Las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo y a libertad de expresión en México empeoraron el año pasado. Las agresiones contra la prensa aumentaron 21.8 por ciento con relación a 2014, y, por primera vez, los medios digitales fueron los más amenazados.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– “Miedo” es la palabra que definió durante 2015 la situación de la prensa en México. El informe anual de Artículo 19 sobre la situación del sector en México, revela que las agresiones contra la prensa aumentaron 21. 8 por ciento con relación al 2014 –una cada 22 horas– y por primera vez los medios digitales fueron los más amenazados, principalmente, por servidores públicos, particulares y el crimen organizado.
El documento, titulado, “M.I.E.D.O ((Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad) Informe 2015 de ARTICLE 19”, especifica que el año pasado se registraron un total de 397 casos de agresión a trabajadores de medios de comunicación, principalmente en el Distrito Federal [67 casos], Veracruz [67 casos], Guerrero [56 casos], Puebla [38 casos] y Oaxaca [35 casos].
Siete periodistas fueron asesinados en el mismo periodo: Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa.
Asimismo, se contaron cinco desplazamientos forzados, una desaparición forzada, la cual derivó en un asesinato, siete allanamientos a domicilios de periodistas, 37 casos de privación ilegal de la libertad, 109 ataques físicos/materiales, 84 amenazas, y 5 ataques a instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego, entre otras agresiones.
Se evidencia también aquellos estados del país en los que la violencia ha sido creciente, como Guanajuato, donde de una agresión por año en los últimos dos, se pasó a 13 en 2015, así como el primer asesinato de un periodista; y Puebla, con tres agresiones en 2013, 16 en 2014, y 38 en 2015, donde se presentó una creciente incidencia de ataques a medios por vías también digitales. Puebla concentra el 30 por ciento de ataques cibernéticos en el país registrados de 2009 a 2015.
A los crecientes ataques contra la prensa, de acuerdo con el documento, se suma “la ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los culpables.
Detalla que el año pasado las agresiones en contra de los medios se registraron en dos contextos: las elecciones de junio de 2015, con 40 agresiones, y las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
ATAQUES A MEDIOS DIGITALES
Por primera vez desde que se realiza este informe, la organización documentó que de los 69 ataques registrados en contra de medios, la mayoría fueron de orden cibernético [30 en total]. “Por primera vez, los medios digitales fueron los más agredidos, con 32 agresiones, sobre los impresos (periódicos y revistas), con 18”.
Hace especial énfasis en el interés de distintos actores de poder de criminalizar o regular distintos actos o contenidos que se difunden a través de la red.
Las mujeres periodistas se convirtieron en otro blanco de los agresores de la libertad de expresión. Es necesario señalar los ataques dirigidos específicamente contra mujeres, que ascendieron a 84 en 2015, casi la cuarta parte del total de las agresiones contra la prensa, frente al 19 por ciento del año anterior. “El análisis de género pone en evidencia que la violencia contra la prensa incluye características que de manera muy particular tienen efectos diferentes en la vida personal, psicosocial y profesional de las mujeres periodistas, que en consecuencia inhibe el libre ejercicio de sus actividades”.
“Las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas aquellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual y colectivamente), para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obligan a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
De hecho, señala que Internet se ha convertido en una nueva arma para amenazar a las mujeres que ejercen el periodismo: a través de este medio se han realizado acciones de hostigamiento, acoso sexual, amenazas, campañas de desprestigio con connotación sexual, fotomontajes difundidos con la intención de estigmatizar a la víctima y la publicación de fotografías y material privado sin consentimiento.
A pesar de que estas denuncias son, en su mayoría anónimas, fue posible identificar que en el caso de las mujeres, los funcionarios públicos fueron los principales responsables de las amenazas, seguidos de particulares.
De los 30 ataques cibernéticos documentados en 2015 por Artículo 19, quince ocurrieron en el estado de Puebla; de éstos, 14 contra las versiones digitales de dos medios impresos: Centro, con 10, y La Jornada de Oriente con cuatro.
Durante décadas, uno de los varios mecanismos de control gubernamental para el periodismo se hizo a través del papel, cuya distribución y venta era monopolio del Estado. Con la apertura del mercado en los años noventa comenzó a diluirse esa fuente de presión.
