Un día después del fracaso de la candidata del PRIAN en el debate presidencial, la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, recibió casualmente una denuncia anónima contra el ex presidente de la misma Corte, Arturo Zaldívar, encargado de la reforma judicial en el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Un día después, con toda diligencia y, diríamos, hasta con precipitación, Norma Piña emitió una orden para que la Judicatura investigara estos hechos que se denunciaban por una fuente anónima. Piña preside la Judicatura, así que, digamos que se ordenó ella misma una investigación. Las hojas de la denuncia anónima fueron repartidas a todos los medios de comunicación y causaron la extraña sensación de estar vinculados con el fracaso de la campaña de Xóchitl Gálvez quien, de inmediato, pidió que Zaldívar se separara del equipo de Sheimbaum. La acusación anónima se difundió, eso sí, con los nombres de todos los involucrados, sin testar, es decir, sin esos plumones negros que se usan cuando un anónimo denuncia a una persona real.

Leyendo la supuesta denuncia, lo primero que salta a la vista es que está redactada con el lenguaje del chismorreo, del rumorcito delante del garrafón de agua de la oficina. Pero se trata de la Suprema Corte y va firmada por Norma Piña, así que hay que tomarla en serio. Se acusa al antecesor de Norma Piña de presionar a jueces y magistrados para que tomaran ciertas resoluciones. Pero lo que leemos es que unos se negaron y otros, los que sí tomaron las resoluciones, fueron buenos juzgadores, a mi entender y, sobre todo, en el interés de millones de mexicanos: algunos de estos jueces ayudaron a detener los amparos de Claudio X. González contra el AIFA y el Tren Maya o encarcelaron a Emilio Lozoya, Rosario Robles, y le congelaron las cuentas a Genaro García Luna. Además de a Arturo Zaldívar y sus allegados, la doctora Piña pasa a nombrar a 67 jueces y magistrados y “muchos más” —así dice— “quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenía grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir”. En esa lista de 67 hay cuatro jueces que ya murieron, y aparece hasta el célebre Gómez Fierro, el que le dio un amparo, no sólo a Iberdrola, sino a todas las empresas eléctricas extranjeras en México argumentando el inexistente derecho humano a “competir económicamente”. No aparecen, por ejemplo, los que sí sabemos que fueron presionados y sobornados, como el juez Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, que emitió sentencias absolutorias contra 120 personas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos para el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Tampoco vemos a la jueza de Iguala, Cecilia Crockman, o a María Dolores Olarte en Zapopan que han ordenado, entre mayo y julio de 2023, la liberación de Héctor “El Güero” Palma. Tampoco veo a los jueces que decretaron la libertad de Rafael Caro Quintero, de los dirigentes de la Unión Tepito, de “La Vaca” o de El Contador del Cartel del Golfo, del “Fantasma” del Cartel del Golfo, el “Mini-mix” de Colima, o los 31 integrantes de la organización criminal del “El Marro”, José Antonio Yépez, que se decian al huachicol en Guanajuato. Y menos veo al ministro de Salinas Pliego en la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que escondió durante un año el expediente de la evasión de impuestos por 40 mil millones de pesos. Y ya no se diga a los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González que le descongelaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, al día siguiente de que un jurado en Nueva York lo declarara culpable de narcotráfico mientras era secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Ninguno de esos está en la denuncia anónima.

Lo que sí está es un nada disimulada ansia de venganza. Sus objetivos principales son el propio Zalívar, el que fue Secretario de la Presidencia de la Judicatura, Carlos Alpízar, y el de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. Por ejemplo, la anónima a la que le dio entrada Piña, dice: “Obligaron” —así, en bola, es decir, usando un plural indefinido— “a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinar de ponencia”. Lenia Bartres desmintió de inmediato. Dijo: “Nadie me ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador. De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión”. Y Batres aprovechó para dar su opinión: “Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política. La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal”.

