Durante los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quesada (PAN) y Felipe Calderón Hinojosa (PAN), al igual que en la actual administración de Enrique Peña Nieto, hubo casos de corrupción. Desde desvíos por 420 millones de pesos por Óscar Espinosa Villareal, un hombre cercano a Zedillo, el Fobaproa, el financiamiento ilícito de la campaña de Fox, la Estela de Luz para conmemorar el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia hasta redes más complejas como la de los hijos de Marta Sahagún con Oceanografía o la serie de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Sin embargo, el nivel de aprobación de ninguno de sus tres antecesores cayó tanto como el del priista de Atlacomulco, quien en su quinto año de gobierno ha tocado el mínimo histórico en ese rubro.
Ahora, el desplome de la aprobación presidencial tiene un efecto colateral que es casi un tiro de gracia al PRI: Edomex, la cuna del grupo político en el poder, podría quedar en manos opositoras.
PRIMERA DE UNA SERIE
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Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– Al Presidente Enrique Peña Nieto le explotaron casos de corrupción muy temprano en su sexenio. Y su nivel de aprobación entró en un tobogán, y la confianza en su Gobierno se desvaneció muy pronto.
Desde 2014, con el escándalo de la “casa blanca” y, posteriormente, la filtración de grabaciones de la constructora OHL México que manchó a diversos funcionarios públicos, así como la lluvia de desvíos de recursos públicos de diversos gobernadores priistas, Peña Nieto no ha hecho más que caer en las encuestas.
Peña es, de acuerdo con las más recientes encuestas, el Presidente más impopular en la historia moderna del país. De acuerdo con un texto de Ulises Beltrán, de la casa encuestadora BGC, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se fue con 66 por ciento de aprobación; Vicente Fox Quesada (2000-2006), con 57 por ciento y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) dejó el cargo con 62 por ciento.
El trabajo del actual mandatario, aún en su quinto año de gobierno, sólo es aprobado por el 12 por ciento de la ciudadanía, revela la más reciente encuesta publicada por Grupo Reforma. En 2013, antes de que la corrupción saliera a la luz y a nivel internacional se alabaran sus reformas estructurales, el 50 por ciento validaba su labor.
Aunque Enrique Peña Nieto prometió un sistema de transparencia, hasta la fecha organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) enfatizan que sólo Puebla, Nayarit y Chiapas de las 32 entidades cuentan con reforma constitucional e implementación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción. Además, sigue sin designarse al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados administrativos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2014, una investigación periodística reveló que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, poseía una mansión en Lomas de Chapultepec con un valor por 86 millones de pesos. La denominada “casa blanca” fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro [proyecto cancelado[, y que antes levantó obras por miles de millones en el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), bajo la dirección de Virgilio Andrade Martínez, descartó la existencia de conflicto de interés. Pero en julio del año pasado, cuando el Presidente promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pidió perdón por la “indignación” y “percepción” generada.
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Durante 2015, la empresa Infraiber reveló una serie de audios que evidenciaban actos de corrupción entre OHL México –que construyó el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense– y funcionarios públicos, entre ellos, el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el ex director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
La empresa, filial de una española, lo negó. Sin embargo, la semana pasada la organización Ahora reveló que OHL México sostiene económicamente desde 2002 las campañas del PRI en el Estado de México y, además, miente en sus reportes financieros enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“Es el acto de corrupción más grave de los últimos años en México”, dijo a SinEmbargo recientemente el abogado Pablo Díez Gargari, quien ha seguido el caso.
Asimismo, su Gobierno no movió un dedo para atrapar al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa [hoy preso en Guatemala], y a otros gobernadores ahora señalados por corrupción, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Incluso, cuando Peña Nieto estaba en plena campaña para la elección presidencial de 2012, los presumió como gobernadores destacados que conformaban al “nuevo PRI”. César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, ex mandatarios de Chihuahua y Quintana Roo, tienen órdenes de aprehensión, pero se ignora dónde están.
En resumen, en cinco años de ejercicio gubernamental, la administración de Peña se nota desgastada y es señalada como de las más opacas en la historia moderna de México.
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PEÑA FRENTE A OTROS 3 SEXENIOS
La corrupción y falta de transparencia por la que grupos civiles y especialistas consideran que el quinto año de Peña Nieto es el peor en muchas décadas, no es, sin embargo, exclusivo del priista.
