Activistas denunciaron la violación al derecho a la información, la vulneración del derecho a la adecuada participación de las comunidades indígenas y la omisión de una evaluación ambiental regional ante la construcción del tramo 3 del Tren Maya.
México, 17 feb (EFE).- Organizaciones mexicanas anunciaron este miércoles que obtuvieron más recursos legales para frenar de forma temporal nuevas obras del tramo 3 del Tren Maya, la obra emblemática del Presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste del país.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Chuun t’aan Maya de Yucatán y el grupo Indignación obtuvieron suspensiones provisionales, es decir, medidas cautelares por tres juicios de amparo en contra de las obras del Tren Maya en el estado de Yucatán.
“(Se ordena) la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se continúen las obras de construcción del proyecto denominado ‘Tren Maya’, hasta que se dicte la suspensión definitiva de los actos aquí reclamados”, ordenó la Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán.
El Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de 6.294 millones de dólares para cerca de 1.554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pero estas organizaciones impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado del proyecto.
Las agrupaciones denunciaron la violación al derecho a la información, la vulneración del derecho a la adecuada participación de las comunidades indígenas y la omisión de una evaluación ambiental regional.
Estos recursos se suman a otro juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, de Yucatán.
El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por 10.192 millones de pesos (cerca de 509,6 millones de dólares).
Por ahora, solo afecta a obras de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso contra el segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche, adjudicado al consorcio de la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por Carlos Slim.
Estos recursos “evidencian que el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisión sobre un proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio”, argumentó Indignación.
Pese a estos recursos legales Fonatur ha argumentado que no se ha confirmado “definitivamente ninguna suspensión al Tren Maya”.
El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó a Efe la semana pasada que el Tren Maya terminará este 2021 con un avance del 30 por ciento “a como dé lugar” (pase lo que pase) y descartó afectaciones en otros tramos por estos amparos.