Contra Carlos Alpízar, el de la Judicatura, hay esta ausación, por ejemplo: “Presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera a los abogados de alguna de las partes”. Así, quién sabe qué juicio, y quién sabe qué partes. Así está redactada la denuncia. Luego, dice: “Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica: Jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y de Arturo Zaldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas; el primero de ellos también presionado con el asunto de televisa, recibía llamadas de amenazas”. Sabemos que Gómez Fierro, además de sus amparos a la industria eléctrica y a la de telefonía celular para que no colaboraran en la detención de extorsionadores y secuestradores, fue ascendido de juez de dsitrito a magistrado de circuito. De la Peza acabó dando 27 órdenes de suspensión contra la Ley Eléctrica de AMLO que buscaba proteger a la CFE y el precio de la luz. Así que, ellos podrían decir que los presionaron, pero a la vista de los resultados, hasta premiados resultaron.

Hay otras acusaciones que no suenan nada “jurídicas”. Por ejemplo “hacerle la vida imposible” a una magistrada. Así dice de Cristina Porras, que llevó el caso Rosario Robles y quien, sin miedo al quemón, sostuvo que el dinero de la señora Robles no tenía nada que ver con que se pudiera dar a la fuga y que inferirlo, constituía una discriminación de género. Acusa la anónima también a Felipe de Jesús Degadillo Padierna, por el caso Rosario Robles. La denuncia es demoledora. Dice: “Por la ercanía de su tía con Morena”. Se refiere a la tía Dolores Padierna.

Otras acusaciones se refieren a que se les avisaba a “diversos juzgadores, principalmente de Primer y Segundo Circuito para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a los Estados Unidos, o presionarlos sobre asuntos específicos, cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del Presidente en mañaneras previas”. En esta frase se les desparrama a la denunciante de Norma Piña todo su odio contra las mañaneras. ¿Qué tiene que ver el orgullo del Presidente con cumplir con una orden de extradición de un delincuente? Detrás está toda una idea de la oposición sobre AMLO: que sus mañaneras no son ruedas de prensa para informar y denunciar, sino actos de narcisismo. Leer esta denuncia, en algunas partes, es como leer El Rey del Cash o un tuit de Mario de Constanzo, Loret de Mola, o Alazraki.

Continúa la denuncia: “La Asociación de Jueces y Magistrados Federales sufrió presiones, amenazas, acoso y trato denigrante del “sirviente” de Zaldívar”. Dice “sirviente”. Así, un insulto al encargado de la judicatura. En una denuncia firmada por Norma Piña. Ahí me declaro incompetente para saber qué le ocurría en esa madrugada de martes posdebate a quien redactó. Se le empezaron a salir los odios, el aborrecimiento, la furia contra los denunciados. A tal grado de decirle criado a un funcionario público.

“El juez Francisco Migoni fue presionado a tal grado que prefirió renunciar, lo anterior, con motivo de las resoluciones en las que levantó el bloqueo de cuentas que la UIF tenía sobre Hidrosinsa (así dice, aunque es Hidrosina), el amparo concedido a Grufesa, el desbloqueo de cuentas de la hermana de García Luna”. Se trata del juez Francisco Gorka Migoni Goslinga, que le perdonó a Hidrosina el bloqueo de sus cuentas por vender gasolina robada a Pémex en sus expendios. Eran 31 cuentas bloquedas por la UIF de Santiago Nieto y al dueño de Hidrosina se le relacionó también con Javier Duarte, el ex gobernador veracruzano de la abundancia, y con la Inmobiliaria Moka que destruyó el manglar de tajamar en Quintana Roo. En cuanto a Grufesa, es el Grupo de Fármacos Especializados que durante el gobierno de Peña Nieto ganaron 106 mil millones por licitaciones de sus medicinas y concentraron el 35% de toda la compra del gobierno. Los Pérez Fayad de Gufresa no necesitaban de un amparo: son los mismos dueños de Farmacia San Pablo. Del desbloqueo a las cuentas de la hermana de García Luna, Esperanza, que era la jefa de la policía cibernética en el gobierno de Felipe Calderón, un juez de Jalisco, Agustín Archundia Ortíz, se lo negó en marzo de este año. Así que no sabemos qué tendría que ver el otro juez, Migoni Goslinga, en todo esto.

Las acusaciones contra Carlos Alpízar terminan con una demoledora. Dice: “Acudió a la “mañanera” del titular del Poder Ejecutivo Federal, a rendirle cuentas”. Se refieren al 15 de septiembre de 2022 en que fue a informar durante dos minutos, dos minutos, sobre la liberación de mil 198 personas inocentes, es decir, del trabajo entre la Defensoría Pública y la secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero la redacción dice claramente que fue a “rendirle cuentas” al Presidente López Obrador y no a la prensa ahí sentada o al público que seguimos la mañanera.