Los tres ex presidentes que lo antecedieron –Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa– también tuvieron sus dosis de señalamientos. La diferencia es que algunos fueron evidenciados después de dejar su administración.
El sexenio del priista Ernesto Zedillo es más recordado por la crisis económica de 1994-1995 y por las matanzas en Aguas Blancas, Guerrero, y en Acteal, Chiapas, así como su respuesta frente a las cuestionadas elecciones en Tabasco. También se le responsabiliza por la deuda pública por 65 mil millones de dólares en la que terminó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa); por el Regente que designó en el Departamento del Distrito Federal, y luego fue su Secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villareal, y quien fue encarcelado por desviar 420 millones de pesos, así como por tolerar al ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien, por nexos con el narcotráfico, fue aprehendido en mayo de 2001 tras casi dos años de búsqueda.
Durante el periodo de transición al panismo la corrupción también dejó huella.
En el Gobierno de Vicente Fox Quesada surgió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, al inicio de su administración resaltó el caso de “Amigos de Fox”, el financiamiento ilícito por 91 millones de pesos de su campaña presidencial, y el “toallagate”, la revelación periodística de los lujos en Los Pinos por adquirir toallas de 400 dólares o cortinas a control remoto de 17 mil dólares.
Hasta 2014, ocho años después de que culminó su gestión, una Comisión especial de la Cámara de Diputados acusó que los hijos de Marta Sahagún Jiménez –Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto con su tío Guillermo Sahagún– gestionaron, entre 2002 y 2006, contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 5 mil 929 millones de pesos a cambio de comisiones para favorecer a Oceanografía, empresa de Amado Yáñez Osuna, recién liberado bajo fianza luego de estar preso dos años por fraude.
El sexenio de Felipe Calderón, aunque destaca por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, también estuvo manchado por escándalos como el de la Estela de Luz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la guardería ABC, la empresa Hildebrando y recientemente Odebrecht, la constructora brasileña que repartió sobornos por 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, justo el último tramo del Gobierno calderonista.
ERNESTO ZEDILLO (1994-2000)
Luego del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, el director de su campaña política, Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia del país. Su administración, de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, estuvo marcada por la crisis financiera denominada “Efecto Tequila” y el asesinato de 17 personas en Aguas Blancas, Guerrero, y de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, masacre por la cual el priista fue demandado por presunta responsabilidad y encubrimiento.
Durante su gestión también hubo casos de corrupción como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el desvío por 420 millones de pesos del Jefe del antiguo Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villareal; y el lavado de dinero del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
De acuerdo con un texto de Ulises Beltrán, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y de la casa encuestadora BGC, el inicio del gobierno de Zedillo es recordado por la crisis económica desatada a finales de diciembre de 1994.
“Las caídas en la aprobación presidencial ocurren por circunstancias económicas, la crisis de enero de 1995, aumentos del IVA, precios y desempleo en mayo de 1995”, expuso en un texto de la revista Nexos.
Zedillo, economista por la Universidad de Yale, arrancó su gobierno con una aprobación cercana a 76 por ciento, de alguna manera “heredada” del gobierno anterior. Para enero de 1995 esta cifra ya era menor de 50 por ciento y un mes después sólo el 23 por ciento de los mexicanos aprobaba su forma de gobernar, la cifra “más baja jamás observada”.
Pero logró la recuperación “más espectacular” de la popularidad presidencial, por lo menos en México. En un año la aprobación del Presidente pasó de 22 a 57 por ciento, impulso que mantuvo hasta agosto de 1997, cuando llegó a 71 por ciento, la popularidad más alta que obtuvo en todo su sexenio, documentó Beltrán.
–Del rescate de la banca a una deuda por 65 mil mdd:
Después de la crisis económica de 1982 y la reprivatización de la banca, se creó en 1990 el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para evitar la quiebra del sistema bancario nacional. En diciembre de 1998, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Sin embargo, el manejo del fondo estuvo plagado de abusos, corrupción y fraudes, lo que desembocó en una alta deuda pública de alrededor de 65 mil millones de dólares pagada por la ciudadanía.
