Es un “crimen atroz que afecta a cientos de miles” en el país, advierte el Alto Comisionado Volker Türk. En el quinto aniversario de la Ley General en la Materia, el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas anunció que el Gobierno federal privilegiará este año la búsqueda en vida de las víctimas. También llamó a los gobiernos estatales a asumir la gravedad de la crisis.
Por Guillermo Rivera
Ciudad de México, 17 de enero (ElSur).- A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas en México, el país “aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, indicó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La aprobación de esta Ley ha sido uno de los grandes logros de un notable movimiento liderado por las familias, desde las familias y para las familias de las personas desaparecidas, y para que la respuesta de las autoridades sea contundente es fundamental aplicar todo el contenido de la Ley de manera efectiva y sin más demora, agregó Türk.
El Alto Comisionado envió un mensaje virtual al acto realizado en conmemoración de los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el que recalcó que la utilización de las herramientas exigidas por dicha legislación “sigue siendo insuficiente”.
Recordó que aún no se han creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Programa Nacional de Exhumaciones y el Programa Nacional de Búsqueda.
A 5 años de la entrada en vigor de la Ley general sobre desaparición de personas en 🇲🇽, el país aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas.
Mira el mensaje de Volker Türk @UNHumanRights https://t.co/mUNuFuM0Xx
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) January 17, 2023
“La desinformación y la sensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente”, añadió Türk. “La militarización de las funciones de seguridad y policiales continúan profundizándose”, remarcó.
El encuentro, efectuado en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, funcionó como un balance de logros y pendientes ante los invitados presentes: familiares de personas desaparecidas, representantes de organizaciones civiles y autoridades federales, como Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien tuvo su turno ante el micrófono.
El funcionario adelantó que este año el Gobierno federal apostará al fortalecimiento de la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, echando mano de todo tipo de bases de datos: vacunación, registro civil, operaciones comerciales o bancarias, por ejemplo. Se trabaja en un programa especial para el cruce entre bases de datos, dijo, que puedan contar con indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.
Asimismo, admitió que falta aún un largo trecho por recorrer en la aplicación de la Ley y que se deben fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación, pero sobre todo se requiere que las autoridades asuman la gravedad de la crisis que enfrenta México en materia de desaparición y de identificación de personas.
🔴 Sigue #EnVivo la transmisión de la "Conmemoración de los cinco años de la entrada en vigor de la Ley general en materia de desaparición de personas" desde el @MuseoMyT.https://t.co/mUluMC240H
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) January 16, 2023
Instó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses y otras herramientas pendientes que todavía no operan en los estados.
LA RESPONSBAILIDAD DE LAS FISCALÍAS ESTATALES
La Ley General en Materia de Personas Desaparecidas ha sido resultado de la participación, la iniciativa y la experiencia de los familiares de las víctimas, coincidió Encinas, y resaltó que a cinco años de su entrada en vigor “ha venido rindiendo frutos, no solamente para definir con precisión las responsabilidades del Estado en este tema”.
El Subsecretario enfatizó el derecho humano que tienen las personas a ser buscadas y lamentó que aún existan situaciones en las que este problema de dimensión nacional no se reconoce.
Por ello, reiteró la importancia de la Ley General en esta Materia, pues define “cuáles son los instrumentos y las capacidades institucionales con las que se debe de contar y cómo los familiares de las víctimas deben ejercer plenamente sus derechos”.
Comentó algunos aspectos “para garantizar una implementación plena de la Ley, de la cual no se ha podido aplicar “con todas sus fuerzas las disposiciones” establecidas.
Y con la participación de las familias y los colectivos que las acompañan es la base de las políticas públicas en el @GobiernoMX pic.twitter.com/DQ4HoBSS8X
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) January 16, 2023
“Es necesario, todavía hoy, que todas las instituciones del Estado reconozcan la profundidad de la crisis en materia de desaparición de personas, en materia de identificación de personas, y no seguir evadiendo esa responsabilidad”.
Otros aspectos pendientes son el desarrollo de “todas nuestras capacidades institucionales para implementar la Ley; la formación de recursos humanos y capacidades para contar con el personal suficiente; el contar con recursos económicos suficientes (…) y un tema importante es combatir la impunidad que prevalece en las personas que cometen estas desapariciones”.
También comentó que existen “problemas” con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues “muchas fiscalías estatales no quieren asumir su responsabilidad”. Es por ello que “necesitamos el acompañamiento y organizaciones para garantizar que esto suceda”.