Luego viene una joya. Es contra Edgar Bonilla del Ángel, Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Dice la anónima: “Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores. Cuando la empresa no aceptaba, el Instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien, evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa “rebelde”, aprovechando sus contactos con instituciones bancarias, como la novia del director que es alta funcionaria de CIBANCO para lograr su cometido”. Es una joya porque se refiere a una empresa italiana, Micoperi, que ganó con Emilio Lozoya y peña Nieto 7 contratos por 7 mil millones, es decir, un sobrecosto del 30% y, luego, no se presentó a firmarlos porque no tenía el dinero para la inversión. Micoperi es socia de Navieros del Golfo, que tiene compañías inexistentes, factureras, según el SAT y, algo que no depende del onmipresente AMLO, apareció como evasora de impuestos en paraísos fiscales en Panamá Paper y en Pandora. Lo de que la novia del abogado es “alta funcionaria” del CIBANCO y que, desde esa tremenda institucióin bancaria, logra presionar a una compañía italiana, es un chiste que se cuenta solo.

Luego, vienen las acusaciones contra Netzaí Sandoval, que dirigió la Defensoría Pública, es decir, la de la gente pobre que no tiene para pagar un abogado. Dice textualmente la denuncia: “Se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza (“incondicional”), le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó”. Esto se refiere al roñoso caso de la señora Wallace que se presume por varios periodistas, de México y de Estados Unidos, que fabricó el asesinato de su hijo y, luego, inculpó mediante torturas a una célula criminal de su propia invención. Así que, hasta donde este columnista sabe, Netzaí actuó conforme a la justicia.

Pero sigue acusándose a quienes hicieron bien. Por ejemplo, al Juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, se le acusa de cumplir con su responsabilidad. Dice: “Giró orden de aprehensión contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que se violó el fuero del imputado”. No es tal, porque el “imputado” Cabeza de Vaca se le quitó el fuero por parte de la Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 2023. Otra cosa es que la Corte jamás resolvió qué hacer cuando el fuero lo ratifica el Congreso local, como ocurrió con Tamaulipas.  Pero todavía Norma Piña se da el lujo de agregarle al juez: “y contra el coronel Eduardo León Trawitz, sin fundamento”. León Trawitz era quien distribuía el huachicol a escala industrial desde su puesto como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex. Está detenido en Canadá y, a menos que Norma Piña, quiera acusar a Zaldívar de presionar a los canadienses, no sé para qué mete eso.

Otra acusación que tampoco entendí es ésta: “Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. Pasó de resolver los asuntos de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle a ser readscrito para librar órdenes de cateo al hermano del “Mencho”, todas las resoluciones dictadas atendiendo a las instrucciones del exministro”. No me queda claro por qué un mimso juez no puede ordenar cateos en ranchos del hermano de Nemesio Oceguera, Antonio, del Cartel de Jalisco, si antes resolvió asuntos contra la corrupción política de Emilio Lozoya y Genaro García Luna. No le veo sentido a esa redacción precipitada, vulgar, imprecisa y de tal mal intencionada, que al final resulta confusa.

En las últimas horas, el propio Arturo Zaldívar anunció el inicio de un procedimiento para un juicio político contra Norma Piña. La denuncia anónima fue su manera torpe, burda y obtusa de meter a un poder como el judicial en la elección de este año. Zaldívar señala las argucias para influir en que se quedara en el Tribunal Electoral como presidente el impresentable de Reyes Rodríguez Mondragón, pieza del grupo de Felipe Calderón. Piña señala gente por nombre y apellido en los medios de comunicación pero no exhibe a su denunciante anónima. Al mismo tiempo amenaza con liberar a todos los presos por prisión preventiva oficiosa, una cifra que ronda las 60 mil personas que estarán libres, entre ellos, secuestradores y narcotraficantes. Todo a la mitad de las campañas para renovar la Presidencia de la República. Está claro que Piña está ahí para librar una guerra contra la 4T. Su nombre es “desestabilizar”.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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