Es importante recordar que el Gobierno morenovallista ha adquirido programas y software malicioso específicamente desarrollado para el espionaje y la vigilancia ilegal de políticos, periodistas y opositores, señalado como uno de los principales clientes de Hackig Team – empresa desarrolladora de este tipo de equipo.
Sobre los asesinatos de periodistas, el reporte destaca cómo la mayoría fueron cometidos “con saña”, lo que muestra “con claridad la falta de voluntad política de las autoridades para prevenir (todos habían alertado de las amenazas recibidas) y, posteriormente, para investigar y castigar a los culpables”.
Destaca tres casos en particular: El de Moisés Sánchez, de Veracruz; el de Filadelfo Sánchez, de la radio La Favorita 103.3 FM, de Oaxaca; y el del fotorreportero Rubén Espinosa, de Veracruz, asesinado en la Ciudad de México, a pesar de que ya había hecho pública la situación de riesgo en la que se encontraba por haber “molestado” al Gobernador Javier Duarte, y de que ya existía un protocolo de seguridad activado para garantizar su integridad.
El informe detalla también otros casos de agresiones, como la privación ilegal de la libertad que sufrió Enrique Juárez, en Tamaulipas. “Sobre Tamaulipas, los casos confirman que las condiciones del estado en lo que atañe a libertad de expresión son nulas”.
Por medios, la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC) es el que recibió el mayor número de agresiones.
“Todos los casos detallados tienen algo en común: la ausencia de protección y respuesta del Estado, ya sea por el desempeño inexistente u opaco de las instituciones, sumado a que son servidores públicos quienes componen la mayor proporción de perpetradores, con 165 en comparación con 35 del crimen organizado o 34 de partidos políticos en 2015”, señala.
TAMAULIPAS
El estudio hace especial énfasis en el caso de la violencia que vive la prensa en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
En diciembre de 2014, el Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó a Tamaulipas como uno de las más inseguros de México. Advirtió que en ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria, se presentan “homicidios, robos a mano armada, robo de autos, secuestros, extorsión y violencia sexual. La aplicación de las leyes estatales y municipales en el estado es muy limitada o incluso inexistente. Los conflictos violentos entre criminales y militares pueden ocurrir en toda la región y en cualquier momento del día”.
“En la actualidad, en Matamoros es común observar caravanas de militares y de la Policía Federal en las principales avenidas, que patrullan las calles portando armas de alto calibre. Por las noches impera el silencio, salvo cuando hay enfrentamientos, lo que da una sensación de vivir en un pueblo fantasma”, expresa.
“Tamaulipas es la raíz del miedo para la prensa mexicana. Fue ahí donde se registraron los primeros asesinatos de periodistas que informaban sobre hechos de
violencia en México. Ocurrieron en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2000, en la época en que el narcotraficante Osiel Cárdenas [Guillén] traficaba droga por la frontera del estado en presunto contubernio con autoridades locales, durante el gobierno de Tomás Yarrington. En la actualidad, la justicia de Estados Unidos busca a los ex gobernadores Yarrington y Manuel Cavazos Lerma por presunto lavado de dinero, coludidos con la organización criminal que encabezaba Osiel. Y es que se trata de un estado que, por su cercanía con Texas, es estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas”, cita.
EL VERACRUZ DE DUARTE
Veracruz es uno de los dos estados en los que se documentaron más agresiones a la prensa en 2015.
Para la organización, en la entidad no hay cabida para la libertad de expresión. Se trata de un derecho silenciado a base de represión y plomo, donde la prensa se ha llevado la peor parte.
De acuerdo con las cifras documentadas por Artículo 19, en un lapso de nueve años, de 2007 a 2015, revelan que es el segundo estado mexicano con más agresiones con un total de 269, por debajo de las 321 reportadas en la Ciudad de México para el mismo periodo.
En 2015, sin embargo, el gremio de Veracruz vivió su peor año al registrar una agresión cada 5 días, cuando el promedio en 2014 y 2013 era una cada 9 días. Cuatro de los siete periodistas asesinados durante el año pasado, tenían relación con la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa.
LA IMPUNIDAD QUE ALIMENTA EL MIEDO
Otra parte del informe analiza el actuar de tres de las instituciones encargadas de otorgar protección a la prensa y vigilar que se respeten los derechos de los comunicadores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el “botón de pánico” no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, subraya.
