Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso Río Sonora –que se abrió para reparar los daños ocasiones por el derrame de tóxicos en el río del mismo nombre– y el monto otorgado a cada uno de ellos. Reservó la información hasta por un año.
La dependencia negó la información a una solicitud realizada a través de transparencia –con el número de folio 0001600005015–, argumentando que los datos se encuentran reservados hasta por 12 meses, debido a que aún no se concluye con el proceso de entrega de los recursos.
“En respuesta a su solicitud, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, le informa que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en sus expedientes encontró que aún no se terminan de entregar los montos a todos los beneficiarios y los montos que ya fueron entregados están en proceso de revisión, razón por la cual aún no se tiene un listado definitivo de beneficiarios ni el monto global aplicado, por lo que la información se encuentra reservada por un periodo de un año, o antes si se concluye el proceso de revisión por encontrarse en proceso deliberativo”, respondió la dependencia.
El caso involucra varios posibles conflictos de interés. Durante la crisis, por ejemplo, se dio a conocer que el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, había construido una presa personal sin permisos como el de impacto de daño ambiental. Grupo México es un consorcio vinculado a ex funcionarios y funcionarios federales mexicanos.
La negativa firmada por Jorge Legorreta Ordorica, quien en el pasado ha sido coordinador en el Senado de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se fundamenta, según precisó la Semarnat, en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que refiere a la información reservada.
La Semarnat negó, además, el monto total otorgado a los beneficiarios hasta el momento, a pesar de que un informe publicado en su página web desglosa a de forma general los recursos entregados hasta diciembre de 2015, sin presentar padrón de beneficiarios.
El 6 de agosto del año pasado, de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México, cuyo dueño es el empresario Germán Larrea Mota Velasco –el tercer hombre más rico del país–, derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi. El incidente afecto al menos a seis poblaciones de la entidad.
La organización ambientalista Greenpeace México calificó al derrame como el “peor desastre ambiental” en Sonora, mientras que las autoridades federales la consideraron la “peor tragedia ambiental” en la historia de la minería en el país.
“Hace 16 días se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país”, añadió la ONG.
El Fideicomiso es por 2 mil millones de pesos y lo suscribieron las empresas de Grupo México, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, para remediar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfuro de cobre acidulado en el Río Sonora y Bacanuchi.
De acuerdo con la página electrónica de la Semarnat, entre septiembre y diciembre se entregaron 483.6 millones de pesos a la población y 768 millones en instalación de tinacos, nuevos pozos y reparto de agua en pipas.
La dependencia afirmó que los pagos del Fideicomiso equivalen a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de la región del Río Sonora, correspondiente a enero-septiembre.
En total se han realizado 27 mil 522 apoyos económicos “directos e individuales”, en efectivo, cheque o tarjeta de débito a una población estimada de 22,878 personas en los siente municipios afectados.
HAY MAL MANEJO DE FONDOS: SINDICATO MINERO
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, dijo a SinEmbargo que ante la falta de transparencia de Semarnat en torno a los beneficiados, se sospecha en la región que existe un mal manejo de los fondos del fideicomiso.
“El día de ayer [lunes] que tuvimos reunión en Ures [uno de los siete municipios afectados], la gente dice que en los listados hay quien ya murió y que hay otras personas que no son habitantes de esa región y que les han dado un dineral. Ha habido una distribución inequitativa de los recursos y no hay una transparencia de a quién le dieron y a quién no le dieron, y porqué a unos les dieron más que a otros, cuando realmente esos dineros se debieron repartir entre toda la población afectada y que la empresa hubiera resarcido todos los daños ambientales y en el agua”, dijo.
Navarrete Aguirre aseguró que el Fideicomiso privilegia incluso a políticos que tienen presas y propiedades en el Río Sonora, como el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano y el candidato a la Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN) Javier Gándara Magaña, entre otros políticos locales.
“Muchos políticos están agarrando dinero ahí. Todos los que tienen ranchos, ganado, presas y la gente que tiene necesidad, que se quedó sin sustento, sin empleo, se quedó fuera”, aseguró.
Antonio Navarrete detalló que al problema del fideicomiso, se le agrega que la zona afectada aún no está remediada.
“No se ha reparado el daño. El río sigue en las mismas condiciones que cuando fue el derrame, no se ha hecho una limpieza, una recuperación de todos los desechos tóxicos en la cuenca del río Sonora. A seis meses del derrame ha habido brotes de enfermedades, familias enteras que les han salido granos en la piel”, indicó.
El 17 de diciembre pasado, los pobladores del Río Sonora bloquearon la carretera Mazocahui-Cananea-Aguaprieta en protesta porque no tenían suministro de agua y porque los recursos del fideicomiso para resarcir el daño, que anunció Grupo México, no estaban llegando.
Los pobladores que bloquearon la carretera dijeron a los medios locales que la contingencia por el derrame en el Río Sonora se levantó y que dejaron de abastecer a la población de agua.
Además, denunciaron, los encargados de distribuir el recurso del fideicomiso beneficiaron a sus familiares, alterando el padrón de damnificados.
Manuel Luciano Gómez, un apicultor, ganadero y agricultor que cuenta con un rancho de 400 hectáreas en el municipio de Arizpe, calculó que sus perdidas ascienden a dos millones de pesos.
Luciano es agricultor y ganadero. En su rancho producía miel de abeja, sembraba y criaba ganado.
“Perdí cosechas, ya no puedo sembrar, no tengo agua para uso doméstico, tengo que hacer un pozo. ¿Para qué me sirven 60 mil pesos que me dieron? Ni para hacer el pozo ni los gastos de la gasolina de todas las vueltas que di”, dijo en entrevista.
LOS OTROS DERRAMES
Antonio Navarrete aseguró que después del derrame del 6 de agosto, se registraron otros derrames en el Río Sonora: uno el 3 de septiembre y otro el 18 de ese mes.
“De esos derrames poco se supo, pasó lo de Iguala y robó todos los escenarios por las condiciones que lo ameritaba, claro, pero aquí en Sonora, la contaminación permanece en el río”, expuso.
En septiembre, Navarrete Aguirre denunció que Grupo México manejaba la cifra del derrame de ácido sulfúrico a su conveniencia, porque en realidad el represo estaba al límite de su capacidad que son 240 mil metros cúbicos.
“Ellos dicen que fueron 40 mil porque se fueron al mínimo. El represo tiene 240 mil metros cúbicos de desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al tope. No es cierta la cifra que están manejando”, dijo.
La cifra oficial que manejan tanto Grupo México, como las autoridades ambientales es un mínimo de sulfato de cobre y otros materiales pesados que podrían derramarse del represo, aseguró.
De acuerdo con Navarrete Aguirre, el desastre ambiental minero más grande de la historia en México se debió a fallas en el mantenimiento de los represos, que desde 2008 denunciaron en su pliego petitorio cuando iniciaron la huelga en contra de la empresa.
“La situación de los represos es grave, hay otros 11 ahí adentro, que son una bomba de tiempo”, dijo.
El Sindicato Minero, conformado por 800 mineros que trabajaron en la mina Buenavista del Cobre y que conocen perfectamente su funcionamiento, también alertó que un represo que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, estaba a punto de colapsar y contaminar de forma irreversible el Río Sonora.
Navarrete indicó que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.
“Ese represo colapsará en cualquier momento porque no se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río, sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil sonorenses”, dijo.
El minero explicó que el represo mide 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y la cantidad de desechos contenidos ahí, es incalculable.
Navarrete afirmó que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico, como asegura la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, que ya sabía de los problemas del represo y no lo solucionó con mantenimiento.
