La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la etapa del presidente Arturo Saldívar, dejó un rezago en cuestiones importantísimas para el futuro de la república. No viene al caso hurgar sobre los motivos que tuvo para que se dejaran de resolver dos temas que van a ocupar la atención en las próximas semanas: lo concerniente a corregir el rumbo en materia de militarización del país en las tareas de seguridad pública, y que en concreto se refieren a pasar la Guardia Nacional como un aparato dependiente del Ejército.

Eso por una parte. Por otra, lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa en contra de la cual pesa una resolución internacional dictada hace unos días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos temas ya ocupan la atención en los medios de comunicación, y se están haciendo diversas contribuciones para la interpretación de la profundidad que ambas cosas entrañan.  

De mucho tiempo a esta fecha he sostenido que el conjunto de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, se debe ceñir al marco constitucional, que pasa por lo que dispuso el Constituyente de 1857, que se retomó íntegramente en el Código de Querétaro de 1917 y que se ha transgredido, especialmente por los últimos gobiernos de la república, asignándole un papel que no le corresponde a las fuerzas castrenses, porque rompe el sentido civilista que debe tener la atención de la seguridad.

Mientras más tiempo tengamos al Ejército a cargo de eso, sin la construcción de un aparato de seguridad pública profesional, sujeto al brazo civil del Gobierno y que incorpore a estados y municipios, la república estará a merced de los humores de un conglomerado militar que pueda mutar su función y auto asumirse como indispensable en el ámbito político, transgrediendo, insisto, lo que el constitucionalismo mexicano ha estipulado desde mediados del siglo XIX.

En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, que llegó con el Gobierno de la Cuarta Transformación, tiene el sabor de un derecho penal autoritario, en lugar de abrirle paso a uno de carácter democrático y garantista. En este ámbito es obvio que pesa, y pesa mucho, el sentido de la reciente resolución de la Corte, que prácticamente obliga a enmendar el camino y a reformar la Constitución misma.

Con diversos grados de complejidad, este par de puntos de una agenda trascendente, ocuparán a la Suprema Corte y tendremos a la vista el funcionamiento, o ausencia de funcionamiento, como un contrapeso constitucional a los designios de la Presidencia de la república. 

En realidad no hay mucho para dónde moverse, si se quiere actuar de manera congruente con lo que dispone la Constitución y lo que ha de resolver en su caso una Corte que, aparte del contrapeso que ejerza, dictamine de manera inequívoca la correcta interpretación de la Constitución General de la república. Aquí no vale entablar una polémica como la que se preconiza desde la Presidencia de la república y Morena, de denostación de la Corte, con su integración actual, vale decirlo.

Andrés Manuel López Obrador sostenía, cuando fue presidente del PRD, que gustaba de la existencia de una Suprema Corte como la que existió en la época de la República restaurada de Benito Juárez, una Corte de liberales, independiente, como no hemos tenido en ninguna otra etapa de la historia.

Estará bajo observación la actitud presidencial, y de sus aparatos, para ver la congruencia con esa divisa. Se es, o no se es.

14 abril 2023

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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