Ana Zavala fue asesinada por Porfirio, su vecino, en Ecatepec, Estado de México, el 21 de noviembre de 2016. A un año y medio del crimen, la Fiscalía del Estado de México no ha capturado al presunto responsable.
La familia de la víctima sospecha que las autoridades no dan tanta importancia a su caso debido a que el responsable del homicidio es un adulto mayor, que actualmente debe de rondar los 70 años de edad.
Ciudad de México 17 de abril (SinEmbargo).– Dos disparos en el pecho acabaron con la vida de Ana Zavala Alvarado la tarde del 21 de noviembre de 2016. Porfirio, un vecino, la baleó junto a su esposo José Cruz Sánchez y frente a la hija de ambos, Celeste. La familia de la víctima clama por justicia y el atacante, plenamente identificado, está prófugo.
Ana Zavala Alvarado tenía 59 años de edad. Se dedicaba al hogar y a predicar su religión.
“Era una mujer que le gustaba el altruismo y ayudar a los demás”, recuerda Celeste Sánchez, hija de la víctima.
El 21 de noviembre de 2016, cerca de las 2 de la tarde, llamaron a la puerta de su vivienda, ubicada en la colonia San Tomás Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Celeste abrió: era Patricia, una vecina.
“Me preguntó por mi mamá, yo le hablé y mi madre salió para atenderla. La vecina le dijo que si le podía pedir un favor porque ya se iba a ir de su casa, pues su esposo la maltrataba”, rememora.
La vecina, dice, metió a la casa dos botes con bolsas y regresó a su vivienda, de donde sacó una bicicleta. Fue entonces cuando Porfirio, el esposo de Patricia, bajó de un taxi.
El señor reclamó la bicicleta a Patricia y pidió que la cambiara. La mujer regresó la bici que inicialmente había extraído de su vivienda y sacó otra. Le dio las gracias a Ana por permitirle guardar sus pertenencias.
Porfirio nuevamente discutió con su esposa.
“Mi mamá les dijo que no se pelearan y este señor le empezó a decir cosas a mi madre”, narra Celeste.
Patricia tomó un taxi y se retiró. Porfirio se quedó y exigió a Ana que le devolviera las cosas que le habían dado a cuidar.
“Ahí están las cosas, usted vio cuando su esposa me las encargó. Si gusta pasar y tomarlas”, le contestó Ana a Porfirio, según platica su hija.
El hombre no dejó de reclamar y subió el tono de voz hasta llegar a los gritos.
–Háblale a tu papá –ordenó Ana a su hija.
Celeste comenta que obedeció la instrucción y fue por su padre, José Cruz.
–¿Qué pasó, Don Porfirio? Tranquilo –le dijo José al vecino.
Porfirio insistió en que la bicicleta que les había dejado Patricia era de su propiedad, que costaba 50 mil pesos. Luego ingresó a su vivienda por un breve momento y regresó a demandar que le entregaran las cosas.
En medio de los reclamos, recuerda Ana, el esposo sacó el arma, apuntó a José Cruz y disparó, pero Ana se metió en medio.
Celeste comenta que al ver la pistola y escuchar la detonaciones corrió a su vivienda.
“Cuando dejé de escuchar los disparos, salí y mi mamá ya estaba tirada. Yo traté de ir hacía donde estaba mi mamá, pero don Porfirio me apuntó y volví a entrar a la casa. Se volvieron a escuchar las detonaciones, hasta que dejé de escucharlas. Cuando vi que el señor se había ido, salí y vi a mis padres en el suelo”, relata.
La mujer llamó a la ambulancia y pidió ayuda policiaca. “Al único que pudieron auxiliar fue a mi papá porque mi mamá ya no respondía”, agrega la mujer.
En el lugar quedaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. José Cruz sobrevivió pero Ana murió.
Porfirio escapó.
A inicios de 2017, dice la hija de Ana, se giró la orden de aprehensión contra Porfirio Bustos Javier por el homicidio contra Ana y homicidio en grado de tentativa contra José Cruz.
A un año y cinco meses del crimen, aún no hay rastro del atacante y la familia sospecha que ni siquiera lo han buscado.
Ana se convertía así en una de las 2 mil 53 personas privadas de la vida de manera intencional, y una de mil 294 fueron que fueron victimadas con arma de fuego durante el 2016.
VIOLENCIA EXTENDIDA
Pese a que existe el estigma de que la mayoría de los asesinatos en la entidad mexiquense y en todo el país están relacionados con el crimen organizado, la crisis de homicidios se ha extendido a dinámicas interpersonales, destaca en el Informe del Índice de Paz presentado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) la semana pasada.