“El responsable de la deuda pública frente al Congreso es Ernesto Zedillo. El Fobaproa no era una entidad pública, no generaba deuda pública, a menos que el gobierno federal lo transformara en ello. Y ese gobierno federal tiene nombre y apellido: se llama Ernesto Zedillo”, dijo Gabriel Reyes Orona, ex Procurador Fiscal de la Federación y ex funcionario en el Banco de México, a La Jornada en una entrevista en 2006.
El Fobaproa fue creado como un seguro al que contribuían los bancos con sus propios fondos para garantizar la solvencia del sistema bancario y con ello los ahorros depositados frente a posibles crisis. Pero no tenía más que un par de decenas de empleados con poca experiencia, lo que le impedía auditar la cartera o recopilar en forma sistemática la documentación que recibía, expuso el politólogo Luis Rubio.
De acuerdo con el director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el origen, la gestación y erupción del Fobaproa fue producto de “la ineficiencia, incompetencia y sucesión de errores” de las autoridades financieras más que de la corrupción, aunque también la hubo.
En el corazón del problema bancario estuvo una privatización de la banca “fundamentada en criterios errados, mal hecha y operada por personas inexpertas, en ocasiones incompetentes y en algunos casos deshonestas y carentes de todo sentido ético”, escribió en un ensayo publicado en 1998. Rubio destacó que la absoluta falta de supervisión provocó quiebras fraudulentas y un acelerado proceso de deterioro financiero del sistema de pagos.
–El último regente de la capital:
Óscar Espinosa Villarreal, designado por Ernesto Zedillo, fue el último regente del Departamento del Distrito Federal de 1994 a 1997. El 12 de diciembre de 1997, luego de ese cargo, el Presidente lo nombró Secretario de Turismo de su gobierno, pero renunció para enfrentar los procesos legales que iniciaron en su contra quienes lo sucedieron en el gobierno capitalino.
En 2005 –ya con el panista Vicente Fox en la Presidencia– un juez lo sentenció a siete años y seis meses de prisión por el desvío de 420 millones de pesos durante su gestión como regente. La sentencia también lo obligó a pagar 285 millones 270 mil pesos “por reparación del daño” y cubrir una multa de 13 mil 866 pesos. Posteriormente salió libre bajo fianza.
Espinosa Villarreal había permanecido refugiado en Nicaragua, pero se entregó de manera voluntaria a las autoridades de ese país, quienes en agosto de 2001 lo extraditaron a México.
–Villanueva y el “Señor de los cielos”:
Mario Villanueva Madrid fue electo Gobernador de Quintana Roo en 1993, pero su administración fue señalada por presuntos nexos con el cártel de Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”. Hasta mayo de 2001, un año después del término del sexenio de Ernesto Zedillo, fue encarcelado en el Altiplano y en 2010 extraditado a Estados Unidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de recibir entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad durante el periodo de 1994 a 1999, a la par del gobierno del Presidente priista. Las autoridades de Estados Unidos le aseguraron 19 millones de dólares.
El 28 de junio de 2013 fue sentenciado por lavado de dinero y el pasado 22 de diciembre de 2016, tras cumplir su condena, fue liberado de la cárcel de Lexington, Estados Unidos, y enviado a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación, cuya sentencia suma 22 años en prisión.
–Crisis política heredada:
Además de la crisis económica, el Presidente Ernesto Zedillo heredó crisis política por las cuestionadas elecciones en Tabasco y el asesinato del político priista José Francisco Ruiz Massieu y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampa, así como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En noviembre de 1994 oficialmente ganó la guberantura el priista Roberto Madrazo, pero el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador acusó fraude electoral y realizó diversas protestas incluyendo tomas de pozos petroleros.
Ante la tensión, el entonces Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán –ahora en el equipo de AMLO–, prometió llamar a otras elecciones en el estado sureño, lo cual, de acuerdo con López Obrador, fue avalado por el Presidente Zedillo. Si el PRD comprobaba 20 por ciento de irregularidades, la elección sería declarada inválida. Sin embargo, acusó, “se echaron para atrás” y Zedillo “cedió a los grupos de poder de Tabasco”, entre ellos, mencionó al empresario priista Carlos Hank González. La Secretaría de Gobernación negó en un comunicado haber acordado realizar nuevas elecciones.