Por su lado, Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó, “una vez más, el papel de quienes viabilizaron la aprobación de la Ley General y de quienes impulsan su implementación efectiva”.
Reiteró, además, su compromiso de acompañar a las familias y a las autoridades comprometidas “para hacer realidad los compromisos de la Ley”.
“ERRADICAR LA IMPUNIDAD CASI ABSOLUTA”
En su participación videograbada, Volker Türk consideró a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas como “un documento sólido, que ha inspirado a otros países a revisar sus propios marcos jurídicos. En México, la Ley ha proporcionado algunos avances alentadores, como la creación de instituciones especializadas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, es necesario un reforzamiento”.
Mencionó que las autoridades “aún tienen que aplicar todo lo que ofrece la Ley sobre desapariciones para devolver a las personas desaparecidas a sus familias, erradicar la impunidad casi absoluta en torno a estos delitos y evitar que otras personas corran la misma suerte”.
El Alto Comisionado de ONU-DH aseguró que en la actualidad sólo se procesan entre dos y seis por ciento de los casos de desaparición y, hasta la fecha, se han logrado menos de 40.
“Los registros oficiales de hace cinco años indicaban más de 47 mil casos de desapariciones. Desde entonces, han desaparecido al menos otras 45 mil personas, y en el caso de otras 17 mil las autoridades no han determinado con exactitud cuándo se produjo la desaparición”.
Pese a los señalamientos críticos, Türk hizo un reconocimiento a las autoridades mexicanas, porque “se han logrado avances en las recomendaciones efectuadas en 2022 por el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas”.
Además, expresó su respeto y profunda admiración a “la valentía de las familias de las víctimas de desaparición en México. Su movimiento, liderado en su mayoría por mujeres, y el infinito amor y fuerza que impulsan su valor, se han convertido en un ejemplo mundial de la lucha de los derechos humanos”.
“CRUCIAL” LA BÚSQUEDA QUE HACEN LAS FAMILIAS
Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, recordó la lucha de la activista Rosario Ibarra de Piedra, fallecida en abril de 2022, para que se reconociera la desaparición forzada en México mientras buscaba a su hijo Jesús, desaparecido de manera forzada en 1975.
Tidball-Binz enfatizó las décadas de lucha de las familias de víctimas de desaparición. Por ello, puso “a disposición su mandato para apoyar los esfuerzos de las autoridades y el movimiento de los familiares”.
Luego se refirió a la identificación de cuerpos, que se debe de reforzar por ser “un componente central y esencial”.
Carmen Rosa Villa, presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas, habló de un “aspecto crucial” de las recomendaciones del órgano en 2022: el impulso a la participación en las búsquedas de las familias de víctimas de desaparición forzada y de las organizaciones civiles de derechos humanos.
La cifra de más de 109 mil personas desaparecidas refleja que, pese al esfuerzo de los familiares y de algunas autoridades, el problema sigue creciendo y de que prevalece un patrón crónico de impunidad, alertó.
Otro desafío, agregó, es “apoyar de manera decisiva todos los esfuerzos emprendidos por las autoridades para crear un marco institucional eficaz para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas”, es decir, las perpetradas por figuras del Estado.
Igualmente, “se deben aclarar las competencias de la FGR, de las fiscalías estatales y de las comisiones de búsqueda, para permitirles cumplir con sus funciones”, lo que implica, “superar la comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías”.
Laura Curiel, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, manifestó que la Ley es importante porque permite tipificar los delitos de desaparición forzada y por particulares correctamente, “y porque también mandata crear las comisiones nacional y locales de búsqueda”.
Ponderó avances como la creación de las fiscalías especializadas, el mecanismo de identificación forense y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas. Desaparecidas y No Localizadas, pero existen pendientes como el que “que una de cada tres comisiones está funcionando con menos de tres personas”. El poco personal ha sido constante, insistió.
Aparte, dijo que no sólo debe seguir la búsqueda de fosas clandestinas con el objetivo de hallar cuerpos, hay que hacer “más búsqueda en vida”.
Finalmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja en México llamó a eliminar la figura jurídica de persona no localizada. En un pronunciamiento por el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas criticó que dicha figura retrase los procesos de búsqueda en muchos de los casos.
“Actualmente, existen diligencias de investigación necesarias en las primeras horas de la desaparición de una persona –como la geolocalización en tiempo real y el registro de llamadas telefónicas– que sólo pueden solicitarse cuando hay presunción de delito, lo cual deja desprotegidas a las personas no localizadas”, explicó.
