Humberto Castillejos Cervantes, que desde el foxismo se convirtió en asesor de la Procuraduría General de la República, es el Consejero Jurídico de la Presidencia que conduce Peña Nieto y, de acuerdo con analistas, uno de los hombres más poderosos en el Gabinete. Tiene influencia, por ejemplo, para trastocar o meter reversa a los mensajes y ofrecimientos del Jefe del Ejecutivo en materia de derechos humanos y, también, busca ser el primer Fiscal General Autónomo de México.
Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– En mayo de 2015, en los días posteriores a la promulgación de la nueva Ley General de Transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) organizó un seminario para analizar los alcances y “retos” que todavía enfrentaba la entonces recién publicada legislación.
Uno de los temas, discutido el día 31, fueron los medios de impugnación previstos en el nuevo marco legal, como la facultad del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República para inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por alguna resolución del INAI que el abogado considerara que puede poner en peligro la seguridad nacional.
En el panel, de acuerdo con la transcripción del encuentro, el consejero adjunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Rodrigo Espeleta Aladro, hizo énfasis en que este recurso de impugnación sería “extraordinario” y utilizado sólo de manera excepcional.
“Confiamos en que serán pocas las veces en que el Consejero tenga que acudir a este recurso”, dijo Espeleta.
“Este recurso en ninguna forma demerita, disminuye o hace menos la Reforma Constitucional y, desde luego, tampoco la Ley General y todas las virtudes que tiene desde el punto de vista de obligaciones de transparencia, desde el punto de vista de fortalecimiento del Instituto y de celeridad en los procesos para garantizar el acceso a la información”, agregó el funcionario.
No pasaron ni cuatro meses, sin embargo, cuando la Consejería Jurídica estaba ya haciendo uso de esta facultad de inconformarse ante la SCJN por algún fallo del INAI y, el 24 de septiembre, presentó un recurso contra un acuerdo que obligó a la Presidencia a difundir las bitácoras de todos sus vuelos realizados entre julio y octubre de 2014.
La interposición del recurso había sido anunciada semanas antes por el titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien en agosto de 2015 acudió al Senado de la República para una reunión plenaria con legisladores priístas y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Y ahí, de acuerdo con El Universal, advirtió que, en la negociación de la futura Ley Federal de Transparencia que seguiría a la aprobación de la Ley General, habría quienes se opondrían al derecho del Consejero Jurídico de impugnar resoluciones del INAI por causa de seguridad nacional, por lo que había que mantenerla.
“Esto es tan importante, como que en unos días vamos a interponer el primer recurso en contra de resoluciones del INAI, entonces sí creo que aquí sí hay que decir, vamos a honrar la palabra, si en la Ley General llegamos a la discusión de que estos son los parámetros de regulación de la Ley, vamos a defender lo que ya demostramos que era lo sensato”, dijo Castillejos Cervantes a los senadores, de acuerdo con el citado periódico.
El recurso interpuesto, pendiente todavía de resolución en la SCJN, ha mantenido así detenida por ya casi un año la respuesta que, desde julio de 2015, el INAI consideró que la Presidencia de la República estaba obligada a dar a una pregunta ciudadana formulada desde diciembre de 2014.
Y si bien Peña Nieto dijo al presentar la nueva Ley General de Transparencia que ésta significaba “una nueva etapa” en materia de rendición de cuentas, recursos como el interpuesto por Castillejos, dice a Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19, lo que hacen es “pervertir” principios como el de celeridad que debería ser inherente al acceso a la información.
“El derecho a la información tiene como principio básico ser expedito y, ahora, lo que vemos con este recurso es que justo estamos pervirtiendo este principio, toda vez que el solicitante de la información tiene que esperar a que el Pleno de la Corte resuelva en definitiva”, dijo Ruelas Serna a SinEmbargo.
El caso, agregó la jefa de la organización, se encuentra ahora en la oficina del nuevo ministro Javier Laynez Potisek, ex Procurador Fiscal del Gobierno federal y cuya propuesta de integración a la SCJN fue entregada al Senado, precisamente, por Humberto Castillejos.
Y debido a que ni la recién publicada Ley Federal de Transparencia ni la Ley General prevén un procedimiento específico sobre recursos como el del Consejero Jurídico, agrega Ruelas, “esto es un problema, porque entonces la Corte tendrá que definir el procedimiento que habrán de seguir este tipo de casos”.
DE PGR AL EDOMEX Y PRESIDENCIA
No es la única ocasión en la que Castillejos aparece ubicado en la posición de quien revierte avances en materia de derechos humanos que, en el discurso, aparenta dar el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En los últimos meses, diferentes analistas también identificaron al Consejero jurídico como el sostén político del cuestionado director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, a quien –pese al caso Iguala– se le atribuye ejercer dentro del Ministerio Público Federal un poder paralelo al de la propia procuradora Arely Gómez González.
Castillejos, de acuerdo con el escritor y articulista Ricardo Raphael, sería quien habría decidido “reventar la confianza” entre la PGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Ruptura, agrega el autor en “Castillejos y la hoguera de las confusiones”, registrada el día anterior a que “funcionarios de la PGR” traicionaran las condiciones previstas para la presentación de un tercer peritaje sobre el incendio en el basurero de Cocula y, en cambio, sorprendieron con una conferencia de prensa anunciando el resultado sin antes consultar con el GIEI.