Respecto al EZLN, el 9 de febrero de 1995 Ernesto Zedillo anunció en un mensaje a la Nación sobre el giro de órdenes de aprehensión contra dirigentes del movimiento acusados por la PGR de uso de armas exclusivas del Ejército y terrorismo. A la par, el Ejército llegó a los municipios de Simojovel y San Andrés Larráinzar, Chiapas.
–Matanzas en Aguas Blancas y Acteal:
Cuatro meses después, el 28 de junio de 1995, 17 personas fueron asesinadas en Aguas Blancas, Guerrero. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ese día la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se trasladó a Atoyac de Álvarez para realizar un mitin para exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno de Guerrero y la presentación de Gilberto Romero Vázquez, quien había desaparecido.
El gobierno estatal emitió medidas preventivas contra la toma de las instalaciones del ayuntamiento. Cuando llegó una de las unidades a El Vado, se registró un enfrentamiento con disparos entre los campesinos y los policías que pidieron revisar el vehículo, lo que dejó 17 muertos y lesionados.
“Algunos campesinos refirieron a personal de la CNDH que dos pasajeros de la camioneta descendieron portando su machete agrediendo con dichas armas a los comandantes Lorenzo Roque Cortez y Dustano Vargas Hernández, ambos integrantes de la Policía Motorizada, lo cual originó que los elementos policiacos reaccionaran disparando indiscriminadamente contra quienes se transportaban en dicho vehículo”, documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Hasta que la prensa publicó un video donde se veía la matanza y la siembra de armas, el Presidente Ernesto Zedillo y el Secretario de Gobierno pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar los hechos y elaborar un informe. Dos ministros resolvieron que en El Vado de Aguas Blancas hubo violación grave a las garantías individuales. Del 1 de julio de 1995 al 7 de febrero de 1996 fueron consignados 53 personas, entre policías y funcionarios públicos. El 12 de marzo de 1996, Rubén Figueroa Alcocer renunció al cargo de Gobernador de la entidad.
Posteriormente, en diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, paramilitares presuntamente vinculados con el gobierno asesinaron a 45 indígenas tzotziles, entre ellos bebés y mujeres embarazadas. Eran miembros de la organización Las Abejas, simpatizante del movimiento zapatista. Ante ello se presentó la renuncia del Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, Presidente municipal de Chenalhó.
En el 2005 defensores de derechos civiles pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizar al Estado mexicano y en septiembre de 2011, familiares de las víctimas demandaron en Estados Unidos al ex Presidente Zedillo por su presunta responsabilidad y encubrimiento de la matanza. La demanda señala que el gobierno zedillista finalizó las pláticas de paz con los zapatistas y lanzó un plan para armar y entrenar a milicias locales para combatirlos. Pero en 2014 fue desechada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
VICENTE FOX (2000-2006)
La transición llegó. A pesar de que en el sexenio del panista Vicente Fox Quesada se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su administración arrancó tras la acusación de financiamiento ilícito a su campaña , caso conocido como “Amigos de Fox”, así como la revelación de que se compraron para Los Pinos toallas importadas de 400 dólares, cortinas a control remoto de 17 mil dólares y sábanas de 3 mil 500 dólares.
Además, en 2014 la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso del fraude de Oceanografía determinó que Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto con su tío Guillermo Sahagún, gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 5 mil 929 millones de pesos para favorecer a la empresa de Amado Yáñez Osuna entre 2002 y 2006 a cambio de comisiones.
Los hijos de Marta Sahagún Jiménez fueron beneficiados durante el sexenio de su padrastro, Vicente Fox Quesada, quien ordenó al entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, avalar los acuerdos entre ambas compañías. Los contratos con Pemex comenzaron a lloverle en 2002 y en sólo tres años, pese a casos de incumplimiento, obtuvo 32.
Sin embargo, el último día de gestión de Vicente Fox, el 30 de noviembre de 2006, el Presidente y su Procurador, Daniel Cabeza de Vaca, determinaron “la no acción legal” para estos hechos. “Se actuó pensando que lo que investigaron los diputados no era suficiente para iniciar una acción legal”, dijo Jesús González Schmal, abogado y miembro de la Comisión especial de investigación.