“Esto nos habla de un deterioro [en la sociedad ]mucho más amplío. Hablamos de una cultura y relaciones interpersonales más violencias. Necesitamos mirar esta problemática desde un espectro más estructural”, señaló Carlos Juárez, presidente de IEP, en una conferencia de prensa en días pasados.
El estudio arroja que, por segundo año consecutivo, se deterioró la paz en Mexico: En 2016 cayó un 4 por ciento y el año anterior se menoscabó un 11 por ciento.
El retroceso de 2017 es casi tres veces al que se registró en 2016. El alza récord de homicidios dolosos del año pasado, con más de 29 mil víctimas en todo el país, impactó severamente en la más reciente medición.
El estudio de IEP pone especial énfasis en que el aumento de violencia no solo se debe al crimen organizado sino que la delincuencia común y la violencia interpersonal se disparó. La violencia domestica aumentó 32 por ciento.
“La violencia dentro y fuera del hogar van de la mano, lo cual señala un aumento en la violencia en la sociedad en general. La tasa de violencia intrafamiliar se incrementó 32% en los últimos tres años, lo cual sugiere un incremento de la ilegalidad general”, indica el informe.
El análisis también enfatiza que los homicidios cometidos con armas de fuego incrementaron a medida que la violencia escaló.
Este tipo de asesinatos se duplicaron de 2015 a 2017, pues pasaron de 10 mil 462 homicidios a 20 mil 083: En 2015, las armas de fuego representaron 54 por ciento de los homicidios; para 2017 este porcentaje aumentó a 69 por ciento.
También los homicidios cometidos con cuchillos y con otros tipos de armas subieron 2015 a 2017, aunque en un grado mucho menor.
“El efecto del aumento de la violencia en los hombres mexicanos representa un factor de riesgo futuro para México. Numerosos estudios demuestran que, a medida que el número de familias con hombres desaparecidos aumenta, también se elevan la violencia, la pobreza y otras formas de crisis social”, alerta el informe de Indice de Paz.
EDOMEX, IGUAL A IMPUNIDAD
La mujer clama por justicia para su madre en una entidad en donde de cada cien delitos reportados solo 14.7 por ciento se resuelven, de acuerdo con análisis de la organización Impunidad Cero.
“Yo que más quisiera que encuentren al señor y que pague por lo que hizo. No se me hace justo que por unas cosas materiales, por algo que ni siquiera tenía valor nos haya disparado, nada más por que sí. Queremos justicia, pero parece que ese señor aquí es intocable”, expresa.
La hija de Ana manifiesta que en la comunidad son víctimas de malos tratos. “Tres días después de que este señor mató a mi mamá, la familia de él llegó a mi casa con dos patrullas, porque disque tenía miedo de que nosotros les hiciéramos algo. Una de de sus hijas se burlaba de nosotros”, agregó.
Celeste considera que las autoridades no han dado suficiente importancia al asesinato de su madre, ya que el agresor también es una persona de la tercera edad, el cual, ya debe de superar los 70 años.
Arturo Luis Cossío Zazueta, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM) explica que en México no hay impedimentos para que una persona de avanzada edad no sea ingresada a la cárcel o no se le lleve un proceso penal.
Sin embargo, abunda, los presuntos responsables que son mayores de 70 años y que además tienen un precario estado de salud o una enfermedad terminal -aunque no sea tan grande-, podrían no pisar la cárcel al solicitar un trato diferenciado, y el juez puede abstenerse de poner de una pena.
“Son cuestiones que el juez tiene que analizar caso por caso para otorgar prisión domiciliaria. Es a partir de los 70 años o cuando tienen una enfermedad terminal pero, insisto, no es una regla que partir de esta edad pueden pedir prisión domiciliaria”.
El experto en materia penal enfatiza que la edad del probable responsable no debe de impactar en el actuar de las actividades de investigación y ejecución de ordenes de aprehensión. “El Ministerio Público y la policía tiene el deber de actuar, [buscar a una persona de avanzada edad], en las mismas condiciones que con cualquier otro asunto, y si un juez le puede o no dar prisión domiciliaria, esto no tiene porque influir en la manera en que ellos cumplan con sus obligaciones”, apunta el especialista.
Hoy, la familia de Ana busca apoyo en la sociedad y pide que en caso de tener información de Porfirio la den a conocer ante las autoridades.
