La SFP indicó que las declaraciones patrimoniales sólo deben cumplir la función de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó esta tarde que analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no significa que exista una acusación e su contra, ni es señal de alguna investigación por irregularidades.
«El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad», explicó en una tarjeta informativa la SFP.
La dependencia federal indicó que las declaraciones patrimoniales sólo deben cumplir la función de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
Estricta legalidad y respeto al debido proceso, principios fundamentales del trabajo de la Función Pública.
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— SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) April 17, 2020
Asimismo, aseveró que hará garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, la Función Pública no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar.
«El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública», agregó el boletín.
En ese contexto, la SFP hizo un llamado a mantener un ejercicio periodístico responsable, que informe a la sociedad sin afectar derechos fundamentales de terceros, como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia.
Además, recordó que la SFP cuenta con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados, de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con la institución, desde el inicio de la actual administración se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi 6 veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018.
