La organización en defensa de los periodistas expresó su preocupación por los procedimientos anunciados por SEGOB, pues son “un peligroso paso controlar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación”. Luego reconoció la rectificación: la sanción a dos diarios de Chihuahua fue cancelada.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– La organización internacional Artículo 19 (A19) exhortó a la Secretaría de Gobernación a que sea la misma prensa mexicana la que se autorregule, y dijo que “reconoce la importancia de la rectificación a fin de no perseguir a medios de comunicación” porque previamente Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, había anunciado sanciones contra El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua por publicar una foto falsa de “muertos por COVID-19”. El mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a ambos medios en su conferencia. Posteriormente, Gobernación desistió a la sanción.
A19 dijo que Gobernación debe “convocarles [a los medios] a una verdadera autorregulación a través de códigos de ética y del derecho de rectificación, corrección y réplica”.
🔴ARTICLE 19 reconoce la importancia de la rectificación hecha por @SEGOB_mx a fin de no perseguir a medios de comunicación y convocarles a una verdadera autorregulación a través de códigos de ética y del derecho de rectificación, corrección y réplica.
👇https://t.co/LGkFzFDPa9 https://t.co/OpItYUFgTD— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) April 16, 2020
La organización en defensa de los periodistas expresó su preocupación por los procedimientos anunciados por SEGOB, pues, aunque las publicaciones de los diarios mencionados hayan atentado contra el derecho a la información fidedigna, “es un peligroso paso controlar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación”, debido a que el periodismo debe ser independiente frente al Estado mexicano.
La titular de la Segob señaló poco después que las publicaciones con información falsa provocan desinformación entre la población y contradice el objetivo de la ética informativa, la cual debe estar presente sobre todo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Por su parte, López Obrador atribuyó las notas de los diarios chihuahuenses a la oposición y aseguró que su intención era desprestigiar a México y al Gobierno que él representa.
“Editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”, mencionó López Obrador.
El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua publicaron una nota con el título “Prueban con fotos muertes por COVID”, acompañada de una fotografía de cadáveres apilados en el piso de una habitación. Se afirmaba que las autoridades estatales y federales “maquillaban” las cifras reales de las muertes por COVID-19. El pie de foto decía que la imagen había sido recogida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Juárez. Luego se supo que había sido tomada al interior de un hospital en Ecuador.
COMUNICADO DE ARTÍCULO 19, ÍNTEGRO
El día de ayer el gobierno federal anunció el inicio de un procedimiento “administrativo sancionatorio” contra El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua por información falsa difundida en sus respectivas ediciones del 14 de abril de 2020.
La investigación -que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación- vino después de la difusión de una nota publicada el Diario de Juárez con el título “Prueban con fotos muertes por COVID”. En ésta se afirmaba que las autoridades estarían “maquillando” las cifras de muertos en la ciudad fronteriza.
La nota estaba acompañada de una fotografía de cadáveres apilados en el piso de una habitación y cubiertos en bolsas mortuorias. El pie de foto afirmaba que esta había sido tomada en el IMSS de Ciudad Juárez. No obstante, en realidad esta había sido tomada días atrás en un hospital de Ecuador, cuando el mundo conoció la noticia de la crisis sanitaria que enfrentaba el país sudamericano por la transmisión descontrolada del COVID – 19.
Ese mismo día el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que se trataba de “una muestra más del amarillismo” de la empresa que publica el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua. “Los diarios se han dedicado a propagar pánico moral entre la población” con el fin de “confundir a la ciudadanía, generar caos (…) y desacreditar a las autoridades estatales,” concluyó.
Al respecto, la reportera que escribió la nota ofreció disculpas públicas explicando que “Nunca tuve el objetivo de ser sensacionalista, de causar pánico en la sociedad o de obtener alguna ganancia. Soy humana y tantos años entrevistando a la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez (…) me llevaron a un exceso de confianza. Para mis lectores lo único que puedo decirles es perdón, me equivoqué y mi compromiso es seguir trabajando, revisar cada nota, buscar la contra parte”.
