Pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlan, situado en Ocampo, Coahuila, aún esperan por que se haga justicia y un tribunal agrario haga que la minera canadiense First Majestic los indemnice por el uso de sus tierras. ¿Resolverá la Jueza a su favor?
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio y que se encuentra a punto de resolver en los tribunales agrarios.
“La compañía ofreció 10 millones por todo, a través de su abogado y su contador. Se lo he contado a la gente para evitar malos entendidos”, detalló Mario Valdés Lomas, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlan.
La comunidad de 36 ejidatarios, la mayoría de la tercera edad, se encuentra a la espera de la resolución de una sentencia del Tribunal Agrario del Sexto Distrito en Torreón, que les indemnice por las consecuencias que ha dejado la minería en la zona. Al menos dos de sus integrantes han muerto antes de ver la justicia.
Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.
“Además, de devolver el terreno. Ellos deberían de pagar por usar nuestros terrenos para entrar. Hicieron un camino sin pagar un cinco y no conformes de ahí sacan las onzas de plata, llega un avión los martes y miércoles y se las lleva”, dice Valdés.
Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense. El litigio lleva cuatro años.
“En general, es común que haya grandes asimetrías durante los litigios por minería. En especial, por la falta de información de las comunidades, pero también por lo onerosos que pueden resultar los juicios”, relató Francisco Cravioto Lagos, investigador de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La empresa canadiense en el 2013 extrajo 4 millones 162 mil onzas de plata de tierras que aseguran les pertenecen desde el 2006. Éstas fueron en primera instancia compradas por el Grupo Peñoles a un particular de nombre Armando de Hoyos Galicia, quien las explotó durante cuatro décadas.
“Él le vendió a Peñoles, y después se hicieron varias compraventas hasta que llegó a First Majestic, lo que pasa es que cuando de Hoyos le vende a Peñoles esa venta ya estaba afectada por la resolución presidencial. Ya no le podía vender. Ya se había presentado la solicitud para la dotación, la ley federal de Reforma Agraria establecían que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya no se podían hacer ninguna operación u enajenación del terreno”, explicó el abogado que lleva el caso Juan Francisco Flores Gándara.
Desde el 2011 autoridades ejidales demandaron a la Minera Encantada y a First Majestic Silver Corp, subsidiaria y empresa, de forma correspondiente, por usurpar mil 300 hectáreas. Tal como lo expone el expediente 290/2011.
“Nosotros esperamos que el tribunal ordene que se vuelva a ejecutora la resolución presidencial en la forma que se dictó y conforme al plano [en 1973]”, expuso Flores.
Los lugareños han trabajado en la mina durante décadas. Sin embargo, esta actividad dejó de ser atractiva para las nuevas generaciones del lugar, muchos de los cuales se han ido. “Antes, el 95 por ciento de los ejidatarios trabajaban en la compañía, pero ahorita ya sólo hay tres”, dijo Mario Valdés Lomas, quien también es ejidatario.
La mina cuenta con diversas instalaciones como un campamento y una pista de aterrizaje aledaña. Y de acuerdo con un informe de la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés) cuenta con un abastecimiento de dos pozos de agua en el poblado El Granizo.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Flores Gándara atribuyó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –antigua Secretaría de la Reforma Agraria– la permisión de las ventas de los terrenos en un área correspondiente a los ejidatarios.
“Ellos permitieron la venta de estos terrenos, aunque esto no se podía hacer. Y después en el 2009 volvieron a dar un área complementaria que tampoco es legítima”, explicó.
En ese año, la Secretaría entregó un terreno de mil 300 hectáreas a los ejidatarios, pero en otra, área a la zona donde fue delimitada originalmente las tierras que les proveyó el decreto presidencial.
“Esos terrenos fueron una entrega virtual. Una entrega de palabra. Llegó el Secretario y firmó un papel, ya está. Pero cuando llegaron los ejidatarios resulta que ya tienen dueños, y la otra es el campo de aterrizaje de la empresa”, dijo Flores.
