Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, informó que ante la falta de resultados y la lentitud de la investigación están valorando la continuidad o no de las reuniones con la PGR.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– A los obstáculos impuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa, se suma una campaña de desprestigio que el Gobierno federal no ha detenido.
Lo anterior fue denunciado por la coadyuvancia de la investigación y la representación de las familias de los 43 estudiantes al término de una reunión con la Procuradora General de la República, Arely Gómez González.
Vidulfo Rosales, del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que los ataques –difundidos desde diferentes medios de comunicación- debilitan el trabajo de un grupo que ha contribuido a vigilar la actuación de la PGR, por lo que reiteró el respaldo de las familias al GIEI.
Sobre los obstáculos al avance de la investigación, Rosales denunció la falta de atención a 120 diligencias pendientes y que las familias consideran necesarias para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas; entre éstas, dijo, decenas de entrevistas a policías, militares y políticos de la región probablemente vinculados con el crimen.
“No se le está permitiendo al Grupo de Expertos acceder a algunos lugares, para entrevistar personas, funcionarios, y es una preocupación, porque va a tono, la falta de facilidades del Gobierno, con una campaña de desprestigio muy acendrada que se está dando y que está creciendo”, denunció Rosales.
“También nos preocupa que, hace un mes, en una reunión, hicimos entrega de un escrito de ofrecimiento de pruebas, suscrito por todos los padres de familia, en el que estamos solicitando la comparecencia y la toma de declaraciones de por lo menos 120 personas, desde elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, Ministerial, políticos de la zona, presidentes municipales; obviamente, todos estos actores que estamos enumerando aquí están implicados de manera directa o indirecta en el caso, ya sea porque algún inculpado los refiere, lo relaciona con el caso, porque ha aparecido en mantas de manera reiterada, pero que la PGR ha sido omisa en mandar citarlos”, agregó.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, informó también que, ante la falta de resultados y la lentitud de la investigación, están valorando la continuidad o no de las reuniones con la PGR.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, fueron víctimas del delito de desaparición el 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala.
LA CAMPAÑA
Hace dos días, la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal interpuso una demanda ante la PGR en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), por un supuesto fraude de al menos dos millones de dólares obtenidos del Gobierno federal mexicano para pagar a los expertos extranjeros que supervisan la investigación del crimen.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización, denunció a Alvarez Icaza por presunta “conducta antisocial” y con el argumento de que el Código Penal Federal tipifica como delito el engaño “o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
A inicios de este mes, dos de los cinco integrantes del GIEI instaron a la Unión Europea (UE) a que apoye su trabajo ante las publicaciones sobre presuntos antecedentes negativos entre ellos.
“Es importante mostrar apoyo al trabajo que hacemos. Los intentos de cuestionarnos personalmente o cuestionar sin ningún argumento concreto el trabajo que hemos hecho, son intentos de cerrar el espacio en la búsqueda de la verdad en el caso”, declaró en Bruselas el doctor y experto en atención a víctimaCarlos Beristáin.
En esa ocasión, Beristáin pidió asimismo que la UE revise las recomendaciones de sus informes sobre el caso para “ver en qué medida pueden ser parte” también de este trabajo.
“Ya hemos hecho recomendaciones en nuestro informe respecto al caso y otras más generales sobre la problemática de personas desaparecidas en México (…) El informe que publicaremos a finales de abril también planteará otras recomendaciones”, explicó, y pidió que puedan utilizarse como “una herramienta transformadora”.
Esta situación ya había sido denunciada por organizaciones internacionales y mexicanas que, en una carta, señalaron que existe una “campaña de desprestigio” en contra del GIEI, por lo que hicieron público su respaldo a cada uno de los cinco miembros y exigieron que el Estado mexicano reconozca la importancia de su trabajo.
“Nos preocupa el silencio por parte del gobierno de México frente a los ataques difamatorios que siguen saliendo en los medios de comunicación” en contra del grupo de expertos de la CIDH, dijeron las organizaciones firmantes, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Amnistía Internacional, Open Society Justice Initiative y el centro Robert F. Kennedy Human Rights.