De la misma manera, el Diario de Juárez publicó una nota aclaratoria en la portada de ayer. Esta dice que “la información fue recibida de buena fe sin ser sometida a la necesaria comprobación de la autenticidad de la foto, pasando engañosamente por otras instancias en el proceso de edición y publicación. Sin duda, la inclusión de la foto fue un error de cualquier manera injustificable. Ofrecemos la respectiva explicación y solicitamos las más sentida disculpa a nuestros lectores.”
La ciudadanía en el estado de Chihuahua tiene derecho a recibir información veraz, más aún en medio de un contexto en donde las autoridades aún no han logrado controlar la expansión del virus[1]. La publicación de la mencionada fotografía genera un efecto adverso a este derecho y afecta la posibilidad de las y los chihuahuenses de contar con un debate público plural, robusto y con información y datos rigurosamente recolectados.
El debate en torno a la equivocación por la publicación del Diario de Juárez es bienvenido. Las críticas hacia el Diario que ha realizado el gremio periodístico, la audiencia del diario, la academia y demás sectores de la sociedad civil son necesarias y contribuyen a reflexionar sobre los deberes éticos del periodismo y a la necesidad de tener mayor autorregulación. Las disculpas que ha ofrecido la reportera a sus lectores contribuyen a minimizar el daño. Sin embargo, la postura de los gobiernos estatal y federal debe sujetarse a los más altos estándares internacionales y no incurrir en la aplicación de medidas desproporcionadas.
El procedimiento administrativo que ha iniciado SEGOB, de utilizarse de manera indiscriminada y arbitraria a partir de ahora, es un peligroso paso camino a controlar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación. El periodismo debe contar con un amplio margen de independencia y autonomía frente al Estado. México no puede avanzar a una situación en donde el gobierno federal determine y sancione a su antojo qué notas periodísticas son falsas y cuáles son verdaderas.
Para ello debe transparentar con base en qué criterios pretende iniciar procedimientos en unos casos y en otros no, tomando en cuenta que esta medida de sanción es extrema y puede afectar el derecho de acceso a la información en este contexto de crisis en la salud pública. Además es responsabilidad del gobierno, antes de adoptar cualquier medida de sanción, difundir información fiable sobre la situación de la pandemia en el país.
Previendo este potencial de abuso, el pasado 19 de marzo las relatorías de libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declararon: “Es esencial que los gobiernos (…) aborden la desinformación por sí mismos proporcionando información fiable (..) Con respecto a otras medidas, como la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y sólo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad. Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión [2].»
Antes de anunciar la persecución de medios, el Estado debe preocuparse por detener la difusión de información falsa por parte de sus propios funcionarios. En días pasados el gobernador de Puebla afirmó que “los pobres estamos inmunes” frente al COVID y el propio Presidente de la República afirmó a inicios de marzo «Hay quien dice que por lo de coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada”. Por su parte, el propio gobernador de Chihuahua tiene un largo historial de intimidaciones [3] a la prensa en los que se destacan amenazas de demanda [4], negativa de responder información, así como campaña de desprestigio[5], acciones que tampoco han tenido consecuencias ni han sido investigadas por las autoridades.
En paralelo, otros funcionarios como el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla han hecho afirmaciones notoriamente exageradas como el decir que los médicos del estado estaban “cayendo como moscas” ante la falta de protección.
ARTICLE 19 reitera que los medios de comunicación y periodistas «deberían apoyar sistemas efectivos de autorregulación (…) que incluyen estándares para propiciar la veracidad de las noticias, entre otras cosas, contemplando el derecho de rectificación y/o réplica en el caso de hechos incorrectos en los medios[6].»
Por estas razones. ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México tomar en cuenta la rectificación del medio como remedio a la difusión de información falsa y cesar de inmediato este proceso administrativo en contra del Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua.
Es positiva la preocupación del gobierno para detener la información de información falsa pero debe transparentar los criterios y las bases bajo las cuales se iniciarán este tipo de procedimientos, recordando que este tipo de medidas extremas pueden prestarse a abusos. El uso desviado del derecho puede generar un efecto inhibitorio en la difusión de contenidos legítimos.
