El Ministro Luis María Aguilar Morales señaló que las leyes que facultan al Ejército generan “incertidumbre”, pues no se menciona “cuál es el límite de esta atribución, […] ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo”.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la facultad que tienen los militares para interceptar comunicaciones de civiles, sin la autorización de un Juez.
La votación alcanzó la mayoría calificada de ocho para poder invalidar esta técnica de investigación, contenida en el Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP).
El Ministro Luis María Aguilar Morales consideró que a pesar de ,que el código militar impugnado refiere algunos controles para ejercer estas intervenciones, no son claras ni suficientes.
“Lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, señaló.
La votación de los ministros invalida los artículos 291, 295, 296 y 81 Bis fracción VII, que entre otras cosas señalaban: “Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de un delito diverso de aquellos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el registro para dar inicio a una nueva investigación”.
Además, la SCJN anuló la facultad de los militares para asegurar cuentas bancarias sin autorización de un Juez civil, aunque sea un posible delito del fuero castrense.
EJÉRCITO ESPÍA
El pasado 7 de marzo se dio a conocer que el Centro Militar de Inteligencia, una rama secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), espió con el malware Pegasus al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con pleno conocimiento del Alto Mando, es decir, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Esto lo reveló una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a partir de los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya.
La tarjeta informativa secreta de la Sedena reveló que el Centro Militar de Inteligencia intervino las comunicaciones privadas que Raymundo Ramos sostuvo en su papel de presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo con varios periodistas en relación a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército el 3 de julio de 2020 en esta ciudad.
Las conversaciones de Raymundo Ramos con periodistas ocurrieron entre el 16 y el 26 de agosto de 2020.
Las fechas coinciden con el periodo en que Ramos fue espiado con #Pegasus, según el análisis de @citizenlab.#EjércitoEspía pic.twitter.com/aaK8O5KeE6
— R3D (@R3Dmx) March 7, 2023
Por su parte, la Sedena rechazó haber utilizado el software Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, algo que también ha negado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Con estricto apego al Estado de Derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, dijo a través de un comunicado.
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró estar facultada para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada con el fin de detener a líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, ubicar instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y “otros resultados importantes en materia de seguridad pública”.
Sobre la contratación del spyware Pegasus, la Sedena reconoció haber contratado el servicio del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013, el cual fue empleado “única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, mediante acciones de inteligencia”.