En una entrevista con la revista Contralínea, Manuel Bribiesca negó que su familia haya realizado actos de corrupción.
Asimismo, el entonces Diputado priista Enrique Jackson denunció la red de financiamiento ilícito a la campaña de Vicente Fox, proveniente del extranjero y de diversas empresas.
La asociación civil Amigos de Fox, dirigida por el empresario Lino Korrodi, recaudó 91 millones de pesos para la campaña del panista, por lo que en 2003 el Tribunal Electoral multó por 399 millones de pesos al PAN y por 98 millones al Partido Verde.
Pese a ello, Fox inició su sexenio con una aprobación muy alta de 74 por ciento, ocho puntos arriba de la que dejó Ernesto Zedillo. Pero a partir de marzo inició la caída “más grande observada hasta entonces”, con una pérdida de 29 puntos para terminar con una aprobación de 45 por ciento en marzo de 2002, iniciada por el aumento de las tarifas de electricidad, documentó Ulises Beltrán, de la encuestadora BGC.
Ya desde abril de 2000 había caído cuando “reventó” la burbuja de especulación financiera en las bolsas de valores de todo el mundo provocada por la sobrevaloración de las acciones relacionadas con el uso de la internet.
–Los hijos protegidos de Marta Sahagún:
En 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el país. El Presidente Vicente Fox expuso que buscaba cerrar las posibles fuentes de corrupción e incrementar la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de gobierno. Mediante la rendición de cuentas y la transparencia, resaltó, los ciudadanos tendrán la potestad sobre los actos de gobierno mediante la apertura informativa.
Sin embargo, la comisión de la Cámara de Diputados creada para investigar el caso de Oceanografía señaló en 2014 a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún Jiménez, esposa de Vicente Fox, como intermediarios de la compañía para gestionar contratos millonarios con Petróleos Mexicanos.
Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, era proveedora de servicios de Pemex durante el gobierno de Fox. También defraudó a Banamex por 360 millones de dólares en facturas falsas. En octubre de 2014 Yáñez fue detenido por violar la Ley de Instituciones de Crédito, pero en abril de este año salió libre bajo fianza.
Jesús González Schmal, abogado y político que dirigió la comisión que investigó el caso, aseguró que con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, y su tío Guillermo Sahagún Jiménez “se catapultó la empresa Oceanografía a través de una red de delincuencia organizada en la que participaron los familiares de aquel Presidente de la República [Vicente Fox Quesada]”.
En 2000 Oceanografía debía 21 millones 130 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria, pero desde 2001 se recibieron instrucciones de la oficina de Mata Sahagún en Los Pinos para cancelar el embargo que aplicaría la Secretaría de Hacienda.
Además, los Bribiesca estuvieron envueltos en la compra fraudulenta de cartera de bienes del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
“Nosotros descubrimos que los hijastros de Vicente Fox, que eran muchachos que traían un vocho sin llanta de refacción, en pocos meses ya viajaban en Lear Jet privado. La Diputada Martha Lucía Micher y yo propusimos la creación de la comisión especial, y así comenzó a fluir la información de cómo estos tipos se quedaron con una adjudicación de una subasta que se hizo en el IPAB, y que tenía un valor de avalúo de mil 250 millones de pesos”, dijo González Schmal.
Esto, acusó, se realizó sin la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del IPAB.
En entrevista con SinEmbargo publicada en 2014, además del caso de Oceanografía, González Schmal retomó la acusación contra Manuel Bribiesca en Estados Unidos, donde fue acusado de participar en un fraude al ostentarse como representante estadounidense de México Gas, caso por el que aceptó ser culpable en octubre de 2012.
También recordó que Gabriel Quesada Suárez, primo de Vicente Fox, es acusado de pertenecer a una red de lavado de dinero.
FELIPE CALDERÓN (2006-2012)
Felipe Calderón heredó de Vicente Fox cifras relativamente bajas de aprobación de 57 por ciento, que para marzo de 2007 aumentó hasta 73 por ciento para permanecer más o menos ahí todo el primer año de gobierno, en una tendencia ligeramente positiva. Su gobierno fue marcado por la crisis financiera internacional en 2008 y por iniciar la guerra contra el narcotráfico que hasta la fecha sigue sumando muertos y desaparecidos. Pero, como sus antecesores, también registró casos de corrupción desde la forma en como llegó a la Presidencia hasta cinco años después de terminarla con el caso Odebrecht.