Es por esta razón que, la demanda además pide la nulidad de los documentos que ha avalado la Secretaría por ser incongruentes con el decreto presidencial de 1973.
En junio del 2013, cansados de no obtener respuesta por parte de las autoridades estatales, 14 ejidatarios de la tercera edad decidieron cerrar el camino que pasa por sus terrenos hacia la minera. “Estábamos buscando el diálogo”, recordó Valdés.
En cambio, la repuesta fue para sorpresa de los locales que 40 policías estatales llegaran para abrir el paso y consignaran a los presentes, quienes tuvieron que pagar 500 pesos para quedar libres.
Después, el 16 de octubre de aquel año, Valdés solicitó al Gobierno de Coahuila su intervención en la comunidad para que la empresa extranjera pague por el uso del camino, las tuberías de agua y una postería de luz que pasa por el camino. “A la fecha, no hemos recibido respuesta alguna”, dijo el ex presidente ejidal.
DAÑOS AL AMBIENTE
First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.
“Lo que hace el cianuro es que disuelve los componentes de la tierra, separa el oro, de la tierra, pero también de otros componentes sumamente tóxicos como el mercurio, plomo, cadmio, y otros”, explicó Cravioto.
La mina adjudica que desde que inició a utilizar cianuro en el 2011 su producción aumentó. “El cianuro basta menos de un gramo para matar una persona. Y en esto , se utiliza en metros y metros de ese material. Todo el material es extraído de la mina es finamente molido, y después lavado, con infames cantidades de agua”.
Lugareños confirmaron que temen por la contaminación del agua; los primeros que han mostrado síntomas de afectación han sido los animales.
“La contaminación es una cosa escandalosa. Si va alguien y se fijan en lo que ha hecho el cianuro de esta mina es algo espantoso. Las aves que toman de esa agua y se mueren”, dijo Valdés.
Asimismo, el proceso de extracción a gran escala es un daño para el ambiente. En First Majestic la mina cuenta con 800 metros de profundidad.
La remoción de los químicos a cantidades profundas, también suponen contaminación, dijo Cravioto: “Si la perforación es muy profunda porque estamos removiendo materiales que son bastante peligrosos como son arsénico, sustancias ácidas, y materiales radiactivos. Genera un daño permanente. Me refiero que no se quita en miles de años”.
“Eso sucedió con las minas del Porfiriato en San Luis Potosí. Se hizo un análisis de la presencia de materiales pesados en animales y las plantas en el área circundante a la mina, y hoy 100 años después el 12 por ciento de las especies la siguen teniendo en su cuerpo. Estos materiales nunca se degradan, pero pasan de generación en generación”, expuso Cravioto.
FIRST MAJESTIC
La mina cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.
“El caso de Ocampo no sólo se caracteriza por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática, sino también porque en nuestro estudio es una de las minas que más gana y que menos retribuye, como se muestra en el apartado fiscal de este capítulo”, planteó un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
En el país, las minas deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades desde la Reforma Fiscal que inició a operar en el 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable, apuntó Cravioto.
“En otros países, los impuestos se pagan por el valor del volumen extraído en boca de mina. Quiero decir que se calcula cuánto se sacó, cuánto vale en mercados internacionales, y sobre eso se saca el impuesto”, dijo el investigador.
La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades. “No es nada, es lo mismo que vale la suavicrema de la Ciudad de México. No se pagan los daños ambientales, a la salud ni los que carga al Estado, porque será el que deba cubrir estos daños con los impuestos de la gente”, dijo Cravioto.
Por ahora, el abogado de los pobladores del Ejido de Tenochtitlan espera que la resolución de la Jueza Marcela Gerardina Ramírez Borjón, resuelva a más tardar el próximo mes, las indemnizaciones que los ejidatarios han estado pidiendo.
