzas Armadas no quedan subordinadas a la autoridad civil, sino “coordinadas”, lo cual contraviene a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada permanente a autoridades civiles”.
Para Celaya Gamboa este Decreto es fácilmente impugnable y podría dejarse sin efecto, sin embargo, destacó que eso tampoco resolvería el problema.
“No porque se deje sin efecto este Acuerdo, las Fuerzas Armadas van a regresar a sus cuartales”, dijo.
Los analistas aclararon que la solución tampoco es sacar abruptamente al Ejercito de las calles, es decir, de un día para otro, pues eso dejaría en vulnerabilidad a varias comunidades y población, pero sí enfatizaron que es imperativo que el Estado inicie un proceso efectivo de construcción de paz y de fortalecer a las policías civiles en busca que los militares puedan progresivamente regresar a los cuarteles.
