Aunque México es considerado “pionero” en la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas, diversos estudios pagados por la industria refresquera buscan demostrar que la medida no tiene los efectos esperados en la salud pública.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– El impuesto a las bebidas azucaradas, que en el país es una realidad desde hace más de dos años, es todavía un tema de debate entre la comunidad científica –que está a favor incluso de aumentarlo– y la propia industria, pero esa polémica se aviva a través de estudios pagados, de acuerdo con una denuncia del Comité Revisor del Estudio sobre el Impacto del Impuesto, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Estos estudios, emitidos por instituciones académicas, fueron presentados en el último año con diferentes enfoques pero centrados en demostrar que el impacto del impuesto de 1 peso por litro no ha tenido una repercusión positiva en la epidemia de obesidad que padece México. El argumento central es la tasa impositiva no ha logrado disminuir el consumo de bebidas gaseosas en gran medida y que, incluso, afectó el crecimiento económico del país por las pérdidas provocadas a la industria.
En México, el consumo per cápita de las bebidas carbonatadas es de 135 litros por persona. Está en los primeros lugares del mundo en obesidad en adultos, primer lugar en diabetes tipo 2 y el cuarto en obesidad infantil. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aquí se consumen en promedio unas 3.024 kilocalorías diarias, 1.024 por encima de las 2.000 recomendadas a nivel internacional para una ingesta diaria saludable.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. La medida fiscal ha sido reconocida a nivel internacional y México ha sido considerado por políticos y empresarios como pionero en su implementación.
El Comité Revisor, integrado por científicos provenientes de instituciones como la Universidad de Londres, la Universidad de Duke y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encontraron que tres de los estudios que abordan los resultados del IEPS fueron pagados por el sector privado, a través del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conméxico) y la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC).
Estos estudios, agregaron, nunca han sido publicados en revistas científicas porque no serían aprobados.
Para Larry Hopkin, co-investigador del Comité Revisor y profesor distinguido de nutrición e investigador de la Escuela de Salud Pública del Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte, los resultados de esos estudios no se sostienen; no tienen un buen análisis, la econometría, la estadística y sus métodos no son fáciles de comprender.
El doctor Frank J. Chaloupka, profesor distinguido en Economía por la Universidad de Illinois y de Chicago, comparó la táctica de la industria de bebidas azucaradas, con la de la industria tabacalera, que ha recurrido a demandas internacionales y a la negociación con legisladores para frenar los impuestos, el etiquetado y la regulación de la publicidad, esto porque la evidencia científica demuestra que los impuestos sí funcionan.
RESULTADOS DIFERENTES
De entre las conclusiones, el Comité enfatizó en que los estudios pagados por la industria tienen un conflicto de interés, ya que van más por la evidencia en la disminución de las ventas y no en lo educativo o en lo referente a la salud pública y en general, no brindan la información suficiente para llegar a las interpretaciones que hacen.
“Los resultados de los estudios realizados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Colegio de México (Colmex) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) retoman diversos argumentos de la industria de alimentos y bebidas: aquel del ITAM señala el impacto negativo en las calorías; aquel del Colmex señala el impacto regresivo del impuesto afectando el estado de bienestar, y aquel de la UANL señala el impacto en la pérdida de empleos”.
El documento realizado por el ITAM, detectó una reducción de 5 por ciento en la compra de bebidas azucaradas. Sin embargo expone que no se encuentra una reducción en las calorías ni en el índice de masa corporal, este último dato, basado sólo en la “masa corporal” del jefe del hogar, lo que para los investigadores limita los resultados, al ser ese grupo de edad el que menos ingiere esos productos, además de que no se pueden esperar cambios en el peso a corto plazo.
En uno de los estudios realizados por Conméxico “ignoran otros efectos nocivos del consumo de bebidas saborizadas, como el impacto en el síndrome metabólico”, señalaron los especialistas.
El estudio del Colmex señala que entre 2014 y 2015 , el consumo de refrescos disminuyó 2.56 calorías por día. La cifra fue obtenida a partir del consumo de refrescos, no de toda la variedad de bebidas azucaradas.
Esta cantidad se obtuvo a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que de acuerdo con las conclusiones del INSP, no permite conocer el números de las calorías.
Otro de sus principales resultados indica que hubo una diminución de 1.65 por ciento en la capacidad de compra de la población con ingresos menores a un salario mínimo.
Este es un estudio de Anprac y en él participó el doctor José Romero es consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, “que busca promover temas de interés de la industria” y que tiene relación con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que ha mostrado su rechazo al impuesto.
También indicaron que el estudio hace generalizaciones en las calorías, con bases de datos que no tienen información detallada. Este estudio se centra en el impacto económico y no en los impactos en la salud.
Finalmente, el de la UANL señala que el impuesto redujo las ventas refresqueras entre 3 y 4.3 por ciento, sin tener ningún impacto en el agua potable. Por el contrario, atañen una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.04 por ciento por la disminución de las ventas de refrescos. De todo esto, encontraron que en este periodo se perdieron 10 mil 815 empleos.
Este estudio toma a los refrescos como “bienes normales” desde la perspectiva económica y por lo tanto “necesarios” en los hogares, razón por la cual las conclusiones sobre el tema de la salud pasan a segundo plano.
“Parece poco factible que una pequeña reducción en consumo, que estiman entre 3 y 3.4 por ciento, cause una reducción en empleo que correspondería al 10 por ciento de los empleos del sector de bebidas no alcohólicas”, consideraron los especialistas.
LAS TAREAS PENDIENTES
Dentro del análisis de los resultados, los investigadores señalaron que a la recaudación fiscal deben seguirle políticas educativas en materia de salud, así como proponer que el impuesto incremente y que se imponga a otros alimentos poco saludables.
“Entre más alto es el impuesto, hay más impacto. La OMS fue la que recomendó usar medidas fiscales ante el creciente consumo de refresco y podría ser de hasta 40 por ciento en general”, comentó el doctor Chaloupka.
Para la doctora Mary Story, profesora e investigadora de la Universidad de Duke, la educación básica es un espacio que las autoridades deben utilizar para fomentar el consumo de agua potable, “porque es un hecho que con esta medida, el Gobierno tendrá más dinero”.
En este sentido también habló la doctora Corinna Hawkes, investigadora honoraria de la Universidad de Londres.
“El trabajo tiene que enfocarse en los niños, porque es en ellos donde se advierten los cambios […] México tiene que tener un enfoque más fuerte para reducir la obesidad y la diabetes, un plan integral”, planteó.
Con el 15 por ciento del dinero recaudado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometió a colocar 90 mil bebederos en escuelas; pero apenas en noviembre pasado, organizaciones civiles solicitaron a la dependencia que informara sobre el destino de mil 360 millones de pesos que fueron asignados para su implementación.
Según el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, para 2015 se programó la instalación de sólo mil 500 bebederos.
Cifras del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, realizado durante 2013, expuso que en ese año existían en el país 145 mil 427 escuelas públicas de nivel básico, de las cuales sólo el 18.8 por ciento contaban con bebederos instalados, por lo que faltarían aproximadamente 118 mil planteles por cubrir esa promesa.
