La operación en la que participaban los militares y ministeriales retenidos, forma parte de una incursión que recorría las comunidades de los municipios de Quechultenango y Mochitlán desde la tarde del sábado y continuaba ayer.
Chilpancingo, Guerrero, 17 de febrero (ElSur).- Unos 30 militares y un grupo de agentes de la Policía Ministerial, que incursionaron ayer en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, señalado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales como el santuario del grupo delictivo de Los Ardillos, fueron retenidos por pobladores de la cabecera municipal más de cinco horas y liberados hasta que el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, y el Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, fueron a firmar una minuta de acuerdos.
Unos 100 pobladores, que para las 11:00 de la noche rebasaban los 500 tanto de la cabecera municipal como de las comunidades cercanas de Quechultenango, desde las 4:00 de la tarde habían instalado un bloqueo en la entrada del pueblo para impedir el paso del convoy que había salido de Tlanicuilulco, pero los militares y agentes ministeriales, enterados de la protesta, se desviaron antes de llegar y pretendieron salir hacia Chilapa.
Sin embargo, en el pueblo de Xiluxuchicán les taparon el paso pobladores de ésa y otras comunidades y después llegaron por ellos pobladores de Quechultenango que los trasladaron a este pueblo donde los exhibieron en la explanada del Palacio Municipal y públicamente los acusaron de cometer atropellos, como el saqueo de algunas casas, hostigar a mujeres e interrogar a niños sobre las actividades a las que se dedican sus padres.
También los acusaron de la detención del médico de la cabecera municipal, Jesús Flores Gatica, de quien exigieron su libertad.
Fueron los dirigentes de los mismos pobladores quienes informaron a través del aparato de sonido, que alcanzaron a los militares y agentes ministeriales y retenidos en Xiluxuchican, después de que habían salido de Tlanicuilulco y pretendieron salir por Chilapa.
La operación en la que participaban los militares y ministeriales retenidos, forma parte de una incursión que recorría las comunidades de los municipios de Quechultenango y Mochitlán desde la tarde del sábado y continuaba ayer.
Otro grupo de la misma operación alcanzó a salir de la zona antes del bloqueo.
Después de media hora de que militares y ministeriales estuvieron en la explanada del Palacio Municipal, fueron trasladados, “formados” por los mismos pobladores hasta la salida del pueblo, rumbo a Chilpancingo, donde estaba el bloqueo.
“Esta protesta es pacífica”, dijo uno de los dirigentes a través del aparato de sonido, mientras decenas de jóvenes portando palos y otros machetes se movilizaban entre los pobladores y vigilaban a los militares, quienes no fueron desarmados, pero les quitaron celulares y algunos objetos personales que les devolvieron cuando fueron liberados. Uno de ellos reclamó en ese momento que le regresaran una laptop que le habían quitado.
En lo que los militares y ministeriales permanecieron retenidos, los pobladores también impidieron la salida de unos 15 reporteros que acudieron a cubrir el incidente, debido a que sus vehículos quedaron encapsulados por los pobladores y éstos condicionaron a que salieran solamente la mitad y el resto hasta que retiraran el bloqueo.
En el trayecto del zócalo de la cabecera a la salida donde estaba el bloqueo, mientras trasladaban a los soldados y ministeriales, uno de los pobladores arrebató su teléfono al corresponsal del periódico La Jornada, Sergio Ocampo, y otros más amenazaron con llevárselo, pero el resto de los reporteros intervinieron y le devolvieron su celular.
Los pobladores llegaron con los militares y ministeriales a la cabecera municipal aproximadamente a las 6:00 de la tarde y los liberaron después de las 11 de la noche, tras la firma de la minuta de acuerdos en la que se estableció que en adelante, “la seguridad recaerá en la ciudadanía de la región” y que cuando el Ejército y las autoridades estatales patrullen el territorio serán acompañados por la Policía Municipal.
En el segundo punto se estableció que el Gobierno del estado “asume el compromiso de liberar al médico Jesús Floreas Gatica este jueves”, “de acuerdo con los tiempos que establece la ley”.
Firmaron la minuta el Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Oscar Chávez Rendón, el director de Gobernación estatal Francisco Rodríguez Cisneros, el Presidente Municipal, Crisóforo Castro del PRD y el comandante de la 35 Zona Militar, Martínez López. Aún después de que se habían redactado la minuta los militares y agentes ministeriales permanecieron retenidos hasta que fue a avalar el documento el Secretario de Seguridad Pública y el comandante de la 35 Zona Militar.
Para entonces, a la salida de la cabecera municipal, a orillas de la carretera hacia Chilpancingo se habían concentrado unos 200 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal a bordo de patrullas, que, sin embargo, no intervinieron para liberar a los retenidos.
Durante el bloqueo los manifestantes mostraron pancartas, todas con la misma tipografía y color con las exigencias: “Queremos un Quechultenango libre de militares”, “No al saqueo de mi pueblo por parte del Gobierno”, “El Ejército me interroga, tengo miedo, viva la paz”, “Paz y tranquilidad para mi pueblo”.
Los distintos oradores demandaron a la Gobernadora Evelyn Salgado que intervenga para la salida del Ejército de este municipio.
Uno de ellos aseguró que “nosotros estamos aquí tranquilos y viviendo en paz, paz que Chilpancingo no tiene, Gobernadora; paz que a Chilpancingo le hace falta, en nuestro pueblo los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos tenemos paz”.
También coreaban consignas como: “No al Ejército, sí a la paz”.
En breves declaraciones al final, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez, informó que el operativo que se desplegó en la zona fue por parte del Ejército y de la Policía Ministerial, pero no supo informar cuál fue el objetivo ni el motivo.
“Fue un operativo que hizo la Fiscalía General del Estado con la Sedena y la Policía Estatal, nosotros no estuvimos presentes en ese operativo, sin embargo venimos a apoyar para que se destrabara el conflicto”, dijo.
Informó que en adelante van a trabajar en coordinación con la Policía Municipal y con las policías comunitarias “de esta área”.
En estos municipios de Quechultenango y Chilapa, opera la autodenominada Policía por la Paz y la Justicia a la que organismos de derechos humanos y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) vincula con el grupo delictivo de Los Ardillos.
El amplio operativo que se desplegó en la zona desde el sábado fue inusual y no se había implementado uno igual desde 2008 cuando entraron unos 50 hombres armados a Tlanicuilulco y se enfrentaron a la gente del grupo delictivo de Los Ardillos con saldo de tres muertos.
En esa ocasión un centenar de militares del 41 Batallón de Infantería llegaron a resguardar la población y hubo vigilancia con un helicóptero. Desde entonces el grupo delictivo controla la zona.