“Es un hombre ambicioso que quiere ocupar el lugar de la procuradora Arely Gómez y para lograrlo está dispuesto a todo, inclusive a despedazar la reputación del país. Lo único relevante es convertirse en el primer fiscal general autónomo de la historia mexicana”, agregó Raphael.
Tanto Castillejos como Zerón de Lucio, junto con otros abogados-funcionarios, tienen en común trayectorias con posiciones clave en instituciones como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública de los gobiernos panistas y, también, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el sexenio de Peña Nieto.
Zerón, por ejemplo, fue director general de la unidad de Análisis e información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hasta el final del sexenio de Peña Nieto, al mando de Alfredo Castillo Cervantes, identificado en varios medios como primo de Humberto Castillejos.
Alfredo Castillo, por su parte, fue nombrado Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR desde el inicio del actual sexenio y, desde esa posición, fungió como vocero de los avances sobre la explosión en la torre de Petróleos Mexicanos hasta que, en 2014, Peña Nieto lo envió a Michoacán como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de ese estado.
Castillo Cervantes y Castillejos Cervantes coincidieron también en la PGR desde el inicio del sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando ambos –el primero alrededor de los 27 años y el segundo en sus 25– se convirtieron en asesores del entonces nuevo Procurador General de la República, el General Rafael Macedo de la Concha.
El hoy Consejero Jurídico de la Presidencia permaneció en ese cargo aun después del cambio de sexenio, cuando pasó a la jefatura de asesores del nuevo Procurador, Eduardo Medina Mora, también ex Embajador de México en Estados Unidos y desde el año pasado integrante de la SCJN.
En 2008, a su salida de la PGR, Castillejos participó como abogado consultor para la elaboración de la reforma al sistema de Justicia Penal y, de acuerdo con diversos reportes periodísticos, también como defensor privado en un caso de agresión sexual denunciado contra un menor en Oaxaca. En 2011, Castillejos se sumó como coordinador jurídico de la campaña del entonces candidato priísta Eruviel Ávila Villegas y, en 2012, al equipo de transición de Peña Nieto, quien lo nombró Consejero Jurídico desde diciembre de 2012.
Otro abogado identificado como primo de Castillejos es Raúl Cervantes Andrade, desde 2012 Senador de la República que encabezó esa Cámara durante la discusión de reformas como la Energética y quien se separó de ese cargo justo con el tiempo suficiente para buscar, sin lograrlo, un cargo en la SCJN.
Humberto Castillejos, a su vez, es hijo del doctor en Derecho Marcos Castillejos Escobar, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesinado en 2008 frente a lo que los reportes periodísticos de entonces identificaron como su despacho, ubicado en la avenida Mazatlán 102, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.
“MÁS QUE CABILDEO”
El despacho sigue abierto. De acuerdo con información de su página en Internet [clg-abogados.mx], la firma se especializa en derecho constitucional, administrativo, penal, fiscal, energético, ambiental, corporativo, del consumidor y otros; áreas en las que ofrece servicios de “Consultoría y Litigio”, así como de “Gobierno”.
“Desarrollamos esquemas para la obtención de recursos financieros con el fin de que los gobiernos (en todos sus niveles) estén en posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de obra y ejecución de servicios públicos, ello incluye nuestra gestión ante las autoridades hacendarias federales, así como ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para temas presupuestales de los Estados y los Municipios”, dice la descripción de este servicio.
“Colaboramos con el Congreso Federal o con las legislaturas de los estados en la elaboración de leyes de naturaleza tributaria y de seguridad pública (…) Apoyamos legalmente en procedimientos de carácter contencioso administrativo y fiscal en que participen como autoridades demandadas o demandantes los gobiernos locales o municipales. Ofrecemos asesoría a las autoridades fiscales locales y federales para desplegar sus facultades de comprobación, de determinación y de sanción de una mejor manera”, agrega.
De acuerdo con José Antonio Cuéllar Labarthe, socio de la firma y quien respondió de manera telefónica a una solicitud de información de SinEmbargo, CLG no tiene relación con los abogados Castillejos.
Cuéllar Labarthe buscó en 2014 ser comisionado del INAI, para lo cual, como muestran documentos oficiales y de acuerdo con el procedimiento legal, externó este interés al entonces Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade.
También de acuerdo con documentos oficiales, Cuéllar Labarthe está acreditado por parte de CL Abogados para fungir como cabildero en la Cámara de Diputados.
“Desarrollamos e implementamos estrategias y actividades de cabildeo, así como el estudio, opinión y seguimiento legislativo de iniciativas presentadas por diversos diputados y Comisiones ante la Cámara de Diputados, en representación de particulares y organismos privados o sociales”, dice su página sobre esta función.
Para el analista político Eduardo Huchim May, el Senado es una de las áreas en las que ha sido más clara la operación política del Consejero Jurídico Castillejos; función, dice, que fue públicamente cuestionada por senadores de oposición desde 2014, cuando el funcionario fue identificado también como autor del cambio en un proyecto de Ley que posibilitó las pensiones vitalicias para los magistrados electorales.
“Es una operación que no se limitaba al cabildeo que podría considerarse legítimo, sino a una intromisión en los asuntos legislativos”, resume Huchim May, articulista de Reforma y también ex consejero electoral del Distrito Federal.
“Fue muy lamentable, e implica la supeditación de un Poder a otro; pero esto es lo que ha sido este personaje”, agrega.04