Diego Heriberto Zavala Gómez del Campo, cuñado del panista y director de la empresa de software Hildebrando, tuvo entre sus clientes al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) durante las elecciones presidenciales. A través de su socio Oracle de México fue proveedor de la base de datos que se empleó para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Los resultados oficiales dieron la victoria a Calderón, quien ganó por 0.56 por ciento al perredista Andrés Manuel López Obrador. El ahora dirigente de Morena acusó que había ocurrido un fraude electoral, llamó “espurio” a Calderón y se autoproclamó como el Presidente legítimo.
“Los de la política son mis hermanos Margarita [Zavala] y Nacho. Lo que yo puedo dejar claro es que si mi empresa hace algo mal, ilegal, y de casualidad me cachan, jamás me vuelven a comprar algo. Perdemos prestigio y eso es suicidarse. Hoy por hoy, somos la segunda empresa en México de software y no podemos arriesgar”, dijo Diego Zavala Gómez del Campo a Proceso en junio de 2006.
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El 5 de junio de 2009 un incendio en la guardería ABC, en Sonora, provocó la muerte de 49 niños y más de 70 menores heridos. El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio acusó que en la sentencia por homicidio culposo dictada en mayo de 2016 no figuró Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, socia de la estancia infantil y prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón y la posible candidata panista rumbo a 2018. La prima, dijo el movimiento, fue beneficiada con una resolución absolutoria anticipada por el Magistrado Pablo Ibarra.
“Una vez más manifestamos los padres, madres y ciudadanos aglutinados al Movimiento 5 de Junio que el origen del incendio resulta irrelevante para determinar responsabilidades de diversas personas, ya que si se hubiera contado con las instalaciones, elementos de seguridad, y las autoridades del IMSS así como los dueños de la guardería ABC hubiesen cumplido con su responsabilidad, ese incendio no habría producido las consecuencias devastadoras”, aseguraron tras la sentencia.
Un año después, como parte de los festejos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia, se prometió la Estela de Luz, un monumento en Chapultepec al centro de la Ciudad de México. La obra estaba planeada para ser presentada el 16 de septiembre de 2010, pero se entregó con un retraso de 15 meses.
La instalación recibió señalamientos de corrupción y negligencia en el manejo de los recursos públicos. Al principio, su costo sería de 400 millones de pesos pero posteriormente aumentó hasta mil 35 millones de pesos. El resultado final fue una columna de 104 metros de altura, de mil 856 toneladas de peso, mil 704 placas de cuarzo brasileño y 6 mil 200 metros cuadrados de granito.
En noviembre de 2011, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló la existencia de redes de corrupción conformadas por varios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llegaron a cobrar hasta mil 320 millones de pesos en 232 juicios.
Entre los involucrados se encontró Néstor Félix Moreno Díaz, ex Director de Operaciones de la paraestatal, quien fue detenido el 7 abril de 2010 y procesado por presunto enriquecimiento ilícito por 34 millones de pesos. Moreno Díaz trabajó en la CFE desde los años setenta. Desde 2000 se detectaron contratos irregulares y adquisición de suministros inservibles en la empresa y en 2009 Estados Unidos comenzó a investigarlo.
El Presidente Felipe Calderón, además, estuvo relacionado con los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht repartió en América Latina para obtener contratos por miles de millones de dólares.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que mediante un correo electrónico dos ejecutivos de esa empresa brasileña, Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, gestionaron en 2009 una reunión entre Calderón y el entonces Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva ,como parte de su estrategia de negocios en Pemex.
El 23 de febrero del 2010, dos meses y medio después del correo, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en Quintana Roo. Un comunicado conjunto celebró la inversión de 2 mil 500 millones de dólares que realizaría el grupo mexicano Idesa y la brasileña Braskem, filial de Odebrecht, para la planta de Etileno XXI, en Veracruz.
Los sobornos de Odebrecht en México fueron por 10.5 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se repartieron en dos momentos. Primero 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista y posteriormente entregaron 6 millones de dólares, entre 2013 y el 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, gobierno también inundado por señalamientos de corrupción e impunidad.
